Con una pobre asistencia y haciendo uso de cien mil dólares de fondos públicos, el Partido Popular celebró la semana pasada el quincuagésimo sexto aniversario de esa madama avejentada que es el ELA. Como todo el mundo anticipaba, Acevedo Vilá utilizó la ocasión para obsequiar al país con la versión ya más ensayada de su nuevo personaje del Aníbal “soberanista”, despachando con la mayor tranquilidad disparates como la “soberanía cultural” y jurando adhesión a las ideas que ha combatido toda su vida. Casi para reírse, si no fuera porque como independentista, me parece absolutamente asqueante que en la fiesta de cumpleaños de la colonia, el presidente del PPD, con las manos manchadas de sangre por la abierta colaboración de su gobierno en el asesinato de Filiberto Ojeda, se atreva a utilizar la tragedia de Maravilla para forzar la comparación entre la matanza de jóvenes que sólo aspiraban a que en este país mandemos los puertorriqueños, y su propia y vergonzosa situación de acusado por corrupción.

Pero más allá de la pantomima de cañonazos y guayaberas blancas, el pasado 25 de julio era, ciertamente, una fecha en la que nada tenía nuestro país para celebrar. Como nunca antes, la quiebra de este status de inferioridad política que ni es estado ni es libre ni es asociado, se hace patente, no ya en las disquisiciones políticas y jurídicas, sino en el día a día de los puertorriqueños y puertorriqueñas. El crecimiento económico del país no llega ni al 1%; nuestra tasa de participación laboral es de apenas el 45%; tenemos que exportar el 85% de los alimentos que consumimos; el desempleo anda por el 11%, y las quiebras han aumentado en un 100%. Para la gran mayoría de las familias, esas estadísticas se traducen en una verdad sencilla y amarga -la de tener que escoger cada quincena entre pagar la luz y el agua o hacer la compra.

En ninguna parte se hace tan evidente el fracaso de las políticas económicas supeditadas a una fórmula de status caduca como en el éxodo de industrias extranjeras. Por décadas, se le quiso hacer creer a los puertorriqueños que el ancla de la estabilidad económica del país lo representaban las industrias manufactureras, en especial las farmacéuticas, atraídas por el mantengo corporativo instrumentado mediante la Sección 936 y la Ley de Incentivos Industriales. Por apostar todo a la misma jugada, se ahogó cualquier otro tipo de iniciativa y se desvirtuó el concepto de desarrollo económico, sustituyéndolo por el de mayordomía al servicio de intereses extranjeros. Así, por ejemplo, el gobierno de turno podía convocar a la Prensa para anunciar al país el establecimiento de tal o cual compañía. Lo que no decían era que muchas de esas compañías traían productos de corta vida útil (como aquellos cuyas patentes están próximas a expirar), negociaban generosos créditos contributivos y luego se marchaban, dejando a los trabajadores puertorriqueños en la calle. Esto fue y sigue siendo posible porque nunca, bajo ninguna administración, se le ha pedido cuenta a los individuos responsables de conceder estos créditos.

Aún queda, sin embargo, lo peor por venir. En los últimos años, la industria farmacéutica a nivel mundial ha sufrido pérdidas cuantiosas. Compañías como Pfizer, Glaxo, Smith & Kline o Astra Zeneca todas con presencia en Puerto Rico, han experimentado una merma en sus ganancias de hasta 50%. Esto se debe, en buena medida, a la expiración de patentes para medicamentos de alto volumen de ventas. Esas fórmulas patentizadas no han podido ser sustituidas por nuevos medicamentos porque la industria farmacéutica, ante los criterios más estrictos impuestos por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, no ha logrado producir medicamentos lo bastante seguros como para entrar al mercado. En Puerto Rico, el efecto sera devastador: según vayan venciendo las patentes de los medicamentos que se fabrican en la isla, y su producción no sea sustituida por nuevas drogas, esas empresas continuarán abandonando el país y dejando a miles y miles de puertorriqueños sin forma de ganarse el sustento. Van a aprovecharse del negocio redondo que es para ellos reclamar créditos, deducciones y beneficios sin tener que dar nada a cambio, para irse cuando les parezca. Y mientras esto ocurre, el gobierno de Puerto Rico solo esquiva la mirada, sin hacer absolutamente nada para enfrentar el desastre.

La debacle no termina con las calamidades de las farmacéuticas. El gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido fama de mala paga, pero nunca en los extremos de tiempos recientes. La Prensa ha reseñado en diversas ocasiones, la dilación en pagos a contratistas de todos los niveles, desde trabajadoras de educación especial hasta responsables de proyectos mayores y a suplidores. Para aquellos cuyos ingresos dependen del gobierno, sean individuos o compañías, dejar de recibir un pago implica que ellos a su vez no podrán cumplir sus obligaciones económicas con sus acreedores, en particular con la banca local. Según datos del FDIC, en Puerto Rico el nivel de morosidad asciende a los mil doscientos millones de dólares. Cuando cada una de esas cuentas morosas alcanza los 90 días de atraso, el banco está legalmente obligado a separar la cantidad adeudada de su reserva, para que responda por el incumplimiento de la obligación morosa.

Mientras más aumenta la morosidad, mayor la porción de su reserva que el banco se ve obligado a consumir, acercándose así al precipicio de la descapitalización. Las perspectivas se ensombrecen más si consideramos que el 20% de los depósitos en Puerto Rico, es decir, $12 mil millones, no están asegurados por el FDIC. La crisis fiscal del ELA ya no es un asunto de cerrar o no operaciones gubernamentales por dos semanas, es una espada de Damocles sobre la estabilidad de los sectores financieros del país.

No importa lo que cada cual quiera decir en sus discursos, ésa es la realidad del legado económico del ELA. Ya no se trata de discutir si ‘Manos a la Obra’ fue un gran proyecto o no, o de suspirar por las 936. Para los jóvenes de hoy, para ese país del futuro, Munoz Marín es un aeropuerto y Teodoro Moscoso un puente. La pregunta es si la herencia que dejará esta generación será la de crisis, bancarrota e inestabilidad, que es lo único que tiene que ofrecer el ELA, o si nos animamos a empezar a construir un Puerto Rico de progreso, libertad y esperanza.