Si es verdad que donde manda capitán no manda marinero, bien harían los líderes penepés y populares en prepararse porque todo indica que desde Washington vienen nuevas instrucciones. Las transformadas circunstancias e intereses de los EE.UU. y la naturaleza irreductible de la nacionalidad puertorriqueña lo hacen inevitable.

El presidente del Comité congresional con jurisdicción sobre Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los E.U. ya ha anunciado que, en respuesta al plebiscito del 1993, radicará un proyecto de ley para estructurar un proceso que llevaría al Congreso a expresar finalmente su posición con respecto a las alternativas de status que realmente está dispuesto a ofrecer a Puerto Rico. Se trata de otra clara manifestación de un cambio de política que hace varios años se viene ensayando en Washington con respecto a nuestro país.

El proyecto -conviértase o no en ley- tendrá consecuencias importantes en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Por lo tanto, no es de extrañar que tanto el liderato del P.N.P. como del P.P.D. hayan adelantado sus posiciones al respecto.

El liderato del P.N.P. está conciente de que el mejor momento para la estadidad pasó luego de evidenciarse entre el 1989 y el 1991 la voluntad antiestadista del Congreso y luego de la derrota plebiscitaria del 1993. Por eso, en su desesperación está dispuesto a respaldar cualquier iniciativa que pueda generar la impresión de que la estadidad no es imposible. Más aún, deslumbrados por la perspectiva de que el Congreso certifique el descrédito del ELA, el liderato estadista le ha dado un apoyo entusiasta al proyecto incluso antes de radicarse, aunque la prudencia aconsejaría darle tiempo al tiempo y esperar que continúe el proceso de asimilación antes de volver a la carga.

Saben, además, los líderes estadistas que la discusión de estatus divide al P.P.D. pues lo obliga a asumir posiciones sobre asuntos medulares que han rehusado enfrentar. Hasta el momento, en el P.P.D. se ha logrado mantener un precario balance entre aquéllos que creen en un ELA soberano, no territorial y no colonial, y los que no tienen esas preocupaciones. Este balance se trastocaría si, como algunos anticipan, el proyecto ofrece un ELA soberano, no territorial y no colonial y excluye al ELA actual.

Pero la desesperación y el inmediatismo electoral no son buenos consejeros. Que al P.P.D. y al ELA no le convenga el proyecto no significa que la estadidad saldrá mejor parada a el proceso. Los alambres no florecen aunque llueva.

De poco serviría a los estadistas la vana esperanza de que un descrédito del ELA actual resulte en una ventaja para la estadidad. Independientemente del lenguaje que contenga el proyecto inicial, antes de finalizar el proceso legislativo, los enemigos de la estadidad en el propio Congreso - la mayoría - se encargarían de hacerla inaceptable o imposible. De lo contrario, no se aprobaría el proyecto. Un "statehood bill", es decir, un proyecto que de verdad hiciera posible la estadidad, no se puede aprobar en el Congreso de los Estados Unidos como reconocen prácticamente todos los observadores imparciales en Wáshington.

Por eso, independientemente de sus motivos, el proyecto podría, al mismo tiempo, propinarle un golpe definitivo al ELA colonial y sentar las bases para darle un golpe mortal a la estadidad; dos pájaros de un tiro.

También, es comprensible que el liderato del P.P.D., por las razones mencionadas, haya anunciado su oposición vehemente al proyecto. Frente a las elecciones, ese liderato no quiere hablar de estatus; sólo quiere hablar del mal gobierno del P.N.P. aunque sea al precio del inmovilismo colonial. Hoy será para ganar el poder, mañana para no perderlo.

El P.I.P., por su parte, se regirá en este proceso por el mismo principio que nos ha orientado desde siempre: el adelanto de la lucha por la independencia. La diferencia es que ahora tenemos un mayor poder de regateo. Sin nosotros, como se demostró en el 1993, no hay fuerza moral ni mayoría absoluta para llevar a conclusión cualquier proceso de estatus.

Para el independentismo ha sido amarga la casi centenaria política colonial norteamericana: persecusión, discrimen, marginación; siempre persistiendo y venciendo la frustración; como Rubén Darío "haciendo rosas artificiales que huelan a primavera", en lo que llega la verdadera.

Cuando en Washington se avista un cambio de política, una reevaluación de esa trágica realidad, es natural que respondamos sin cerrar puertas, particularmente cuando ese cambio se da porque tanto el modelo de estadidad como el del ELA colonial se encuentran sumidos en una crisis. Las contradicciones entre la estadidad y los intereses norteamericanos son ahora mayores que nunca, y a la misma vez nunca ha sido más evidente en el seno mismo del gobierno norteamericano el agotamiento del actual modelo colonial.

Un proyecto de ley que sirva para subrayar esa crisis, podría ayudar a desencadenar una dinámica política favorable a nuestra soberanía. Más aún, el que en el juego de dominó tiene de mano cuatro dobles, ansía algún tropiezo o cambio en las reglas para que se tiren los dóminos nuevamente.

Estudiaremos el proyecto sin comprometernos con el mismo, haremos las observaciones o sugerencias de enmiendas y nos reservaremos la decisión sobre cualquier paso ulterior para el momento adecuado.

Mientras los líderes populares y penepés se pelean confundidos por las nuevas órdenes del capitán, nosotros, que no reconocemos otro capitán que nuestra nacionalidad, seguiremos como siempre, con la proa enfilada hacia la libertad de nuestra patria.