Desde que inició su existencia a finales del siglo 16, muchas e importantes han sido las batallas libradas desde el fuerte San Jerónimo, guardián de la Isleta de San Juan. Sus cañones ahuyentaron al legendario sir Francis Drake, enfrentaron al Conde de Cumberland y le infligieron, en el 1797, una terrible derrota a sir Ralph Abercromby, en la batalla que marcó además un punto determinante en la forja de nuestra nacionalidad. Poco ha valido, sin embargo, esa largo historial de arrojo y gloria, cuando le ha tocado al San Jerónimo enfrentar a los nuevos enemigos, que con menos gallardía que los aguerridos corsarios de antaño le han tomado hoy por asalto.

Agoniza el fuerte de San Jerónimo del Boquerón, sus cimientos socavados por siglos de oleaje, su interior víctima de la pobre conservación y sus alrededores sitiados por feos edificios que lo ocultan y aíslan. No hay heroicidad en ese ataque, sino una larga historia de oportunismos y cobardías que ha ido revelando la minuciosa investigación que lleva a cabo el Senado.

La primera ofensiva contra San Jerónimo se concretó el 31 de diciembre de 1992, cuando el saliente gobernador Rafael Hernández Colón suscribió el Reglamento que decretaba a la isleta de San Juan como zona de planificación especial, con las primeras propuestas para grandes construcciones residenciales y comerciales y con la pretensión—jurídicamente incorrecta— de que prevaleciera sobre la reglamentación protectora que cobija a las zonas históricas. En su momento, la ola privatizadora de la administración de Pedro Rosselló arropó también la isleta, y tras la venta en el 1998 del Caribe Hilton y los terrenos aledaños, lo que en el 1992 eran planos, el nuevo siglo lo convirtió en cemento. La alquimia que permitió esa transformación se ha descubierto en las vistas senatoriales: las altas torres que opacan y amenazan a San Jerónimo están allí porque fue la voluntad gubernamental que se construyeran. Por mucho que nos perturbe la arrogancia empresarial, por más que hiera que un extranjero (contribuyente del partido en el poder) haga aquí lo que no se atrevería a hacer en su país, la realidad es que los adefesios plantados a la entrada de San Juan se levantaron como resultado de las acciones voluntarias y omisiones concientes de la Junta de Planificación, ARPE, el Instituto de Cultura, el Consejo Arqueológico, la Fortaleza y Desarrollo Económico.

Cuando la reglamentación exigía el endoso del ICP para cualquier determinación de la Junta de Planificación y de la ARPE, ni éstas lo procuraron, ni aquel protestó el incumplimiento. En las once extensiones que se concedieron a la solicitud de consulta de ubicación ante la JP, concedida en el 1999, nunca se planteó lo esencial de ese endoso. En ARPE, de manera mágica extraviaron de todo, desde planos y documentos hasta la memoria de sus funcionarios. En el Consejo Arqueológico actuaron como si la tarea que se les encomienda por ley fuera opcional. En reuniones convocadas por el Secretario de Desarrollo llevaba la batuta un asesor de Fortaleza que no recuerda haber estado en las reuniones que dirigía. Los edificios ante los cuales ahora todos manifiestan su espanto fueron, según se ha declarado, parte esencial de la estrategia de “desarrollo” de la pasada administración. En el ICP se cruzaron de brazos tras recibir un estudio de agrimensura, comisionado por el mismo Instituto, que planteaba que parte de las construcciones se habían erigido en terrenos propiedad del pueblo de Puerto Rico. Tampoco se hizo nada, ni siquiera una consulta legal, cuando varios arqueólogos, preocupados por el Fuerte, insistieron en que se solicitara una orden judicial de cese y desista. No fue sólo dejadez o negligencia; en este crimen el gobierno fue instigador y colaborador.

Ahora, construidos los edificios y consumado el daño, se quiere reducir el asunto al aspecto del acceso, y contentar al país con las migajas del banquete “concediendo” derechos de paso que son obligación legal y repartiendo fotos de grúas transitando por el paseo empedrado de losas de la Patagonia, como muestra de la generosidad de los constructores.

A manera de cínico consuelo, un ex funcionario declaró en las vistas que confiaba que ahora, tras la publicidad que ha recibido San Jerónimo, se cree una nueva conciencia para proteger nuestro patrimonio. Ahí está la confesión del pecado mortal de la mediocridad gubernamental: mientras la consigna sea en todo "el que venga atrás que arree"—que otros paguen la deuda, que otros vivan en una isla sin playas, que otros remedien el daño que nosotros, pudiendo hacerlo, no evitamos— nada tiene por qué cambiar y la impunidad seguirá siendo escudo para la barbarie. Cada cual tiene que asumir, en el momento que le toca, la responsabilidad que le corresponde. El que no, que pague las consecuencias. Tras lo visto en San Jerónimo, hay tarea para ahora y para luego. Para el futuro, urge aprobar legislación que proteja las zonas históricas por encima de cualquier artimaña administrativa, revisar la estructura y funciones del Consejo de Arqueología Terrestre y abrir espacios para que otras voces, no sólo las de los jefes de agencia, sean escuchadas. Para hoy, para salvar San Jerónimo, ARPE tiene que empezar por detener toda estructura pendiente de construcción, comenzando por el puente que impondría limitaciones verticales al acceso, y el Departamento de Justicia por procesar los referidos que la ha enviado el senador Parga, presidente de la comisión que investiga. Se necesitan recursos —y fiscalización independiente— para la restauración del Fuerte, y hay que imponer, de inmediato, las garantías de acceso, espacio de trabajo y uso público que por años ha reclamado el Cuerpo de Ingenieros para iniciar el proyecto del rompeolas.

Si no se hace nada ante la toma del San Jerónimo, sólo quedará donde está el Fuerte, espacio para una tarja acusando la derrota de lo nuestro por los mismos puertorriqueños. Lo que no pudieron los cañonazos enemigos en siglos pasados, que no lo logre la desidia de hoy.