Puerto Rico tiene la tasa más alta de cesáreas en el mundo entero: un 48.7% de los alumbramientos en el país finalizan con esa intervención quirúrgica. Lo más alarmante es que, según datos del Departamento de Salud, un 55% de esas cesáreas—es decir, 13,557 cesáreas al año-- no tienen justificación médica alguna. La tasa estimada como razonable por la Organización Mundial de la Salud es de un 10-15%. En los Estados Unidos, ronda cerca del 30%.

Durante mucho tiempo, el tema se ha estado debatiendo en el país. La cesárea, aunque indispensable en ciertas situaciones de riesgo para la madre o la criatura, aumenta las posibilidades de complicaciones post-parto tales como infecciones y, a largo plazo, adherencias en el útero; impone un período mucho más largo y doloroso de recuperación que el parto vaginal; representa costos adicionales en estadías de hospital y medicamentos y para algunas mujeres, dificulta el proceso de lactancia. Sin embargo, a esa preocupación nunca le había seguido ninguna acción concreta, más allá de la redacción de estudios sobre el asunto, como el comisionado recientemente por la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

El P del S 2407 sólo propone que los médicos notifiquen, y que el público, en particular las mujeres, tengan acceso, a la información sobre el número de cesáreas que practican. Se provee, de manera específica, para que se haga la distinción entre los embarazos de alto riesgo (con una mayor probabilidad de terminar en cesáreas por razones estrictamente clínicas) y aquellos que no representan algo riesgo. La medida no impone estándares, no fija criterios, ni evalúa prácticas-su único fin es reconocerle a las mujeres, como pacientes, su derecho a tomar decisiones médicas informadas.

Las objeciones que portavoces de los médicos han consignado en la prensa no han aportado una sola razón por la cual la rendición de cuentas sobre las cesáreas pueda ser dañina. La Asociación de Hospitales señala que ‘hace falta estudiar las razones detrás de la cantidad de cesáreas antes de emitir un juicio”. La división de Ginecología del Colegio Médico y el Colegio de Ginecología y Obstetricia también dicen que “hacen falta datos que expliquen la alta incidencia de cesáreas en la isla”. La realidad es que ya se han realizado varios estudios—a nivel legislativo, de la Procuraduría, del CDC y del Departamento de Salud. Las razones y causas se conocen: desde lo que se ha llamado la “práctica defensiva de la medicina” (difícilmente justificable bajo cualquier criterio ético), hasta la determinación de ciertos obstetras de atender partos de acuerdo a su agenda personal y no la del curso de la Naturaleza. Algunos médicos tienen como regla inducir partos en días en semana, en horario de oficina, y de tal manera que no coincida el parto de una paciente con las fechas en que no están de guardia. Tanto influyen estos criterios no médicos en la práctica de cesáreas, que la tasa varía dramáticamente de médico a médico, aún partiendo solamente de los embarazos de bajo riesgo. Hay, en Puerto Rico, médicos que realizan cesáreas en sólo el 15% de los partos. Hay otros que las practican en más de la mitad de los alumbramientos.

La objeción de la Secretaria de Salud es particularmente débil. Alega la Dra. Pérez Perdomo que requerir que los médicos informen sobre su incidencia de cesáreas podría implicar una violación a HIPPAA. En primer lugar, el P del S 2407 no exige de ninguna manera divulgación de identidad de pacientes. En segundo lugar, el argumento de la Secretaria implicaría que toda recopilación estadística sobre la práctica de médicos particulares es legalmente insostenible, lo que constituiría un verdadero absurdo. De hecho, los datos disponibles han sido recopilados por el DS, lo que confirma además que el P del S 2407 no representaría un esfuerzo o gasto adicional significativo para el gobierno.

La experiencia en algunos hospitales de Puerto Rico es que una vez se exige que los obstetras informen—y sus pares tengan acceso a esa información- sobre su tasa de cesáreas, toma preeminencia el juicio clínico sobre cualquier otra consideración, y disminuyen las cesáreas. Requerimientos similares se han exigido en otros procedimientos, con resultados exitosos, según ha expresado el ex Secretario de Salud, Dr. Johnny Rullán, quien ha expresado su apoyo al P del S 2407.

Así, son dos elementos en la balanza. Por un lado, la conveniencia de los médicos, que, como es perfectamente natural, resienten la imposición de la tarea de preparación de informes. Además, aquellos con tasas anormalmente altas de cesáreas siempre van a preferir que sus pacientes permanezcan ajenas a ese dato. En el otro lado de la balanza está la determinación de política pública sobre salud y derechos de la mujer. Si se planteara la recopilación de datos sobre angioplastías, apendectomías o cirugía ortopédica, cualquier oposición a ese esfuerzo se tendría por irreconciliable con la función de servicio y de garantes de la salud de los médicos del país. ¿Qué justificación hay para que un asunto que atañe específicamente a las mujeres se vea desde una perspectiva distinta, negando acceso a información? A esto hay que añadir que, después de todo, los médicos ofrecen un servicio por el que paga un paciente, y que si sobre algún profesional un cliente tiene derecho a evaluar su forma de practicar, es en el caso de los profesionales de la salud.

No existe una medida que por sí sola, logre reducir la realización de esas 14,000 cirugías innecesarias a mujeres puertorriqueñas, pero el P del S 2407 es un paso en la dirección correcta.