LA EXPERIENCIA de nuestro pueblo con los esfuerzos por resolver el problema del status durante esta década ha sido frustrante. Esta frustración resulta especialmente amarga, puesto que hace por lo menos diez años resulta indubitable que la mayoría absoluta -por no decir la inmensa mayoría- de los puertorriqueños no apoya ya el Estado Libre Asociado, al menos en su forma actual. Esa gran mayoría rechaza las limitaciones coloniales de esa fórmula y quisiera superarlas. El actual status sobrevive, pues, no por el apoyo mayoritario que una vez tuvo, sino por confiscación. Es decir, que más allá del carácter inherentemente antidemocrático de cualquier condición colonial, la nuestra no cuenta ya ni con el argumento del apoyo popular.

Los cuatro esfuerzos principales de estos años terminaron en fracaso, aunque hay que señalar que esos fracasos produjeron importantes lecciones para Puerto Rico, y han ayudado a ir despejando e identificando los principales obstáculos que enfrenta nuestro proceso de descolonización.

Tanto el Proyecto Johnston como el más reciente Proyecto Young, que pretendían lograr un plebiscito federal con auspicio congresional, fracasaron por la resistencia del Congreso a incluir en dicha votación la alternativa de la estadidad, por el temor a que dicha inclusión pudiera interpretarse como un compromiso del Congreso de conceder la estadidad si ésta resultara triunfante en un plebiscito. Estos proyectos sirvieron, pues, para hacer patente al país las enormes dificultades que cualquier iniciativa estadista -aun con apoyo mayoritario- encontraría en el Congreso y ante la opinión pública norteamericana. Sirvieron también para mostrar lo poco viable e impráctico de volver a emprender -como primer paso descolonizador- la gestión en favor de un plebiscito federal.

Los plebiscitos criollos de 1993 y 1998 fracasaron por otras razones. En 1993 triunfó -aunque sin mayoría absoluta- una ambigua y confusa definición del Estado Libre Asociado que estaba, por razones de orden constitucional, destinada a ser rechazada por el Congreso. El liderato popular rehusaba como hoy- reconocer que entre el ELA colonial y una auténtica libre asociación fuera del ordenamiento constitucional de los Estados Unidos no hay ni puede haber punto intermedio. La insistencia en buscarlo se convierte, por lo tanto, en el inútil esfuerzo de cuadrar el círculo. Como el ELA que "triunfó" en el 1993 era una versión del círculo cuadrado -y por lo tanto destinado a ser rechazado allá-, el liderato popular decidió no darle seguimiento alguno en el Congreso al resultado de ese plebiscito.

Conscientes de esa triste experiencia -y sin duda por otras razones de orden coyuntural que no ignoro-, para el plebiscito criollo de 1998 el liderato del PPD, en vez de proponer la definición del ELA que había sido ya repudiada públicamente, tanto por el Congreso republicano como por la Casa Blanca demócrata durante el proceso de discusión del Proyecto Young, optó por refugiarse bajo la gran sombrilla de "Ninguna de las anteriores". Estando en la papeleta tanto el ELA actual como la Libre Asociación, esa decisión de "pasar con fichas" retrataba de manera dramática su reconocimiento de que, al igual que en el caso de la estadidad, para el ELA del mejor de los dos mundos tampoco había posibilidad de apoyo en el Congreso.

A la luz de estas frustradas experiencias y de estas valiosas lecciones, resulta evidente que hay que explorar nuevas avenidas que hagan posible la descolonización del país. El senador Manuel Rodríguez Orellana ha radicado en la Legislatura un proyecto de ley para que el mismo día de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo los electores se expresen a favor o en contra de que se convoque una Asamblea Constituyente el año que viene, con el propósito fundamental de revisar las relaciones políticas de Puerto Rico con los Estados Unidos.

Propuestas similares han sido hechas en distintos momentos -además de por el PIP- por diversos sectores y personalidades en el país, entre los cuales se destacan el Colegio de Abogados y los licenciados Juan Mari Brás y Noel Colón Martínez. La radicada por el PIP no está esculpida en piedra. Por el contrario, tiene el propósito de estimular y ampliar el ámbito de participantes en este debate con la esperanza de propiciar el más amplio consenso procesal en el país entre los diversos sectores ideológicos.

Esta Constituyente sería tanto un foro de deliberación y negociación entre sus miembros electos en representación de las distintas tendencias en Puerto Rico, como un instrumento de negociación con el Presidente de los Estados Unidos y con el Congreso. Tendría la fuerza de representar la voluntad mayoritaria que ella logre constituir luego de sus debates, como la flexibilidad para poder discutir y negociar sus diferencias con el Gobierno de los Estados Unidos.

En ese proceso tan interno como bilateral se irían decantando las diversas alternativas, las posibles y las imposibles, las viables y las inviables, las reales y las imaginarias. La Constituyente -reunida en sesión permanente hasta que logre su objetivo- sería foco de atención tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y ante la opinión internacional, y constituiría una presión inmensa que le impediría a los Estados Unidos la posposición de su obligación descolonizadora. Al final del camino, el resultado de ese proceso estaría sujeto a la ratificación de nuestro pueblo en una elección especial.

Invito a la señora Calderón y al señor Pesquera a que consideren esta propuesta o cualquier propuesta análoga con la deliberación que requiere. Lo otro sería dar paso a las fantasías que sólo servirían para remachar el estancamiento y la subordinación que nuestro pueblo rechaza.