El anuncio del Gobernador de que vetará el proyecto del estatus confirma lo que se sospechaba, pero nadie quisiera creer del mandatario de un país: Aníbal Acevedo Vilá es un hombre sin palabra. Cuando se dio el hecho histórico de una votación unánime en Senado y Cámara a favor de la medida que permitiría que los puertorriqueños, por primera vez, reclamáramos en una sola voz a los Estados Unidos que atendieran el tema del estatus, lo celebramos con el entendido de que contenía los elementos que había señalado el gobernador como indispensables para dar su firma. Así lo representó al Senado la participación, comprometida y genuina, del representante Carlos Vizcarrondo y del liderato senatorial PPD en las discusiones de último momento para lograr la aprobación del proyecto sustitutivo que, también tras arduas negociaciones, había producido la Cámara. Así lo creyó el Pueblo de Puerto Rico cuando el Gobernador se expresó tras la aprobación de ambos cuerpos legislativos. Así debía haber sido, cuando, después de todo, la enmienda crucial fue la redactada por el Senador del PPD Cirilo Tirado y presentada por el portavoz de esa delegación, Senador José Luis Dalmau, y se aprobó con sus puntos y sus comas, sin que se le cambiara una sola palabra, porque el mensaje enviado desde Fortaleza era que contenía precisamente el lenguaje que interesaba Acevedo Vilá.

Pero no hay palabra; y si el señor gobernador no recapacita y firma, nadie en Puerto Rico, ni por lo que resta de este cuatrienio ni por el resto de su vida, podrá volver a confiar en lo que diga. Cuando, como una de sus primeras gestiones de “paz y armonía” tras ser juramentado, el Gobernador invitó al liderato legislativo a Fortaleza, citando la máxima de que “leaders lead” (los dirigentes dirigen) nos aseguró que su compromiso con el tema del estatus era real, y que podríamos contar con él para hacer lo que otros gobernadores populares no se habían atrevido a hacer. Parece, sin embargo, que los aires del Palacio de Santa Catalina le recordaron su pasado de ayudante del exgobernador Rafael Hernández Colón y prefirió obedecer el llamado del inmovilista de Ponce antes que dar un paso real hacia la solución del tema del status. Así es la vida: Acevedo Vilá ha terminado haciendo de eco de quien a través de su hijo le quiso negar la candidatura a gobernación. La venganza, dicen, es un plato que se saborea frío. Hernández Colón no pudo celebrar, como hubiera sido entonces su deseo, que Acevedo Vilá no apareciera en la papeleta ni de candidato a asambleísta, pero hoy puede jactarse de dictarle pautas al gobernador y de hacerle aparecer como un hombre sin credibilidad.

Como pueden atestiguar todos los que participaron de los acuerdos iniciales en la Cámara de Representantes, el texto del proyecto sustitutivo se logró en consulta directa, vía teléfono, con Fortaleza. Aún así, el gobernador expresó sus reparos. Buscando la forma de conciliar las posiciones de todos los sectores, y en consecuencia con lo que ha sido la actitud de consenso del PIP durante todo este proceso, cuando el proyecto sustitutivo llegó al Senado presenté una enmienda para que constara que siempre correspondería al pueblo de Puerto Rico el derecho a escoger los mecanismos y las alternativas para la solución final al estatus. Ante la disposición del PNP de acoger nuestra enmienda, la delegación del PPD se retiró del hemiciclo para reunirse en caucus, y al cabo de hora y media regresaron con un texto que disponía que “pasados los noventa días y el Congreso no reacciona, o si reacciona declinando antes de la fecha límite, esta Asamblea Legislativa se compromete a legislar para que el Pueblo de Puerto Rico escoja el mecanismo procesal, incluyendo, entre otras, una Asamblea Constitucional de Status o una solicitud de Plebiscito con Aval Federal, que habrá de utilizar para proponer al Gobierno de los Estados Unidos aquellas de dichas alternativas por las que decida mayoritariamente optar”. Tal y como fue presentada, con sus puntos y comas, mayúsculas y minúsculas, la enmienda se aceptó en una reunión alrededor del escaño de Pedro Rosselló, y el acuerdo se certificó en un segundo encuentro en el Salón de Mujeres Ilustres, en el que se nos aseguró a todos que la Fortaleza daba el visto bueno y que el proyecto sería firmado. Ninguna, ninguna de las determinaciones del proceso de aprobación del proyecto se dio sin la consulta continua al Gobernador y sin su aprobación final. ¿Cómo es posible que alegue ahora, sin sonrojarse, que el proyecto no es lo que él esperaba?

Ante las declaraciones de ciertos personajes del PNP que interesaban sabotear el proceso, los presidentes de Cámara y Senado, José Aponte y Kenneth McClintock certificaron este sábado en un programa radial su compromiso con una votación que incluyera la Asamblea Constitucional, a lo que replicó el portavoz senatorial del PPD, José Luis Dalmau que, así aclaradas las cosas, recomendaría al Gobernador la firma del proyecto. Todos sabemos que cuando tenían todo el poder para hacerlo el cuatrienio pasado, los populares no movieron un dedo a favor de la Constitucional, y el entonces Comisionado Residente no decía ni esta boca es mía, pero si el súbito amor por ese mecanismo procesal le exigía al Gobernador tener la certeza de su inclusión en una votación futura, ahí está.

Si efectivamente, el gobernador no recapacita e insiste en faltar a su palabra, no es el único que sale mal parado. Su negativa a firmar será una humillación para todos los legisladores de su partido, que votaron unánimemente a favor del proyecto por creerle a su líder. Queda por ver si, una vez vetado el proyecto, la mayoría parlamentaria lo lleva a reconsideración para ir por encima del veto, para lo que se necesitará el voto de dos terceras partes de los legisladores de cada cuerpo, que en la Cámara requiere el de al menos un popular. Esa será la disyuntiva para los legisladores del PPD: o hacen frente a su gobernador en un acto de dignidad, orgullo propio y compromiso con el país, o se prestan completos a ser pisoteados por su jefe político, quien ya demostró no tener ni palabra ni rodilla política.