La aprobación del Plan de Uso de Terrenos es uno de los mayores retos de política pública que enfrenta Puerto Rico. Es el documento (o mejor dicho, conjunto de ellos) que determinará cuánto de nuestro territorio estará protegido, qué áreas deben reservarse para la amenazada actividad agrícola, qué lugares son aptos y seguros para la construcción, cuáles serán los espacios a considerar para la expansión urbana y dónde es adecuado erigir estructuras turísticas, comerciales o industriales.

El Plan de Uso será el boceto –vigente por una década– sobre el cual se dibujará la isla. No nos faltan en Puerto Rico malas experiencias para documentar lo desastroso que puede ser la ausencia de una estrategia coherente de planificación.

La construcción indiscriminada en las áreas adyacentes a las cuencas hidrográficas, con el peligro que representa para la protección de los abastos de agua y la seguridad de los terrenos más bajos, ha sido tranquilamente tolerada por años y años por agencias gubernamentales que no ponen peros a la concesión de permisos y endosos. La laxitud de los entes reguladores ha dado pie a desastres como el de Quebrada Chiclana, en Caimito, y lo que promete ser su repetición en Paseos de Morovis. Un pedazo de mogote se desprende y pulveriza una hilera de casas en la urbanización Rosales II en Manatí, construida al parecer según todas las de la ley, y no hay quien asuma responsabilidad.

Se violenta descaradamente la prohibición reglamentaria de construir en el área contigua a la zona marítimo terrestre, y después del llanto y rasgar de vestiduras por la barbaridad del Marriott en Isla Verde, no hay voluntad en el Senado para aprobar la legislación que propusimos para acabar con esas irregularidades.

Miles de familias viven, en pleno Siglo XXI, sin que llegue a sus casas una gota de agua, e igual se sigue promoviendo la construcción en lugares para los cuales no hay infraestructura. Las vías principales de la ciudad capital se inundan con cuatro lloviznas, el noticiero transmite las imágenes de los carros atascados, el tránsito paralizado, y las autoridades siguen, bueno, como quien oye llover.

El Plan de Uso de Terrenos debía ser entonces, la oportunidad de deshacer esos entuertos y de ponerle fin al reinado de la combinación de capricho e ineptitud que ha dirigido la planificación del país. Y por eso es tan penoso ver que el Plan que ha sido sometido a vistas públicas choque de manera tan dramática con las expectativas que se tenían de un documento sensato, bien pensado y coherente.

En primer lugar, lo que se está considerando no es el plan originalmente preparado por la Oficina creada por ley para cumplir con ese mandato. La propuesta sometida por el equipo de planificadores, biólogos, geólogos y otros expertos fue, antes de hacerse pública, alterada por la Junta de Planificación, sin que hasta el día de hoy se haya dado una explicación racional y científica para los cambios impuestos. La Junta, por ejemplo, determinó que hacía falta idear una nueva subclasificación y de ahí nació el término "suelo urbano atípico", inexistente en el Plan Original, para aplicarla específicamente, con una precisión pasmosa, a los terrenos para los cuales existen propuestas seriamente cuestionables, como Costa Serena en Piñones o San Miguel Four Seasons. Ambos proyectos se encuentran en áreas de planificación especial que para nada pueden ser consideradas "urbanas"; Costa Serena entre el Bosque de Piñones y la planicie de inundación del Río Grande de Loíza, San Miguel, en medio de lo que constituiría el Corredor Ecológico del Noreste, espacio de gran valor ecológico entre otras cosas, por ser área de anidaje de tinglares.

Por otra parte, el Plan enmendado por la Junta inexplicablemente ignora el gran problema de las inconsistencias en clasificación entre municipios contiguos. Según les faculta la Ley de Municipios Autónomos, veinticuatro municipios han adoptado su propios Planes de Ordenación Territorial (POT), clasificando los terrenos de cada pueblo de acuerdo a sus intereses particulares, que en muchas ocasiones no coinciden con los de su vecino. Así, en la colindancia entre San Juan y Guaynabo, el POT del primero adopta la clasificación de suelo rústico común, que quiere decir que no será considerado para construcción en un término mínimo de ocho años, mientras que el segundo clasifica los terrenos adyacentes como urbanizables. Lo mismo ocurre en toda la Isla, con clasificaciones inconsistentes dentro de la misma unidad ecológica, y a veces dentro de un mismo solar.

Para superar esas incongruencias, la ley que ordena la preparación del Plan de Uso de Terrenos establece que habrá prelación del Plan sobre los POTs, y que éstos se ajustarán a lo que disponga el Plan de Uso de Terrenos. La Junta hizo exactamente lo contrario y el Plan se ajustó a los POTs, dejando inalteradas las clasificaciones municipales. El efecto es que un 34% del país (o sea, las 1,166 millas cuadradas ocupadas por municipios con POTs) se ha dejado fuera de la estrategia de planificación. También han quedado sin considerar las recomendaciones del sector agrícola, según las cuales hasta un 41% del territorio nacional se podría destinar a la producción agrícola. De acuerdo al Plan de Uso de Terrenos, sólo un 13% o 297,000 cuerdas en todo el País amerita la protección que permitiría ese uso.

De igual forma, han caído en oídos sordos los reclamos de que se actualicen los mapas utilizados para delimitar las áreas inundables, y que se cuantifique el efecto de grandes desastres naturales.

Puerto Rico necesita un Plan de Uso de Terrenos, pero no puede ser un plan dirigido a perpetuar los errores por los cuales ya tanto hemos pagado. No es secreto que las estrategias de planificación en nuestro País han respondido a ciertos intereses privilegiados, que ven amenazadas sus perspectivas de enriquecimiento por cualquier proyecto que reconozca prioridad a criterios científicos y al bienestar de los más, sobre los cálculos de ganancias de los menos.

En el proceso inicial de confección del Plan, muchas personas han dedicado su talento, sus conocimientos y su entusiasmo para crear un documento que sea herramienta para un mejor futuro, en un mundo en que el equilibrio ecológico ya se ve como un indicador fundamental del bienestar de la población. El Plan puede ser receta para el desastre o puerta para la recuperación.

La Junta de Planificación y en su momento, la Asamblea Legislativa tienen dos opciones: escuchar a los que más saben, o sucumbir ante los que más tienen.