El primer señalamiento que nos corresponde hacer en torno a esta propuesta de enmienda a la Ley Número 423 del 27 de octubre de 2000, según enmendada, la cual viabiliza la consulta impuesta por una ley federal al pueblo viequense sobre la continuación de las prácticas de la Marina de Guerra en Vieques, es que constituye un verdadero ejercicio en futilidad.  En primer lugar, para quien haya querido entender las señales enviadas desde los Estados Unidos en las últimas semanas, es evidente que la posposición de la consideración de este asunto en el Congreso norteamericano apunta a la eventual derogación del referéndum.  La notificación de una nueva fecha para la consulta es una mera estrategia para ganar tiempo. Esta manipulación del proceso legislativo norteamericano debería servir, cuando menos, para recordarnos a todos que la Marina no ha actuado nunca de buena fe con respecto a los puertorriqueños, y nada parece indicar que en el futuro lo hará. De hecho, si sucediera lo menos probable y el referéndum llegara a celebrarse, una vez resulte ganadora la alternativa que provee fecha cierta para la terminación del bombardeo,  ¿queda alguien con suficiente ingenuidad como para confiar en la garantía de esa oferta? Después de todo,  ¿no estamos a la espera de que se altere la promesa que se creía escrita en piedra?

De la misma manera, podría suceder que el comité de conferencia congresional que evalúa las enmiendas a la ley aceptara que el referéndum se celebre el 25 de enero del 2002, pero que la fecha más temprana para el cese del bombardeo sea una posterior al 2003.  Suponemos que para los que suscriben la teoría de optar por “ el menor de dos males”, el 2007, o el 2010 o el 2020 seguirían siendo una solución aceptable, bajo la premisa de que veinte años de bombardeo es menos malo que bombardeo para siempre.  En todo caso, la decisión última la hará el Congreso de Estados Unidos, independientemente de lo que aquí se discuta o apruebe.

Conservar la fe en que la vía legislativa nos dará la salida al problema de Vieques es ignorar que la Marina controla ese medio.  En la medida en que las esperanzas de paz para Vieques estén cifradas en un instrumento que la Marina ha diseñado, el papel que nos espera en la colaboración con ese esfuerzo no es el que mejor sirve al bienestar de Vieques.  Si sabemos que la Marina sólo sabe jugar con los dados cargados, lo más sabio es desistir de ese juego, no insistir en continuar esa partida.

Acaso sea el destino de las mayorías parlamentarias de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico hacer clara su disponiblilidad para servir de intérprete a la Marina de Guerra en lo que concierne a esta consulta, aun cuando no se le requiera.  En la misma exposición de motivos del P. de la C. 1939 se admite que “en ninguna de sus disposiciones, la Ley Pública 106-398 (aquella que ordena al Presidente la celebración del referéndum) le hace exigencia de acción, omisión o interpretación a alguna de las Ramas de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Sin embargo, a pesar de que nada le obligaba a ello, y de que de hecho, con su acción violentaba la política pública del Pueblo de Puerto Rico de cese inmediato y permanente al bombardeo en Vieques,  la pasada administración aprobó la ley que hoy se considera enmendar, y que el presente gobierno ha adoptado como suya a través tanto de su negativa a derogarla como de  su defensa en los tribunales.

Precisamente, el cambio en el contenido de la papeleta que propone el P. de la C. 1939 a la ley de consulta, coincide con las alegaciones presentadas en un caso aún ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Propone este proyecto de ley sustituir las opciones en la votación según se establecen en la Ley Número 423, según enmendada, y que corresponden al lenguaje utilizado en las directrices emitidas por el Presidente Clinton por otras que se ajusten al texto preciso de la Ley Pública 106-398.  Así, la papeleta cuyo contenido se ha difundido gracias a los esfuerzos publicitarios sufragados por el pueblo de Puerto Rico, y que presentaba como alternativa en la columna izquierda el cese de toda práctica militar por parte de la Marina en o antes del 1ro  de mayo de 2003, con la transferencia de la sección este del territorio viequense al Departamento del Interior de los Estados Unidos y como opción en la columna derecha la continuación de los entrenamientos en Vieques con bala viva y con un pago de cincuenta millones de dólares, sería sustituida por una papeleta que inquiriría al elector viequense si aprueba o si  desaprueba la continuación de la conducción de entrenamientos con bala viva y cualquier otro tipo de entrenamiento por las Fuerzas Armadas en las facilidades de la Marina ubicadas en la isla de Vieques.  Esta nueva papeleta ciertamente cumple con traducir –de manera literal, por cierto—la pregunta objeto de la consulta tal y como la plantea la ley federal.  El propósito  confeso de este cambio es que la pregunta que se haga sea exactamente la que el Congreso quiere que se haga, con las palabras que el Congreso quiere que se haga.  Nada tiene que ver este esfuerzo con materializar las aspiraciones de paz del pueblo viequense, que tan claramente quedaron consignadas en la votación del 29 de julio de este año.  Todo lo contrario, el texto de la ley federal que traducen los autores del proyecto dispone claramente que si la mayoría de los votantes de Vieques desaprobaran la continuación de las prácticas, entonces el Secretario de Defensa procuraría el cese de las mismas no más tarde del 1ro de mayo de 2003, y procedería a transferir sus propiedades en el área este de Vieques al Departamento del Interior, mientras que si la opción ganadora fuese la de aprobación de la continuación de las prácticas, éstas continuarían su curso y el Presidente podría entregar los cincuenta millones prometidos.  Se trata pues, del proverbial perro con distintos lazos; bajo la ley de la administración Roselló, o bajo la propuesta ley de la administración Calderón, los viequenses estarían votando por alternativas con idénticas consecuencias.  Y hay que subrayar que ninguna de esas consecuencias incluye la devolución de los terrenos en posesión de la Marina.  La alternativa que se ha considerado como el menor de dos males constituye en efecto una solicitud de consentimiento para que el gobierno de los Estados Unidos retenga a perpetuidad la titularidad de las tierras en el este de Vieques.

Aclarado así el punto de la doble inutilidad de este proceso, la interrogante inescapable es: ¿de qué manera podemos materializar no el deseo del Congreso de los Estados Unidos, no el interés de la Marina de Guerra, sino la voluntad democrática de ese 68.2% de viequenses que votó por el cese inmediato y permanente al bombardeo y la devolución de los terrenos?  Las administraciones del ex gobernador Roselló y de la gobernadora Calderón han intentado, con variedad de matices e intensidad distintos remedios: comparecencias ante el Congreso, aprobación de leyes, radicación de un pleito.  Los resultados los conocemos. Ninguno de esos mecanismos ha tenido un impacto significativo sobre la actitud y disposición de la Marina de Guerra y del gobierno norteamericano. La realidad es que han fracasado de manera absoluta; el pueblo viequense ha pedido paz para su tierra y el gobierno, con la timidez de sus reclamos, ha sido incapaz de lograrla.  De hecho, en las próximas semanas se espera la reanudación del bombardeo.

El único recurso que ha demostrado ser efectivo en esta lucha es el de la desobediencia civil pacífica. Como hemos dicho en otras ocasiones, se trata del enfrentamiento de la fuerza moral de los puertorriqueños contra la fuerza mortal de la Marina.  A través de la desobediencia civil, hombres y mujeres de la institución que hoy represento aquí, el Partido Independentista Puertorriqueño, de otras organizaciones políticas, del sector religioso y laboral, estudiantes, puertorriqueños y puertorriqueñas de todas las ideologías, han transformado el sacrificio de su libertad personal en voz de denuncia  contra el abuso de la Marina.  Y esa voz ha sido escuchada.

Por supuesto, no somos los únicos que se quieren hacer oír.  El Presidente de los Estados Unidos se ha visto obligado a debatirse en torno al tema de Vieques cuando ha tenido que enfrentarse al costo politico de desatender el reclamo potente de los puertorriqueños.  Pero cuando por otro lado la Marina logra asirse de las “circunstancias especiales” provocadas por los sucesos del 11 de septiembre para aferrarse a lo que desde mucho antes se negaba a ceder, la balanza se inclina en la dirección más perjudicial para nosotros.  Contrarrestar ese efecto es tarea que nos corresponde a todos los que creemos en el derecho de los viequenses a vivir en paz y en el derecho de todo nuestro pueblo a defender la integridad de nuestro territorio.

Si al Congreso norteamericano le preocupa –y es una preocupación muy razonable—conocer el parecer de los viequenses, ahí están los resultados de la votación del 29 de Julio de 2001. No puede ser el papel de nuestros legisladores contribuir a la humillante impresión de que la democracia es menos legítima cuando se trata de nuestra democracia.  Queda en manos de ustedes determinar de qué voz se hará eco la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: si del pedido de la Marina para que los viequenses consientan a que el gobierno norteamericano no devuelva nunca las tierras del este, o de la exigencia democrática de la inmensa mayoría de viequenses que, a instancias de este mismo cuerpo legislativo, votó ya a favor del cese inmediato y permanente del bombardeo y la devolución de los terrenos.