LA SEMANA pasada fui invitado a visitar el Seminario Evangélico. Fue una experiencia enaltecedora. Compartí con amigos de juventud, ahora teólogos prominentes, y con nuevos amigos y amigas, ministros del Evangelio, a quienes conocí durante mi estadía en Vieques. Me obsequiaron la generosidad de sus oraciones y una foto de mi padre junto a la clase graduanda de la Academia Bautista de Barranquitas, tomada en la década del 20.

Antes de iniciar mi presentación, cuando ante la prensa y varios visitantes me acompañaba el Dr. Samuel Pagán, presidente del Seminario Evangélico, alguien preguntó por la relación o afinidad entre esa institución y el neoliberalismo. Le indiqué que por definición la ley de la jungla del neoliberalismo chocaba con el mandato cristiano esencial: "Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo". Más tarde, luego de finalizar mi ponencia, compartí con un grupo de ministros unos versos del poeta inglés Thomas Gray que mi padre aprendió en aquella escuela bautista: "Cuántas flores nacen silvestres, y luego pierden su perfume en el aire del desierto".

No es de extrañar, pues, que escriba esta columna, la penúltima antes de las elecciones, sobre la justicia social, objetivo al que todo cristiano debe aspirar.

Es mandato superior y no podemos seguir permitiendo que tantos compatriotas pierdan su perfume en el aire del desierto.

El modelo socioeconómico vigente en Puerto Rico le garantiza la prosperidad y muchas veces el privilegio a un sector muy minoritario de la población.

Por otro lado, el sector mayoritario del país, la clase pobre y la clase media, padece económicamente, recibe servicios de pobre calidad o se ve obligado a endeudarse para cubrir los costos de sus necesidades básicas.

Históricamente, el Partido Independentista Puertorriqueño ha condenado este modelo de apartheid económico y ha adoptado la doctrina de la socialdemocracia como la base filosófica de su política institucional. Esa doctrina, anclada en el principio de la igual dignidad de los seres humanos, postula igual acceso y oportunidad para todos, sin importar la raza, el género, la edad o el origen social de cada individuo.

La vivienda adecuada, el acceso a servicios de salud, la educación a todos los niveles y un ambiente sano, entre otros, no deben ser privilegios de unos pocos, sino derechos de todos los seres humanos. Más aún, en la medida en que haya un sector de la población que no reciba los servicios adecuados para atender sus necesidades básicas, los problemas de dependencia, criminalidad y descomposición social continuarán reproduciéndose.

Desde su fundación, nuestro partido ha sido promotor de que el Gobierno sea el responsable en última instancia de que el pueblo reciba los servicios primarios vitales. Esta obligación no puede abdicarse ni delegarse al sector privado, cuyo ánimo es de lucro.

La prioridad del sector privado no es brindarle los servicios al pueblo, sino obtener ganancias a base de su inversión. Por eso hemos dicho una y otra vez: economía de mercado sí, sociedad de mercado no. El mercado sirve para la interacción de compradores y vendedores. Pero no sirve para lograr la justicia social a que tiene derecho el pueblo y particularmente los más necesitados: los desvalidos, los niños y los ancianos. Esa es obligación de la sociedad, de sus instituciones gubernamentales y comunitarias.

Tradicionalmente, en Puerto Rico, los partidos mayoritarios han adoptado un discurso a favor de la justicia social que contrasta, en la práctica, con las abismales injusticias sociales y con la implantación de una política pública por medio de la cual se ha favorecido la privatización indiscriminada y dogmática de servicios primarios. Actualmente, los candidatos a la gobernación del PPD y el PNP se han expresado a favor de la parcial o total privatización de esos servicios. Ambos candidatos representan el modelo neoliberal de desigualdad e injusticia social que ha colocado a la mayoría de la población a merced de las políticas de mercado, sin importarles que se trata de seres humanos.

El PIP, en cambio, postula una transformación de ese modelo socioeconómico tradicional. Para lograr los objetivos de igualdad de acceso y justicia social debemos comenzar por lo más básico: eliminar las raíces de nuestros prejuicios, fortalecer nuestra fibra moral y renovar nuestro sentido nacional de propósito común -de que todos compartimos un destino como pueblo, más allá de nuestras diferencias ideológicas.

En particular, nuestra propuesta contempla dos niveles separados, pero no mutuamente excluyentes: que el Gobierno se comprometa a garantizar que el pueblo disfrute de los servicios a que todos tenemos derecho y, al mismo tiempo, provea las herramientas a los sectores tradicionalmente marginados económicamente para lograr su autosuficiencia. Actualmente, Puerto Rico atraviesa por un momento histórico de transformación y renovación nacional. Este momento, tan esperanzador para todos, nos exige que se cierre la brecha entre la clase media y pobre y los privilegiados. Con tu voto, puedes expresar tu repudio a la injusticia y la desigualdad y expresar tu voluntad de que en el Puerto Rico del siglo XXI todos los puertorriqueños disfrutemos de la verdadera justicia social. Nadie lo dijo mejor que el ecuménico Juan XXIII: "Todos estamos invitados al banquete de la vida".