Con escándalo y como quien acaba de descubrir el Mediterráneo, mucho se ha discutido recientemente si existe o no una medida distinta para el trato que el gobierno da a los ciudadanos, dependiendo de sus recursos y su nivel de influencia. La administración Acevedo Vilá, pródiga siempre en ejemplos de desigualdad y despliegues de incompetencia nos ha obsequiado con dos instancias en las que claramente se dramatiza que eso de la igualdad sigue siendo un ideal que, mientras de ellos dependa, se mantendrá inalcanzablemente lejano.

El primer caso es el de Costa Serena. Por más de veinte años, la comunidad reclamó la preservación de los terrenos de Vacía Talega-Piñones. Como parte de la lucha en la que el PIP ha estado hombro con hombro con dos generaciones de piñoneros, Rubén Berríos, entonces senador, radicó a principios de los noventa el primer proyecto de ley para declarar el área reserva natural y luego, como parte de la campaña a la gobernación en el año 2004, propuso que Piñones fuera el eje de un Gran Parque Metropolitano que uniera lo que nos queda de verde desde Toa Baja a Loíza. La exigencia de que se negaran de una buena vez los permisos para levantar allí un megahotel y se expropiaran las tierras para su conservación fue sistemáticamente desatendida, hasta que el gobernador Acevedo, en su mensaje al país, declaró que aunque reconocía el derecho de los propietarios a construir- en plena planicie de inundación del Río Grande de Loíza, en el espacio aledaño al bosque de Piñones, en terrenos ocupados por manglares protegidos—había decidido adquirir, mediante compraventa, las tierras en controversia. En ese pacto de enamorados, el gobierno y los propietarios acordaron de antemano términos esenciales de la tasación, como la consideración del valor futuro, y acordaron que aunque el gobierno viene obligado a comprar, los dueños pueden finalmente optar por no vender. Además, en el documento original que tras nuestras denuncias vinieron obligados a enmendar, el Departamento de Recursos Naturales renunciaba, en caso de incumplimiento de contrato por parte del vendedor, a todo derecho en ley o equidad, o sea, al poder del estado de expropiar.

¡Ah, la igualdad de los ciudadanos ante la ley! Muy distinta habría sido la historia para los residentes de San Mateo de los Cangrejos si en lugar de expropiarlos utilizando como comparables los precios de los sectores más deprimidos en San Juan, el gobierno hubiera utilizado el “valor futuro” de esos terrenos una vez se entregaran en bandeja de plata a los contratistas que levantarán allí condominios millonarios. Pero cuando se trata de los que tienen menos, ni rojos ni azules tienen contemplaciones; el liderato senatorial mantiene engavetado el proyecto que radiqué a principios de cuatrienio para que se considere el valor futuro en las tasaciones de expropiaciones como las de Santurce. Si no existiera esa doble vara, tampoco se debatirían en la angustia de no tener a donde ir las familias de la calle Comercio en Mayagüez, a las que la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (la misma que tiene como principio de contabilidad que a ningún contratista se le debe pagar menos de cientoveinte mil dólares por el techo de una cancha) les ofrece una miseria – tres mil dólares en uno de los casos—como compensación por la expropiación forzosa de sus casitas. Y el Municipio: bien, gracias.

Queda planteada así la pregunta: ¿y qué de la igualdad y dónde la justicia? ¿porqué la expropiación por cantidades irrisorias para los pobres y la compraventa millonaria para los amigos de Fortaleza? Tampoco hay espacio en este gobierno para el más mínimo vestigio de equidad cuando se trata de cumplir con la responsabilidad ciudadana de contribuir al erario. El año pasado, en plena recesión, y con el gobierno sin tener ni con qué pagar a sus empleados, las grandes corporaciones extranjeras repatriaron $33,300 millones en ganancias, $1,169 millones más que el 2005. La gran ironía es que ganan más y pagan menos; para el año 2006 su responsabilidad contributiva continuó en tendencia decreciente. Esos $33,3000 millones pagaron tan solo 27 millones como impuesto de repatriación. Si se considera el total de las contribuciones corporativas, según admite el gobierno, las empresas foráneas tributan a una tasa efectiva promedio del 4.5%. Ése es el mismo sector económico en el que se han perdido 44,000 empleos en la última década, y que en otras jurisdicciones, como Irlanda y Singapur, paga de un 12 a un 18 por ciento en contribuciones.

En contraste, los individuos tributamos a tasas que alcanzan el 29%, amén del IVU que grava hasta los suspiros, con todo lo que implica un impuesto sobre el consumo en un país con una inflación del 16% anual. Mientras que en el año fiscal 2006 el pago de impuestos sobre ingresos del sector corporativo no llegó a los $1,900 millones, la aportación de los individuos superó los $3,000 millones.

Si se hubiera aceptado la propuesta del PIP de aumentar en un magro 3% la responsabilidad contributiva de esas grandes compañías, los ingresos del Departamento de Hacienda habrían aumentado en $999 millones para el pasado año, y no estaríamos debatiendo si el déficit es de doscientos millones o de mil, o cuántos empleados hay que “retirar” de cada agencia. Nuestra propuesta tiene la bondad adicional de que no implica pérdida para las empresas foráneas, que reclamarían como crédito en su jurisdicción de origen lo que paguen aquí. Pero puestos a escoger entre hacerlos pagar al Tío Sam o al tesoro puertorriqueño, la respuesta de los funcionarios locales ha sido tan sencilla como absurda: que paguen allá, que aquí estamos ocupamos asfixiando a las familias con el IVU y los aumentos en los servicios esenciales. Por eso, mientras tan festivamente se aprobó la reforma contributiva para hacer pagar más a los que tienen menos (principio en el que coinciden el PNP y el PPD) no se consideró nuestro proyecto para revisar la Ley de Incentivos Industriales, radicado desde el verano pasado.

Esa es la igualdad de la “democracia” del ELA, en la que unos, digamos, son más iguales que otros. Poco más puede dar un sistema colonial que se nutre de la desigualdad. Al que reclame mérito por el descubrimiento, bienvenido a la realidad.