No sé cuántas veces he escuchado la frase trillada de que los niños son el futuro de nuestro país. He perdido la cuenta de la gente que a cualquier tema replica que la clave está en la educación. Y estoy cansada, como la inmensa mayoría del país, de ver, año tras año, las mismas noticias sobre las deficiencias de nuestro sistema de educación pública llegar a las primeras planas de los periódicos. Escuelas destrozadas. Estudiantes sin maestros. Escasez -cuando no absoluta ausencia-de libros y materiales. Estadísticas de espanto sobre la deserción escolar. Fracasos en las pruebas de aprovechamiento. Maestros mal pagados.

Nadie, ninguna persona que haya seguido el lento deterioro de nuestras escuelas públicas puede decir que las cosas andan bien en el Departamento de Educación. En una agencia que recibe miles de millones de dólares, hay salones de primer grado donde los maestros tienen que sacar fotocopias al ejemplar que aun sobrevive del texto asignado, porque no hay libros disponibles, ni posibilidad de obtenerlos en el futuro previsible. En un país con decenas de leyes y reglamentos y cartas de derechos para las personas con impedimentos, los niños con necesidades especiales tienen que esperar años por una evaluación y sus padres mover cielo y tierra para recibir servicios. En la isla donde las construcciones millonarias son reverenciadas como dioses, los maestros de escuela pública tienen que suplicar y batallar para que se les repare una cerradura o se corrija la coladera de un salón.

Esas son las escuelas públicas de Puerto Rico y ahí están los reclamos que, durante veintiséis meses, ha estado tratando de negociar la Federación de Maestros de Puerto Rico. Por eso, me parecen tan desubicados los suspiros y súplicas de los que hoy, ante la perspectiva de una huelga, abogan por “más diálogo y negociación” y acusan al sindicato de interferir con el derecho constitucional de nuestros niños a la educación. ¿El derecho a qué educación, cuando todos conocemos y nos lamentamos del fracaso del DE? Si de algo hay constancia en nuestro país, es de los esfuerzos del gremio por evitar lo que en toda organización obrera es un recurso de última instancia, y de la mala fe abiertamente desplegada por las autoridades del Departamento de Educación. En este escenario, ¿dónde es que está la verdadera amenaza a los derechos de nuestros niños-sobre todo los de aquellos cuyos padres no pueden asumir la costosa carga de la educación privada? Me parece que, en todo caso, la gran burla a los derechos de la niñez está en la complicidad de la conformidad, por no hablar del oportunismo de los que sólo esperan el golpe de gracia a la Federación para adueñarse de las cuotas del magisterio y para hacer de la representación magisterial una sucursal más del partido en el poder.

Habría que ser muy ingenuo o muy miope para no advertir que para el gobierno, lo que ocurra en cada salón de cada escuela del país es realmente un asunto secundario. Lo fundamental, para La Fortaleza y sus subalternos del DE, es sacar del panorama a un sindicato que, contrario a otros, ha decidido echar su suerte con los estudiantes y maestros y no con otros intereses. Es como castigo a esa resistencia-manifestada, por ejemplo, en su oposición tenaz al IVU-que la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (CRTSP), a petición de Rafael Aragunde, ha descertificado a la Federación de Maestros imputándoles violación a la ley de sindicación de empleados públicos por la mera expresión de la posibilidad de huelga.

Ante esa cerrazón es que tenemos que preguntarnos qué hacer para llevar al Departamento a la mesa de negociación. Aunque ciertamente no podemos legislar ni la sensibilidad ni la buena fe, se ha planteado la posibilidad de combinar iniciativas de Cámara y Senado para disponer, como punto principal, que se restrinjan las facultades de la CRTSP en cuanto la descertificación de uniones de empleados públicos, toda vez que, en la práctica, como parte del ejecutivo, esa entidad actúa como juez y parte en controversias entre patrono y sindicatos. Se disiparían además, las preocupaciones de algunos sectores, aclarando la cláusula de separabilidad de la Ley 45 de tal manera de que, en el caso (difícil, quizás improbable), de que un tribunal declare contraria a la Constitución la prohibición de huelga de los empleados públicos, subsista el resto de la ley. Para aprobar esta legislación se necesitará, en primer lugar, el concurso de todos los representantes de los empleados públicos, más allá de las diferencias que conocemos. Pero sobre todo, la voluntad de los legisladores y legisladoras de hacer lo que nos corresponde en esta coyuntura, incluyendo, casi de seguro, ir por encima del veto del gobernador.

La huelga no es un recurso simpático ni fácil, y representaría un gran sacrificio para la Federación y los maestros y maestras. Está en manos del gobierno buscar la solución a este conflicto, y entender que lo que está en juego no es el laurel de la victoria en un forcejeo entre patrono y sindicato. Es el derecho de cada niño y cada niña a que los muchos recursos de los que dispone el DE estén verdaderamente destinados a la mejor educación posible.