Este cuatrienio se inició con buenas señales para el tema del status. Las reuniones que en febrero de 2005, el presidente del PIP, Rubén Berríos, sostuvo con sus homólogos del PPD y el PNP, buscando un mecanismo de consenso para atender el asunto, desembocaron en la radicación ese mismo mes del P. de la C. 1058 y el P. del S. 366. Estas medidas proponían la celebración de una consulta para exigirle al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos una expresión de “compromiso de responder a nuestro reclamo para resolver el status de Puerto Rico entre alternativas democráticas que no sean coloniales ni territoriales”.

A los proyectos que presentamos los portavoces del PIP le siguieron medidas de las demás delegaciones, y finalmente, se recogieron todas las propuestas en un Proyecto Sustitutivo, que añadía a la consulta planteada en el proyecto nuestro la creación de un Comité de Reclamo y el compromiso, en caso de inacción del gobierno estadounidense, de legislar localmente la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status o una solicitud de plebiscito con aval federal. Se disponía que la votación se celebraría antes del 31 de diciembre de 2006. En un consenso sin precedentes, se aprobó el Sustitutivo de forma unánime, y con la palabra del liderato legislativo del PPD-empeñada en un reunión que sostuviéramos en el Salón de Mujeres Ilustres el día del debate en el Senado- de que en caso de que el gobernador faltara al compromiso contraído públicamente de firmar el proyecto, el país podía contar con los votos de representantes y senadores populares para ir por encima del veto.

El 11 de abril de 2005, dando al traste con su promesa, Acevedo Vilá suscribió su veto expreso al Sustitutivo y tristemente, sus legisladores prefirieron seguir el mal ejemplo ajeno antes que hacer buena la palabra propia: al regresar a la Cámara de Representantes, el proyecto no contó con los votos para rescatarlo del veto. Llovieron excusas huecas y justificaciones torpes para haber faltado a su compromiso, pero la verdadera razón para el desplante al país era que el PPD, a la hora cero, se había dado cuenta que el proceso una vez iniciado no tendría vuelta atrás y sería el principio del fin del ELA. A viejos temores, viejos remedios, y el veto se convirtió en una nueva mordaza que negaba al pueblo la oportunidad de exigir el fin de la colonia. Corta y vana fue esa victoria inmovilista. Con el tema del status llegando –aquí y en Washington– al punto de parir o reventar, el 22 de diciembre de ese mismo año se publicó el largamente esperado Informe del Grupo de Trabajo Interagencial de Casa Blanca, declarando que el status territorial de Puerto Rico no es compatible con el sistema constitucional de los Estados Unidos, y proponiendo acciones específicas para su solución. En una de esas ironías de la historia, el Día de la Bandera recibimos la respuesta que se buscaba con la votación malograda, por vía del organismo creado a instancias de Rubén Berríos en la reunión que, con el tema de Vieques en todo su apogeo, celebrara el entonces presidente Bill Clinton con los presidentes de partidos.

Las recomendaciones del comité interagencial tomaron forma a través de propuestas legislativas congresionales. El HR 900, suscrito por el representante José Serrano y el comisionado residente Luis Fortuño, promovía en su forma inicial la celebración de dos consultas: la primera sobre la continuación del actual status territorial y la segunda, entre las opciones de estadidad e independencia. Desde el día de la radicación del proyecto, el PIP advirtió, como ha hecho durante décadas, que la mera inclusión de la alternativa de la anexión constituía una píldora venenosa que condenaba al proyecto a la no aprobación. Cada día, apuntamos, se hace más evidente el rechazo en los Estados Unidos a la incorporación de una nación latinoamericana. En efecto, y a pesar de las cuantiosas sumas pagadas a cabilderos para torpedear el proceso, el HR 900 se transformó en un Sustitutivo que recogió las recomendaciones que la semana antes de su aprobación había anunciado el Partido Independentista, eliminando la segunda votación con su mención de estadidad e incluyendo el reconocimiento de la Asamblea Constitucional de Status convocada por los puertorriqueños como mecanismo de autodeterminación-con la adición de un plebiscito como alternativa adicional.

Así, a finales del año 2007, regresamos al camino que a principios del 2005 fue bloqueado por el inmovilismo amordazador. Por eso raya en lo patético la falsa alegría del liderato colonialista, que ahora pregona su inmensa satisfacción con la aprobación por un comité congresional de una medida que prácticamente calca aquella que ellos descarrilaron hace más de dos años. No es que puedan hacer más. La actitud forzada de “a mal tiempo buena cara” es la única alternativa publicitariamente aceptable a admitir la derrota de todo su aparato de sabotaje. Les permite además, hacer lo que mejor saben hacer: ganar tiempo para buscar que no pase nada.

En el bando estadista no están tampoco para regocijos. La exclusión de la opción de estadidad en la papeleta ha sido un portazo en la cara del Comisionado Fortuño, que sabe bien que el “political correctness” de los norteños les impide decirle con todas sus letras que no se vista que no va, y recurren a este envío de señales más o menos sutil. La verdad, llana y simple, es que el Congreso no puede ofrecer lo que no está dispuesto a dar y la estadidad puertorriqueña no ha sido ni será bocado del gusto estadounidense.

Para el Partido Independentista, lo ocurrido en Washington es la confirmación absoluta de nuestra estrategia. Sólo es cuestión de tiempo. A la lucha por la independencia le ha sobrado la dedicación, el valor, la capacidad y el sacrificio. El elemento siempre ausente ha sido el de las circunstancias adecuadas. Lo que está pasando en Washington-unido a la crítica ingobernabilidad de un país sometido a un sistema político que ya no da más-dibuja por primera vez el cambio de escenario imprescindible. El proceso que ha iniciado podrá encontrar tropiezos temporeros, pero sea hoy o sea mañana, las condiciones que han permitido la subsistencia del colonialismo terminarán de desmoronarse. Es el destino natural de los pueblos, y los que intentan detenerlo asumen la tarea inútil de enfrentar con cabilderos la fuerza de la historia. Vamos abriendo el camino a la independencia.