El revuelo por la pugna en el liderato del PNP –que de eso es que se trata la controversia en torno a la presidencia del Senado– ha tenido, como uno de sus malignos efectos secundarios, el desplazamiento de la discusión pública de un asunto que merece mayor atención: la consulta sobre la unicameralidad. Aunque esa votación que tendrá lugar el domingo, diez de julio, no es el mecanismo ideal para dirigirnos a un cambio en la estructura del poder legislativo, no se puede menospreciar su importancia como instrumento para expresar el descontento del país con el sistema bicameral que tan pobremente nos ha servido. Lo correcto, como oportunamente señaló el PIP a la mayoría parlamentaria del PPD que aprobó la ley de la consulta en el pasado cuatrienio, habría sido convocar a una convención constituyente a la que se le encomendara una revisión parcial de la Constitución. Pero pedir tanto a un partido cuyos dirigentes no tienen un compromiso real con la unicameralidad era pretender demasiado. A esa falta de compromiso responde la ambivalencia del Gobernador en este tema. En el PNP tampoco brilla el entusiasmo por la consulta. Azules y rojos preferirían que el tema ni se tocase. De hecho, sólo el Partido Independentista tiene (hace veinte años) la propuesta de unicameralidad en su programa de gobierno. Independentistas por la Unicameralidad, una organización compuesta por militantes del PIP, fue la primera en inscribirse para defender una de las opciones en la consulta, y es predecible que aportarán la inmensa mayoría de los funcionarios de colegio que defenderán la alternativa de una sola cámara.

La experiencia de Puerto Rico con la bicameralidad nos da razones de sobra para pensar en un cambio. Con el sistema actual, el trámite legislativo es como ver la misma película dos veces. El proceso al que se somete una medida en el cuerpo de origen viene obligado a repetirse en el otro: lectura de la medida, referido a Comisión, vistas públicas, redacción de informe de Comisión, inclusión en el calendario y votación.

Hay quien alega que esa duplicidad permite que en el segundo cuerpo se corrijan los errores que pueda haber cometido el primero y que el resultado es una legislación de mejor calidad. Para descartar ese argumento, basta examinar una muestra de medidas aprobadas, o sintonizar la transmisión de las sesiones legislativas. Dos cámaras no legislan mejor que una.

Con la doble función llega el doble costo. Una legislatura unicameral no sólo generaría menos gastos de trámite, sino que implicaría menos legisladores y menos personal. Además, una sola cámara representaría un poder legislativo consolidado que, liberado de las rencillas frívolas entre dos cuerpos, proveería un balance más efectivo ante el poderoso poder ejecutivo.

No se puede perder de vista que la ineficacia de la rama legislativa no se debe únicamente a la inútil duplicidad del sistema bicameral. La mayor injusticia de la actual composición de Cámara y Senado es que no representa la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones, porque el partido que controla más del sesenta por ciento de los escaños obtuvo apenas el cuarenta y ocho por ciento de los votos legislativos. Así, el PNP (como en otros cuatrienios el PPD) aunque constituye una mayoría artificial, sólo necesita de sus votos (y ni siquiera de todos ellos) para aprobar cualquier medida. Esto los libra de la obligación de concertar con las minorías, acuerdos que reflejen en la aprobación de legislación la realidad del universo de votantes. Esa desproporción de votos/escaños es la burla más abierta a la democracia; las mayorías legislativas, sin representar la mayoría de los votos del pueblo, controlan a su gusto una rama de gobierno.

Por eso el Partido Independentista ha insistido en la representación proporcional. Si un partido tiene el cuarenta por ciento de los votos legislativos, debería tener el cuarenta por ciento de los escaños; si tiene un diez, igual proporción. La injusticia de la desproporción afecta particularmente a quienes votan por los legisladores del PIP, que hoy resultan claramente subrepresentados. Con casi un diez por ciento de los votos por acumulación, los legisladores pipiolos constituimos apenas un tres por ciento de los legisladores escogidos a nivel isla. Bajo un sistema de representación proporcional, los votantes que optan en la papeleta legislativa por candidatos del PIP, estarían representados por un número de legisladores que de verdad correspondiera al número de votos.

En las candidaturas por distrito, el sistema actual permite que un sólo partido acapare casi todos los escaños, aunque gane cada distrito por un margen estrechísimo. Un partido cuyos votos por distrito apenas sumen un cincuenta y tanto por ciento podría quedarse con el cien por ciento de los escaños, privando de representación a casi la mitad del electorado.

Un sistema proporcional proveería un mecanismo de adición para que esas minorías no quedaran excluidas. Esa es la forma en que se escogen parlamentos en otras partes del mundo, donde la representación proporcional es la garantía de balance en el poder legislativo y de verdadera participación democrática.

Dicho esto, no puede quedar fuera el elemento fundamental para una verdadera reforma legislativa: el juicio de los electores. La gente se espanta de las cosas que ocurren en el Capitolio, olvidando que esos legisladores que hoy les provocan indignación, contaron el día de las elecciones con su voto. No sé cuántas veces escuché en la campaña electoral personas que nos prometían su voto para que Víctor y yo estuviéramos “velando a esos del partido mío”. En lugar de hacer el papel, cuatrienio tras cuatrienio, del elector maltratado, ¿no sería mejor votar a conciencia por candidatos con la capacidad y la sensibilidad de trabajar por el pueblo?

Para eso no hay que esperar a una enmienda a la Constitución. Basta con saber darle valor al voto. Una cámara es mejor que dos, pero con uno o dos cuerpos legislativos, el cambio hacia una mejor legislatura sólo se hace votando por los mejores.