El Departamento de la Vivienda ya no se va a concentrar en la creación de vivienda de interés social. Como mucho, ha dicho su titular, adoptarán la política de promover lo que les parece una visión revolucionaria: “que, por decirlo de alguna forma, los pobres interactúen con personas de otros niveles económicos”.

Esa es la patética justificación para que Vivienda se convierta (como si los constructores en este país, los pobrecitos, necesitaran alguna ayuda), en el auspiciador de proyectos privados, de esos en los que los apartamentos comienzan “en los bajos $300,000.00”. Lo que ha pasado es que para atraer a los ricos han recurrido a sacar a los pobres a través de expropiaciones masivas. Ese ha sido el caso de la llamada revitalización de Santurce, donde al fin y al cabo los pobres no podrán “interactuar” con los nuevos habitantes del vecindario, porque Vivienda se encargó no sólo de expropiarlos, sino de pagarles sumas lo bastante bajas como para que no puedan comprar ni un estudio en lo que fue su comunidad por décadas.

El Departamento de Salud ya no provee directamente muchos de los servicios esenciales de salud pública. En su lugar, entidades privadas, a través de la Reforma traída por el PNP y fortalecida bajo el PPD asumen el papel de proveedores, con los resultados terribles que todos conocemos. Entre hacer dinero o hacer buena medicina, demasiados de los involucrados han optado por lo primero. En el caso más dramático, que es el de la salud mental, esto ha resultado en el cierre de centros regionales, en el estancamiento de programas de hogares intermedios, el racionamiento de medicamentos y en algunos casos, en la inexistencia absoluta de alternativas de tratamiento. A las privatizadoras, sin embargo, no les duele nada, y su salud económica anda cada día mejor.

La Junta de Planificación se ha convertido en una agencia de concesión de permisos, dejando de lado su obligación de establecer planes de desarrollo coherentes. Actuando como si no hubiera un mañana, la JP autoriza construcciones que terminan causando deslizamientos, inundaciones y otras calamidades, en ocasiones con la complicidad activa o por omisión de otras agencias. Se tiene por un hecho tan evidente que organismos como Calidad Ambiental y Recursos Naturales no hacen el trabajo que su nombre sugiere (y que las leyes le imponen), que una tiene que sonreírse cuando ve titulares como el que anunciaba que el nuevo titular de Recursos Naturales defendería los recursos naturales. Llegamos al punto en el que el que alguien quiera hacer su trabajo es material noticioso.

El Departamento de Hacienda considera en estos momentos una reforma contributiva. Allí el gran debate parece ser si, como resultado de esa revisión, el golpe al contribuyente promedio será con un palo o con la mano abierta, porque entre las alternativas propuestas, ninguna se inclina a sacar la mano del gobierno del bolsillo de los que ya llevan sobre sus hombros la parte más pesada de la carga contributiva. Mientras mucho se discute que si IVA o “sales tax” (que gravarán de forma más dramática a las clases media y pobre), el gobierno ni se atreve a mirar hacia las empresas que se llevan de nuestro suelo casi veintiocho mil millones de dólares anuales en ganancias, por los cuales apenas tributan sesenta.

Podríamos seguir con el pase de lista de todas las agencias del gobierno, y en cada una nos daríamos cuenta de que las prioridades gubernamentales en Puerto Rico cada día se alejan más de las necesidades reales del país. La pregunta entonces tiene que ser ¿y de quién es ese gobierno? El ideal lincolniano de un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, ha sido trasvestido por los estadistas y estadolibristas que se han turnado en el poder, en un gobierno sin el pueblo y contra el pueblo. ¿Para beneficio de quién?

En todos los ejemplos que he mencionado, hay un elemento común: alguien está haciendo dinero, muchísimo dinero, a costa del bienestar general y con el auspicio del gobierno. Las agencias gubernamentales, bajo el disfraz de “alianzas” con los intereses privados, han abdicado su función de trabajar por los que más necesitan, y en lugar de representar a la mayoría de los puertorriqueños, hacen las veces de agentes de compañías y empresas que, sigilosamente, se han instalado como la fuerza más poderosa detrás de las grandes iniciativas gubernamentales.

Una de las variantes de este enfoque es la que pretende arroparse con un manto de hiperdemocracia; para dar legitimidad a cada proyecto dirigido a satisfacer intereses particulares, se le hace espacio en la discusión gubernamental a los que directamente representan esos intereses. Al grupo consultivo sobre ambiente, se invita de forma especial al constructor. A la comisión de reforma contributiva, se convoca a los contables, pero no a los cooperativistas o a los pequeños negociantes. Así, a través de esos mecanismos consultivos el gobierno puede escudarse en las “recomendaciones de los sectores más amplios de la sociedad” para que las medidas que a la postre se aprueban no parezcan iniciativa exclusiva de un gobierno cómplice, sino la respuesta a un reclamo por parte de un gobierno abierto.

Con esa rendición disfrazada de inclusión se ha olvidado el principio fundamental de que un gobierno sí tiene la obligación de tomar partido, sí debe asumir posiciones, y sí fue electo para hacer valer prioridades. Lo otro es el gobierno de la encuesta y la subasta al mejor postor.

La advertencia bíblica es muy clara. No se puede servir a dos amos. Y el amo en la gestión gubernamental tiene que ser el pueblo; la gente que necesita mejores servicios de salud, no las compañías que se hacen más ricas a costa del sufrimiento de los puertorriqueños; las familias trabajadoras que necesitan un alivio del ahogo contributivo, no las empresas que a cambio de una pequeñísima aportación al fisco se llevan miles de millones que les dio el consumidor local; las comunidades que luchan por preservar su integridad y la del ambiente, no los que llegan a desarraigar familias y a destruir el país.

Estamos comenzando un cuatrienio. Que diga el nuevo gobierno a quién llegó a servir.