Parece que al fin se alinearon los planetas: como nunca antes en la historia de Puerto Rico, distintos elementos se han combinado para que el angustioso problema del estatus se encamine a una solución definitiva. Por un lado, el llamado “gobierno compartido” (un gobernador estadolibrista con una mayoría parlamentaria estadista) impide que un sector imponga su voluntad sobre los otros, lo que en ocasiones anteriores ha sido la receta del fracaso. Por otro, las deficiencias de un sistema de subordinación política son cada vez más difíciles de esconder: ahí están el estancamiento económico y la falta de coherencia en las políticas sociales para dar fe de ello. El ELA ha demostrado ser un instrumento, cuando menos, imperfecto y obsoleto.

Ahora, para que estas circunstancias se conviertan en una verdadera oportunidad de avance, no se pueden repetir las estrategias fallidas del pasado. El Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular han presentado sendos proyectos de ley con sus propuestas. El PNP insiste en un plebiscito con alternativas de estatus definidas por el Congreso federal y el PPD en una consulta para que el país vote por el mecanismo procesal de su preferencia: un plebiscito como el propuesto por los estadistas o la Asamblea Constitucional de Estatus, defendida por el independentismo y con bastante timidez, por los estadolibristas. Ambas propuestas, aunque atestiguan cierta voluntad para atender el asunto del estatus, lo que hacen es poner de relieve todo aquello en lo que existen profundos y (al menos por el momento), insalvables desacuerdos. El gobernador PPD ya ha dicho que no firmará un proyecto de plebiscito y la mayoría parlamentaria PNP ha asegurado que no aprobará una medida que pueda abrir espacio para la Asamblea Constitucional.

Por lo menos en la Cámara de Representantes los tres partidos llegaron a un consenso el martes y aprobaron el referéndum, pero ahora la propuesta pasa al Senado.

En política, igual que en tantas instancias en la vida, hay que partir de la realidad tal y como es y no como uno quisiera que fuera. El Partido Independentista ha presentado un proyecto que refleje las coincidencias y deje de lado las diferencias. Aunque para nosotros el mecanismo más eficiente para hacerle frente al tema de nuestra relación con los Estados Unidos es la Asamblea Constitucional, es claro que en este momento, un consenso al respecto es del todo imposible. De hecho, durante el cuatrienio pasado, en que tantos insistimos con nuestra propuesta, el mismo Partido Popular, que hoy se declara defensor incondicional de la Asamblea, se negó rotundamente a darle paso. Esa es la realidad, y ante ella, insistir cada cual en su proyecto y nada más, es hacerse cómplice del inmovilismo que tan bien ha servido a la colonia.

Nuestra propuesta echa al lado las desavenencias en cuanto a mecanismos y a definiciones de alternativas, y ofrece la oportunidad de que el pueblo de Puerto Rico vote sí o no a la siguiente proposición: “Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, exigimos del Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de América que, dentro de un término no mayor de un año a partir de esta votación, expresen su compromiso de responder a nuestro reclamo para resolver el problema de estatus político entre alternativas plenamente democráticas que no sean coloniales ni territoriales”.

Una votación abrumadora a favor de este reclamo sería un paso histórico; la primera vez que el Pueblo de Puerto Rico plantea a los Estados Unidos una exigencia común, desde todas las ideologías, para que asuman su responsabilidad hacia nuestro país. Más aún, daría la oportunidad para que un pueblo que tanto ha padecido por las divisiones amargas de la indefinición política, descansara de la controversias que separan y pudiera al fin actuar en unidad. Es el momento del estatus. No lo dejemos perder.