UNO DE los temas de mayor prioridad en el presente proceso electoral es el del estado de la economía del país que padece nuestra patria, caracterizada por una dramática reducción en el ritmo de crecimiento de la manufactura. Argumentar lo contrario sería negarse a reconocer la realidad mediante un juego estadístico.

Desde finales de la década de 1970 advertí ante la Legislatura de Puerto Rico que el Congreso de los Estados Unidos comenzaría a reducir inevitablemente, para eliminar finalmente, la Sección 936, sobre la cual se asentaba la inversión del capital norteamericano en Puerto Rico. Propuse entonces como alternativa un nuevo plan de desarrollo económico dirigido a retener el capital manufacturero norteamericano y, además, a atraer capital adicional de otros países industriales. Mi propuesta cayó en oídos sordos. A principios de 1993, presenté la legislación pertinente y, como la mayoría PNP no la consideró, volví a radicar proyectos de ley ampliados y adaptados a las nuevas realidades del cuatrienio que comenzó en 1997, pero esa iniciativa tampoco recibió el respaldo de la mayoría PNP ni de la minoría del PPD.

Como resultado de la incapacidad del Gobierno de Puerto Rico para aprobar legislación que compensara por la eliminación de la Sección 936, durante la década de 1990 Puerto Rico perdió aproximadamente 20,000 empleos directos entre las fábricas que abandonaron el país y aquellas que redujeron su nivel de producción. Esta caída en el número de empleados en el sector más productivo de nuestra economía refleja una peligrosa tendencia que no debemos pasar por alto y que, por lo tanto, requiere de nuestra imaginación y del esfuerzo colectivo de todos los partidos políticos y del sector privado.

El estancamiento de la economía de Puerto Rico no es una situación nueva. A lo largo de los pasados 25 años, la economía puertorriqueña ha registrado un ritmo de crecimiento muy por debajo del de muchos países cuya capacidad de producción era inferior a la nuestra hacia mediados de la década de 1970. La prueba más contundente del fracaso del modelo económico del ELA es que, desde entonces, varios de estos países -más pequeños, con mayor densidad poblacional y con menor dotación de recursos naturales- han logrado mayores niveles de desarrollo económico e industrial que Puerto Rico. No se trata de procesos aislados, sino de experiencias cada vez más frecuentes, según consta en los informes del Banco Mundial y de la Organización de Naciones Unidas. Países como Bahamas, Barbados, St. Kitts y Nevis, vecinos de Puerto Rico, y Chipre, Malta y Singapur entre otros, todos más pequeños que Puerto Rico, han logrado pasarle a Puerto Rico y su producto por persona (PPP en $) es más alto que el de Puerto Rico. En síntesis, la estrategia económica del ELA ya llegó a sus límites y dio lo que podía dar.

Para encaminarnos exitosamente por la ruta del crecimiento y el desarrollo similar a la de esos países más pequeños que Puerto Rico, tenemos que unirnos al mundo e insertarnos en la economía globalizada del presente. Para eso Puerto Rico tiene que comenzar a delinear una nueva estrategia, amparada en las herramientas que recoge el Programa del PIP.

Como paso inicial, propongo la creación de un Plan Maestro de Incentivos Industriales que cobije no sólo a las actuales empresas 30-A, cuyos beneficios culminarán en el año 2005, sino también a las empresas que opten por operar bajo los beneficios de la Sección 901 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y a las empresas de capital puertorriqueño que se están abriendo paso en un ambiente industrial cada vez más competitivo.

Las medidas garantizarán, además, la continuidad del flujo de inversión manufacturera, ampliando las fuentes de capital y creando el espacio para la llegada de empresas japonesas, europeas y de otras partes del mundo, mediante acuerdos de condonación contributiva y a través de la puesta en marcha de tratados comerciales de carácter multilateral. Esto significa que el capital proveniente del exterior podrá iniciar aventuras compartidas -"joint ventures" en el lenguaje empresarial- con el capital puertorriqueño, particularmente en actividades dentro de la manufactura, e incluso en áreas como los servicios, el comercio, la banca internacional, la informática y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Unirnos al mundo significa también ampliar las oportunidades del sector cooperativo, que ya ha probado que puede expandirse exitosamente hacia países vecinos, especialmente en las áreas de seguros y finanzas. Con más de 4,000 millones de dólares en activos, éste es un sector cuyo potencial no ha sido explotado como merece.

El cooperativismo también posee los recursos para darles el impulso y el dinamismo que requieren actividades igualmente importantes, como la agricultura, la agroindustria y las empresas de servicios con base en la gestión comunitaria.

La experiencia internacional demuestra que el respaldo gubernamental a actividades no tradicionales -como aquellas vinculadas al reciclaje y a la producción de mercancías y servicios a nivel de la pequeña y mediana empresa- es una de las formas más efectivas de romperle el espinazo al problema crónico de desempleo estructural. El programa económico del PIP apunta también en esa dirección para originar nuevos escenarios de formación empresarial y técnica.

Puerto Rico no puede quedarse aislado del resto del mundo, amparado en estilos de desarrollo económico cuyos resultados son cada vez más insatisfactorios. Tenemos que propiciar nuevas oportunidades tanto para el capital internacional como para el puertorriqueño en sus diversas formas. Sólo de esa manera dejaremos atrás nuestro actual estado de estancamiento e inestabilidad, y nos integraremos a la corriente del crecimiento autosostenido que nos conducirá al aumento en el bienestar y en la calidad de vida de todos nuestros compatriotas.