Publicado po primera vez en The Washington Post

Rubén Berríos El Comité de Energía y Recursos Naturales del Se­nado de Estados Unidos ha recomendado favora­blemente el proyecto S. 712 para autorizar un referéndum sobre el status político de Puerto Rico. Se espera que pronto el Senado en pleno apruebe el proyecto. Corres­ponderá entonces a la Cámara, que ya ha efectuado ex­tensas vistas sobre este asunto, actuar de conformidad. 

Es urgente que el Congreso actúe con premura. Lituania puede parecer muy lejana, pero el status irresuelto de Puerto Rico constituye un problema potencialmente explosivo y enojoso para los Estados Unidos. 

Puerto Rico, una posesión de Estados Unidos por efecto de la Guerra Hispano-Americana de 1898, ha sido designado desde 1952 con el nombre ambiguo, aunque más “respetable”, de “Estado Libre Asociado”. Desde en­tonces, han acontecido cambios profundos, pero la rela­ción colonial ha permanecido inalterada. 

Más de una tercera parte de la población puertorri­queña ha emigrado a los Estados Unidos. La economía de Puerto Rico se ha convertido en un apéndice de la de Estados Unidos. La transferencia de fondos federales ha aumentado desde cantidades insignificantes hasta alrede­dor de $6 billones al año, y más del 50% de las familias reciben ayuda nutricional federal.

En la medida que se ha extendido el poder federal, así se ha encogido sostenidamente la ya limitada autori­dad local del “Estado Libre Asociado”, ya que las leyes y reglamentaciones de Estados Unidos aplican en Puerto Rico, a pesar de que los puertorriqueños no gozan de representación con voto en el Congreso.

El respaldo al “Estado Libre Asociado” ha mermado considerablemente. Pronto los Estados Unidos tendrán que hacer frente a una embarazosa petición de estadidad, sea ésta el resultado de una mayoría estadista en el plebis­cito, como auguran las encuestas, o de una situación aún más comprometedora. Si no se efectúa un plebiscito en 1991, a las puertas del Congreso podrían estar tocando dos senadores y siete representantes[i] elegidos en Puerto Rico mediante el llamado Plan Tennessee,[ii] tras una victoria del partido estadista en una futura elección local.

 ¿Lituania al revés? La integración económica, apare­jada con una estrategia de engañifa y garrote —que va desde la persecución directa a los independentistas y cam­pañas apabullantes de americanización, hasta los subsi­dios federales en masa— todo ello ha desviado a los puertorriqueños del curso natural de la independencia, una vez favorecida por la mayoría, hacia la estadidad.

 ¿Y qué hay de malo con la estadidad? La estadidad ha sido la solución ofrecida a territorios clásicos de Estados Unidos compuestos, básicamente, por colonos america­nos emigrados hacia el oeste, o por minorías étnicas aglutinadas en torno al modo de vida americano.

 Pero Puerto Rico, una nacionalidad latinoamericana de cuya población un 60% no habla inglés, presenta una situación radicalmente diferente. Los independentistas puertorriqueños nunca rendiremos nuestro derecho inalienable a luchar por la independencia, inclusive si se otorgara la estadidad. Las mayorías y las minorías vienen y van, pero las nacionalidades perduran. Estados Unidos es un país unitario, no multinacional. La estadidad se hizo para los americanos, no para los puertorriqueños ni para otras nacionalidades distintas.

 Más aún, con la estadidad Puerto Rico carecería de poderes fiscales, de comercio y otros para proteger y desa­rrollar su economía. Estaríamos condenados a ser una región permanentemente subdesarrollada de los Estados Unidos.

 El problema principal de Puerto Rico es la dependen­cia, no sólo jurídica y política, sino también económica, cultural, social y psicológica. Aunque la estadidad pare­ciera una solución jurídica al problema colonial de Puer­to Rico, en realidad para Puerto Rico sería solamente otra forma de subordinación y dependencia, sería colo­nialismo con otro disfraz. Esto es así, ya que la estadidad haría más aguda la dependencia económica, social, cultu­ral y psicológica, en tanto que el poder político adscrito a ella serviría básicamente para presionar por más y más subsidios federales.

 En un reciente estudio de la Oficina Congresional de Presupuesto se calcula en $25.6 billones de dólares el costo adicional que pagarían los contribuyentes norte­americanos por un Puerto Rico estado. Por ello es que el grito de guerra de los estadistas es “la estadidad es para los pobres”, un clamor muy distante de aquel otro grito de “Denme la libertad o denme muerte”. Para no quedarse atrás, los líderes del Estado Libre Asociado han solicitado al Senado de Estados Unidos igual trato que los estados en materia de fondos federales, pero sin pagar contribu­ciones federales.

 La ruta para resolver el problema, tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico, es comenzar a apartamos de la dependencia y de la estadidad y encaminamos ha­cia la independencia.

 Todavía hay tiempo. Después de 92 años de colonia­lismo, el ingrediente básico de la independencia —que es la lealtad primaria a la propia identidad nacional— es proclamado unánimemente por los puertorriqueños, in­cluidos los estadoistas, como un valor no negociable. De hecho, recientemente el presidente del partido de la estadidad dijo ante un Subcomité de la Cámara que él es, y se siente, primero puertorriqueño y luego americano. Los independentistas, desde luego, no somos ni nos senti­mos otra cosa que puertorriqueños.

 Ahí está la semilla de una nacionalidad independien­te. ¿Cómo se le puede ayudar a germinar?

 · Primero: Los Estados Unidos tienen que encarar inmediatamente el problema de status de Puerto Rico. Se debe efectuar un plebiscito en 1991, según se ha propuesto en el [Proyecto] S. 712. Aplazar el plebiscito sería una táctica de visión estrecha basada en la premisa falsa de que la peti­ción de estadidad pudiera desvanecerse. Pero tal curso de acción dejaría la iniciativa en manos de los estadoistas quienes, con el tiempo, adquirirán más fuerza. Las decisiones difíciles relativas a la estadidad no pueden evadirse.

 · Segundo: El Congreso de Estados Unidos debe exponer las condiciones que juzga necesarias para considerar la estadidad o eliminar de una vez la alternativa estadista. El Congreso debe especificar claramente qué pueden esperar los puertorriqueños, independientemente de cómo voten.  El Congreso debe estipular lo que ya sabe: que no considerará seriamente la estadidad, menos has­ta que Puerto Rico alcance el nivel percápita del más pobre de los estados (Mississippi) y no sea entonces considerado como una inaceptable san­gría para el Tesoro de los Estados Unidos. El Congreso debe también expresar la posición has­ta ahora callada de la inmensa mayoría de sus miembros de que, desde la perspectiva de lealtad nacional, para que Puerto Rico sea aceptado como estado tiene que ceñirse al lema de Estados Uni­dos de “E Pluribus Unum” (De Muchos, Uno), y no al de “E Pluribus Duo” (De Muchos, Dos).

 · Tercero: Los Estados Unidos tienen que descar­tar alternativas coloniales como el “Estado Libre Asociado”, mejorado o no. El “Estado Libre Aso­ciado” es el problema. No puede, por tanto, ser la solución. Su supervivencia sólo servirá para mul­tiplicar la dependencia y, por ende, ampliar el apoyo a la estadidad. El colonialismo es antidemocrático no importa el disfraz que se pon­ga. Cuando es colonialismo con consentimiento, entonces es más vergonzoso pero no menos colo­nial.

 · Cuarto: Después de promover el colonialismo durante 92 años, el Congreso tiene la obligación de ejercer acción afirmativa con relación a la independencia. Esto puede hacerlo directamen­te, ofreciendo una alternativa de independencia con términos económicos justos y generosos, o indirectamente, mediante la oferta de una república asociada o una libre asociación soberana según definida en el Derecho Internacional.

 Los Estados Unidos sólo resolverán el problema colo­nial de Puerto Rico con la renuncia a la soberanía que ejercen sobre la isla, es decir, solamente si cumplen su deber de descolonizar. Sólo asumiendo nuestra responsa­bilidad total como una nacionalidad madura, podremos los puertorriqueños romper el círculo vicioso de la depen­dencia y la desesperanza que mina toda posibilidad de un crecimiento autosostenido, y que sangra nuestra digni­dad, nuestra iniciativa y nuestro orgullo.

 Tenemos el derecho a ser una nación independiente que aspire a la excelencia, no un gueto bajo el nombre de “Estado” o “Estado Libre Asociado”. Tenemos el derecho a trascender en la historia como pueblo singular y distinto. ¡Dejen que Puerto Rico florezca!


 

[i] El número de representantes en la Cámara depende de la población del estado.

[ii] Consiste básicamente en la selección de los senadores y representantes con anterioridad a la admisión como estado.