Parecería, para algunos, que es un recuerdo perdido en la bruma del tiempo el de los anuncios del entonces candidato a la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá, prometiendo “un alivio contributivo sin precedentes” para la clase media y trabajadora. Para otros es como si nunca hubiera ocurrido aquel ataque vigoroso del PPD contra el impuesto a la venta, al que denunciaban escandalizados, como el precedente inmediato a la estadidad. Es que, como dicen, es corta la memoria y amargo el olvido.

Instalado en Fortaleza, el ahora gobernador pone todo su empeño en convertirse en campeón de la liga de los que prometen y no cumplen. Al impuesto que demonizó durante la campaña, lo pinta hoy como la salvación para la crisis fiscal. Al Partido Nuevo Progresista, declarado antes enemigo público por incluir el “sales tax” en su programa de gobierno, ahora le hace coro defendiendo a brazo partido el impuesto. Lo que no tiene precedente es el descaro y la capacidad de engaño.

Desde el Partido Independentista habíamos advertido que Acevedo traería el impuesto al consumo por la cocina (en independencia.net está la grabación del debate en que Rubén confrontó al candidato popular), pero la tomadura de pelo que pretenden infligirle al país es peor de lo que se anticipaba. Para empezar, la reforma rojiazul desafía la aritmética. En su desesperación por hacer simpática la idea de la reforma, nos aseguran que se trata de un modelo contributivo tan extraordinario, que aunque todo el mundo va a pagar mucho menos, el gobierno va a recaudar mucho más. No se les puede culpar de falta de ambición: con su reforma, el equipo Acevedo-Rosselló pretende rivalizar con el milagro de los panes y los peces.

Pero como ni el Gobernador ni la mayoría legislativa son la encarnación boricua de Harry Potter, conviene aclarar dónde están los trucos escondidos. ¿De dónde es que van a salir 800 millones de dólares de recaudos adicionales? El “alivio” del que hablan los rojos y los azules, provendría, según ellos, de la reducción en las tasas de contribución sobre ingreso y de la eliminación del arbitrio general del 6.6%. Alegan que con esas medidas, las familias puertorriqueñas se ahorrarían 1,500 millones de dólares.

El detalle está en que, al aplicarse el impuesto al consumo a todos los bienes y servicios que adquieran, esas mismas personas van a pagar 2,300 millones de dólares por concepto de “sales tax”. El resultado neto será que las familias e individuos terminarán aportando al fisco 800 millones más que lo que pagan ahora mismo.

Recordemos que el país estará pagando un 7% por encima del precio de venta de todo, con la única excepción de medicamentos recetados y de alimentos adquiridos con la tarjeta del PAN. La comida, la ropa, la entrada al cine, los servicios de profesionales u obreros; todo estará sujeto al nuevo impuesto, que debido al llamado efecto cascada (cuando los distintos elementos en la cadena de distribución pasan el pago del impuesto al eslabón siguiente) puede convertirse en una tasa de 10 o 12 por ciento.

Mención aparte merecen las dificultades de establecer el sistema que convierte a cada vendedor y proveedor de servicios en un recaudador del gobierno. Se necesitaría una red electrónica que procesara los cobros de cientos de miles de transacciones diarias y cuya instalación se ha estimado en 60 millones de dólares, a un plazo mínimo de dos años.

Para endulzar su propuesta, los líderes del PPD y el PNP repiten en cada esquina que el impuesto al consumo es la forma de hacer justicia contributiva porque pondrá a pagar por primera vez a la economía informal. Están equivocados.

Primero, la realidad es que hoy la economía informal no está completamente exenta, porque no tienen forma de evadir los arbitrios especiales como los de vehículos y el general del 6.6 %.

Segundo, las transacciones, legales o ilegales, que dan vida a esa economía seguirán realizándose como hasta ahora, en efectivo y al resguardo de la fiscalización del gobierno—a menos que, por ejemplo, pongan un empleado de Hacienda con un quiosquito para cobrar el “sales tax” frente a los puntos de droga.

Tercero, un buen número de esas personas, aunque generen más que muchos asalariados, figuran oficialmente como indigentes (y a cuenta de ello es que reciben ayudas y subsidios en ciertos casos, inmerecidos) y así continuarán, lo que en lugar de ponerlos a tributar, los colocará en una situación protegida frente al impuesto al consumo.

A fin de cuentas, por sacarle un ojo a esos evasores, la propuesta de reforma terminará sacándole dos a la clase media y trabajadora que ya paga sus impuestos. ¿Cuánta justicia hay en eso?

Hay más conejos escondidos en el sombrero de la alianza contributiva rojiazul. El gobernador ha propuesto, con el noble fin de simplificar las planillas, eliminar quince de las veinticuatro deducciones actuales. Se van los créditos para matrimonios e individuos por rendir la planilla, los intereses de automóviles, los gastos ordinarios y necesarios, y los que corresponden a educación de dependientes, cuido de hijos, pago de tablillas y alquiler de vivienda. Desaparecerán deducciones que habían servido de incentivos, como aquellas por molinos de viento, calentadores solares, aportaciones a fideicomisos, préstamos de estudiantes y contribución a la propiedad. La pérdida para algunas familias puede ser de miles de dólares, ciertamente un golpe sin precedentes.

Mientras esta colección de engaños para los consumidores —que a la fecha de hoy son quienes aportan 75 centavos de cada dólar que recauda el gobierno—está siendo cuidadosamente elaborada, los privilegiados de siempre siguen disfrutando de su condición de intocables. A las corporaciones de capital exterior, que anualmente se llevan de Puerto Rico unos treinta mil millones de dólares en ganancia (esa es una suma mayor que el presupuesto de todo el gobierno del país) no se les pide que aporten un solo centavo más. Respiran con una tranquilidad sin precedentes.

Esa es la reforma para la que el liderato penepé y el liderato pepedé, tan enemigos en todo, están tramando su acuerdo. Es la versión nueva de la historia de siempre, en la que la soga parte por lo más finito. Al menos podemos decir que para esa combinación de abuso y falta de imaginación, sobran los precedentes.