Libre acceso al mercado norteamericano. Cuantiosas asignaciones destinadas a beneficencia. Generosos incentivos contributivos para el establecimiento de grandes empresas. Parecería una receta infalible para el desarrollo y la prosperidad, pero en Puerto Rico han resultado ser precisamente ésos los elementos ligados al estancamiento económico, la perpetuación de la pobreza, el desempleo y el descenso en el nivel de vida. Esa es la paradoja a la que apunta el Informe de Brookings Institution sobre la economía de Puerto Rico, publicado recientemente.

Este trabajo, realizado por economistas puertorriqueños y norteamericanos, no pudo haber llegado en un momento más oportuno. La discusión sobre las reformas fiscal y contributiva, con la urgencia que les ha imprimido la reciente crisis financiera del gobierno, hacen de éste el momento para tomar las decisiones que marcarán nuestro panorama económico.

Además, el inicio de acción congresional en torno al asunto del status –inextricablemente ligado al de la economía– acentúa la necesidad de discutir con precisión el efecto que ha tenido sobre el desarrollo de nuestro país el dominio de los Estados Unidos.

El Informe Brookings, aunque no se abanderiza con opciones de status, provee para una conclusión muy clara: precisamente aquellos elementos que se han querido proyectar como los principales beneficios del ELA son los que más daño le han hecho al país. Ese es el caso de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que proveía para que las ganancias generadas por compañías norteamericanas en nuestro país estuvieran exentas del pago de contribuciones.

La gran promesa de "las 936" era la creación de empleos bien remunerados, en número suficiente para avivar la economía, sobre todo en los pueblos más deprimidos y la permanencia indefinida de dichas empresas. Resultó, como bien conoce el país, que ni lo uno ni lo otro.

Según documenta el Informe, la generación de empleos (ni tantos ni tan bien pagados como se quiso hacer ver) nunca fue el fin; simplemente proveía el medio para la acumulación de grandes capitales para las empresas beneficiadas. Al proveerse a las corporaciones estadounidenses incentivos para inversiones con poca o ninguna conexión a la creación de empleo y a la economía local, concluye el estudio, "la política contributiva de los Estados Unidos le ha servido mal a Puerto Rico".

Ahora, el Informe apunta a un dato especialmente alarmante en este momento en que se evalúa una reforma contributiva, en la que forzosamente se utilizarán como base los datos provistos por las agencias gubernamentales, y cuyo eje sería un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios.

Para disfrazar la decepción de la Sección 936, se provocó una grave distorsión en las estadísticas económicas del gobierno, sobre estimándose sustancialmente la producción de bienes y servicios en la isla. Los autores de esa sección del estudio realizaron entonces un ajuste de los estimados para el producto interno bruto de la isla, que para el año 2003 resultó en una diferencia del veinte por ciento de aquél reportado por el gobierno.

Esto quiere decir que en el pasado se manipularon estadísticas para proyectar una imagen falsamente positiva de la Sección 936 y que al día de hoy el impuesto al consumo que se está fraguando desde La Fortaleza y el Capitolio, parte de datos incorrectos, peligrosamente sobreestimados.

La otra trampa de nuestra relación con los Estados Unidos ha sido la dependencia crónica creada por los programas de beneficiencia subvencionados con fondos federales. Lejos de proveer los medios para salir de la pobreza, estos programas han servido, señala el Informe, para desincentivar el trabajo, penalizando a aquellos que generan ingresos propios y premiando a los que ni siquiera intentan ganarse la vida.

La expresión más aguda del problema está en la población masculina: los hombres puertorriqueños tienen una "participación excepcionalmente baja en el mercado laboral de acuerdo a los estándares mundiales". Esto no puede ser sorpresa para nadie en Puerto Rico.

Después de todo, el fortalecimiento de nuestra economía ha sido estudiadamente evadido por los gobernantes estadistas y estadolibristas, que han optado por asirse al mantra de "ayudas federales, fondos federales, programas federales". Todo lo que tenga nombre de dinero y apellido del Tío Sam ha sido utilizado como carnada para lograr adeptos a la colonia y a la anexión. El detalle enorme y cruel de esa estrategia proselitista, es que para ser acreedor de esas asignaciones, el requisito primero es la pobreza. A menos pobres, menos dinero federal para beneficiencia.

La gran perversidad política de los líderes rojos y azules, ha sido entonces la de estrangular toda posibilidad de crecimiento económico, porque necesitan la pobreza para justificar sus proyectos ideológicos. Después de todo ¿no es la estadidad para los pobres, como rezaba la consigna romerista? A lo que hay que añadirle: y la colonia también.

Por eso es que, cuatrienio tras cuatrienio, las propuestas de desarrollo económico del Partido Independentista han sido sistemáticamente desatendidas. Desde la resolución para que se exima a las empresas puertorriqueñas de las leyes federales de cabotaje hasta el Plan Maestro de Incentivos Industriales, cada una de nuestras propuestas ha sido ignorada, por la única razón de que persiguen acabar con la dependencia que tanto mal le ha hecho al país, pero que tan bien le ha servido al liderato de las dos formas de unión permanente a los Estados Unidos.

El Informe Brookings plantea las preguntas más importantes en el escenario económico al largo plazo, pero también obliga a la reflexión sobre las medidas inmediatas. Uno de los factores que presenta el Informe como responsable del estancamiento económico en el sector privado, es que nuestro Código de Rentas Internas está "repleto de disposiciones que benefician intereses especiales a costa del bienestar general". La respuesta a ese señalamiento, que con tanta vehemencia ha estado haciendo el PIP junto a otros sectores, no está en el impuesto al consumo.

El "sales tax" sólo apunta a dos cosas: los "intereses especiales", que son los que más tienen, continuarán intactos, y el gobierno persistirá en su insensata obsesión de buscar los recursos que desesperadamente necesita en el bolsillo de los que tienen menos. Que no haya justicia en el impuesto al consumo quizás no le importe a los de corazón más duro, pero que se insista en una medida completamente ineficaz para aumentar los recaudos debería preocupar aun al más desalmado.

El Informe Brookings es un llamado a la realidad, una denuncia al espejismo económico del ELA y un recordatorio de a dónde nos han llevado las malas decisiones. Es un buen momento para aprender algo del pasado.