Mucho se ha hablado en estas semanas sobre el tema de legalización de las drogas y de la medicación de los dependientes de sustancias ilegales, en demasiados casos utilizando indistintamente ambos conceptos, aunque la diferencia entre ambos sea abismal. En particular, la prensa ha querido subrayar el "compromiso" del partido en el poder con un acercamiento salubrista al angustioso tema de la drogadicción. El Gobernador y un par de sus alcaldes han inundado la radio y los periódicos de declaraciones que ellos estiman (y muchos medios aceptan) como auténticamente noveles y revolucionarias. Si esas noticias reflejaran la realidad, sería un hecho extraordinario, y razón más que suficiente para felicitar al ejecutivo. Pero con la distancia que suele haber del dicho al hecho, hay más causa para lamentar que para celebrar.

En primer lugar, hay que fijar claramente la distinción entre la legalización de sustancias ilegales y la administración de medicamentos a los adictos a esas sustancias. Lo primero significaría eliminar la prohibición al comercio de esas drogas, y hacerlas disponibles al público, aún con ciertas restricciones. De forma especial, se ha abogado por la legalización de la marihuana, señalando sus comprobadas virtudes terapéuticas en pacientes de cáncer (como paliativo al dolor y a las náuseas provocadas por la quimioterapia) y de glaucoma (como medio para aliviar la presión ocular). Este debate, aunque relativamente reciente en nuestro país, tiene una larga historia en la metrópolis que nos gobierna, y en distintas instancias, aun a contrapelo de iniciativas estatales, el nivel federal de Estados Unidos se ha opuesto al uso médico del cannabis.

También se han opuesto a una variante intermedia entre legalización y medicación: la administración, en escenarios clínicos estrictamente controlados, de drogas como la heroína a dependientes crónicos para los que han fallado tratamientos menos drásticos. Este sistema, visto siempre como una alternativa de último recurso, ha resultado exitoso en ciertos proyectos en España, Inglaterra y Suiza. En todo caso, tanto en cuanto a legalización (que nunca ha apoyado el PIP) como al suministro clínico de drogas, en Puerto Rico sólo podemos teorizar y discutir, pero no optar por ninguna de esas alternativas. Debido a nuestra condición colonial, si el ‘Tío Sam’ dice no, es no, no hay nada más que buscar.

Donde sí hemos tenido un espacio amplio para actuar y el gobierno ha optado por hacer casi nada es en la medicación a adictos a algunas drogas, que en el Partido Independentista, y muy específicamente a través de la Legislatura, hemos promovido por más de una década. Este acercamiento es parte de la estrategia conocida como reducción de daños, que busca mitigar los males sociales y médicos causados por las adicciones. El razonamiento tras este concepto está basado en los hallazgos científicos que han demostrado que la dependencia a drogas es algo mucho más complejo que un problema de voluntad o moral. En los seres humanos, por imperativo evolutivo, algunas actividades necesarias para la supervivencia, como la alimentación, provocan la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, que envía el mensaje sensorial de placer. El consumo de heroína estimula una emisión inmanejablemente alta de dopamina y su uso prolongado causa que el organismo, en respuesta defensiva, "cancele" los receptores dopaminérgicos. El resultado es una lesión visible a través de neuroimágenes y una alteración en ciertos procesos cerebrales. En un adicto crónico, la inyección de heroína deja de ser un acto placentero para convertirse en el remedio al malestar —que en algunos casos puede llevar a una decompensación mortal— que le causa el abstenerse del consumo de la droga. Por eso, cuando se habla de que la adicción es una enfermedad, no se hace en sentido figurado; es que fisiológicamente, se desarrolla una dependencia comparable en términos clínicos a la del diabético con la insulina.

Es ahí donde entra la medicación, proveyendo al adicto, visto ya como un enfermo y no un paria social, de medicamentos que sustituyan el efecto de la droga ilegal, sin las consecuencias del consumo de una sustancia prohibida. En Puerto Rico se ha trabajado por mucho tiempo con la metadona, pero las limitaciones que impone su uso han sobrepasado con frecuencia sus beneficios. Para empezar, la reglamentación vigente obliga a la administración de metadona en centros gubernamentales que carecen de sistemas adecuados de apoyo —como terapia sicológica— y que reproducen la dinámica del "punto". Hace poco más de una década se aprobó en Estados Unidos, luego de años de utilización efectiva en Europa, el uso de buprenorfina, que replica de mejor forma la eficacia de la heroína ante los síntomas de retirada, y que puede ser recetada por médicos particulares que reciben un adiestramiento especial.

No es un remedio perfecto: para todos sería más satisfactorio un mundo en el que bastara con predicar el rompimiento con la droga para que un adicto se deshiciera de ese hábito esclavizante y dañino. Pero ese no es el mundo en que vivimos, y ante la evidencia del fracaso de otros esfuerzos, y ante el avance galopante de la adicción en Puerto Rico, es una irresponsabilidad política y una falta de humanidad imperdonable no promover la medicación más efectiva como alternativa accesible para todo el que la necesite.

Sobran en nuestro país las referencias académicas para respaldar un cambio dramático en el tema de las drogas. Las escuelas de Salud Pública y de Medicina de la UPR, la Universidad Carlos Albizu y la Universidad Central del Caribe están entre las instituciones que han dedicado por años el talento y la vocación de sus investigadores a atender este angustioso problema social. Organizaciones como Iniciativa Comunitaria han estado predicando en el desierto por mucho, mucho tiempo. Por eso, pasó ya el momento de palabras sin acción. Sin embargo, cuando presenté una medida para que el gobierno de Puerto Rico diera el primer paso, documentando el costo para el pueblo del actual régimen que sólo castiga al adicto (costo que el Departamento de Corrección ha estimado en unos $800 millones al año) en comparación con un acercamiento salubrista que partiera de la medicación, la Junta de Planificación y ASSMCA se opusieron, y el gobernador Acevedo Vilá vetó la medida, alegando en su veto expreso que para eso su administración no tenía dinero. Los esfuerzos de medicación en las cárceles no son un logro de Fortaleza, son fruto del empeño personal del Lcdo. Miguel Pereira, que ha batallado por hacer de la medicación un remedio aceptable a los ojos de los más insensibles y escépticos. En cuanto a las iniciativas municipales, está muy bien que hoy vean la luz y se animen a dedicar recursos a la medicación, pero no se puede hablar por los dos lados de la boca, cuando a través de Códigos de Orden Público se criminaliza a los adictos sin hogar, y se promueven "recogidos" de deambulantes de manera, por decir lo menos, muy poco terapéutica.

En todo caso lo que importa a estas alturas es que se reconozca el fracaso del enfoque penalizante que se ha impuesto hasta tan entrado el cuatrienio, y que se disponga de voluntad y de recursos para que la medicación deje ser mera palabrería y se convierta en una opción de sanación y reintegración social. Lo que había que decir está dicho; vamos a la acción.