El 28 de junio del año 2000, luego de advertirle que en la madrugada de ese día el vicepresidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Fernando Martín, había penetrado en terrenos militares restringidos del gobierno norteamericano en Vieques junto a 135 militantes del partido como parte de la campaña de desobediencia civil contra los bombardeos de la Marina en esa isla, le propuse al presidente Bill Clinton, en una reunión en Casa Blanca, que creara un mecanismo para atender el tema del status para que, independientemente del resultado de las elecciones norteamericanas de ese año se le diera continuidad institucional al asunto. Era el momento oportuno para que los Estados Unidos se determinara enfrentar el problema centenario de su relación política con Puerto Rico, ya que la coyuntura de Vieques había expuesto tan dramáticamente ante el mundo la condición colonial de la Isla. Antes de terminar su mandato, Clinton anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre el Status de Puerto Rico, gestión que se convirtió en proyecto bipartita cuando el presidente George W. Bush, al asumir el poder, ratificó y renovó la iniciativa de su predecesor.

Recientemente, el Grupo de Trabajo ha presentado su informe en el que oficial y formalmente se reconoce que el Estado Libre Asociado -o cualquier variación del mismo- es un status transitorio de carácter territorial, y que para los Estados Unidos las únicas alternativas de status constitucionalmente aceptables como finales son la estadidad y la independencia (desde la cual podría también formalizarse un pacto de libre asociación).

Hacer que el mudo hable ha sido por muchos años uno de los objetivos de la estrategia del PIP. Aunque las conclusiones constitucionales ya habían sido anticipadas -como lo evidencian los memoriales del Departamento de Justicia incluidos en los apéndices- la dificultad estribaba en convertirlas pública y formalmente en la posición oficial de Casa Blanca. De ahí la trascendencia del informe.

Lo que el informe significa es que Estados Unidos se ha visto forzado a repudiar la colonia ante la creciente insatisfacción de los puertorriqueños con la subordinación política y ante las nuevas circunstancias históricas. La misma criatura política que fue para ellos tan útil como bastión geopolítico y militar durante la Guerra Fría, hoy -desmantelada la presencia militar y eliminados los privilegios contributivos federales para las compañías norteamericanas en la Isla- ya no le rinde a los Estados Unidos beneficios que compensen sus costos políticos y económicos, actuales o potenciales.

En el 1952, los Estados Unidos no vacilaron en mentir y extorsionar a la ONU alegando que el ELA concedía a los puertorriqueños pleno gobierno propio, y que por lo tanto nuestro país ya no era un territorio dependiente. Hoy, aunque -como era de esperarse- el informe está redactado en la terminología del derecho constitucional norteamericano, la confesión de que la Isla es una posesión territorial de los EE.UU. es inescapablemente una admisión de que ante el derecho internacional seguimos siendo una colonia y que conforme a la Resolución 1514 del 1960 tenemos el derecho inalienable a la libre determinación e independencia.

Pero el informe va más allá y recomienda como primer paso que, en el curso del presente año, el Congreso legisle para la celebración de un plebiscito en que los puertorriqueños decidan si quieren continuar bajo el actual status colonial, o si quieren encaminarse hacia la independencia o la estadidad. De optar el pueblo puertorriqueño por repudiar el status colonial, en una etapa posterior se celebrará un plebiscito entre las alternativas finales; y para remachar, de prevalecer el status actual se celebrarían plebiscitos periódicos hasta que el pueblo repudie la colonia.

Las posiciones de Casa Blanca han suscitado el pánico entre los personeros del colonialismo y algunos colaboradores que echaron su suerte con el PPD y plañen despavoridos e insultantes porque los Estados Unidos le da la espalda a la colonia.

Los líderes colonialistas por un lado dicen que el informe no tiene importancia, y por otro el Gobernador anuncia su intención de acudir ante el Comité de Descolonización para plantear la grotesca tesis del colonialismo como derecho. Alegan, además, que la iniciativa para un cambio de status debe partir de Puerto Rico, como si el país olvidara que cuando a principios del 2005, todos los partidos se pusieron de acuerdo y la Legislatura, a instancias del PIP y de forma unánime, exigió de los Estados Unidos un compromiso con la descolonización, el Gobernador vetó esa iniciativa.

Todas son excusas para seguir apoyando el colonialismo, mientras en su propio partido se revuelca el avispero.

Pero el proceso de descolonización es inexorable. Se acerca la hora de la suprema definición -yanquis o puertorriqueños- que anticipó don Pedro sería preludio de la independencia. Descartada la colonia del ELA por los mismos que la engendraron y ante la imposibilidad de la integración como estado de la unión americana, la independencia es cuestión de tiempo y circunstancia.

Ya sea porque un plebiscito como el que propone el informe se apruebe en éste o un próximo Congreso o ya sea porque acordemos en Puerto Rico un procedimiento -como sería una legítima Asamblea Constitucional de Status- en que quede excluida cualquier fórmula colonial o territorial, la sentencia de muerte de la colonia ya está redactada. Sólo falta la firma.

En cuanto a la alternativa de la estadidad, ya le llegará su turno. Puerto Rico es un donante incompatible con el cuerpo político norteamericano. Los Estados Unidos ni son ni están dispuestos a convertirse en un estado multinacional. Más aun, Puerto Rico siempre ha sido preludio para la política de los EE.UU. hacia la América Latina, y sería inconcebible que ese país proyectara la integración política de una nación latinoamericana como Puerto Rico como base de sus futuras relaciones con el resto del continente. Después de Puerto Rico, ¿quién?

El que a estas alturas, sin ser estadista, insista en la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico (o del igualmente imposible territorio incorporado) sólo busca excusas para apoyar el colonialismo o se ha tragado el cuento de que Estados Unidos responde no a sus intereses sino a la voluntad de sus súbditos coloniales.

De otro lado, los que piensan que Puerto Rico no será independiente porque al presente los independentistas somos minoría se olvidan que las mayorías van y vienen; todo depende de las circunstancias, las condiciones y la viabilidad de las alternativas. Se olvidan de Vieques, donde una minoría se convirtió en par de años en mayoría y triunfó.

El informe de Casa Blanca abre un formidable taller de trabajo para el independentismo. En Puerto Rico desata un proceso político que facilita la labor del independentismo dirigida a superar la mentalidad colonial por todos los medios disponibles. En los Estados Unidos nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos a vencer la inercia del Congreso ya que ese cuerpo sólo actúa bajo presión cuando no le queda otro remedio -lo que llaman manejo de crisis. Ante esas realidades, el PIP se propone este año -que marca el sesenta aniversario de nuestra fundación- además de su trabajo en Puerto Rico y ante el Congreso y la opinión pública norteamericana, organizar una gran ofensiva internacional culminando con un Congreso Latinoamericano por la Descolonización e Independencia de Puerto Rico. Trabajaremos también para transformar las vistas anuales del Comité de Descolonización de la ONU sobre el caso de Puerto Rico en un foro ampliado de apoyo internacional y para impulsar una iniciativa dirigida a que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico.

Queda mucho por hacer, aquí, en los Estados Unidos y a nivel internacional pero Puerto Rico será libre. El triunfo es de los que perseveran y no rehúyen el combate.

El 28 de junio del año 2000, luego de advertirle que en la madrugada de ese día el vicepresidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Fernando Martín, había penetrado en terrenos militares restringidos del gobierno norteamericano en Vieques junto a 135 militantes del partido como parte de la campaña de desobediencia civil contra los bombardeos de la Marina en esa isla, le propuse al presidente Bill Clinton, en una reunión en Casa Blanca, que creara un mecanismo para atender el tema del status para que, independientemente del resultado de las elecciones norteamericanas de ese año se le diera continuidad institucional al asunto. Era el momento oportuno para que los Estados Unidos se determinara enfrentar el problema centenario de su relación política con Puerto Rico, ya que la coyuntura de Vieques había expuesto tan dramáticamente ante el mundo la condición colonial de la Isla. Antes de terminar su mandato, Clinton anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre el Status de Puerto Rico, gestión que se convirtió en proyecto bipartita cuando el presidente George W. Bush, al asumir el poder, ratificó y renovó la iniciativa de su predecesor.

Recientemente, el Grupo de Trabajo ha presentado su informe en el que oficial y formalmente se reconoce que el Estado Libre Asociado -o cualquier variación del mismo- es un status transitorio de carácter territorial, y que para los Estados Unidos las únicas alternativas de status constitucionalmente aceptables como finales son la estadidad y la independencia (desde la cual podría también formalizarse un pacto de libre asociación).

Hacer que el mudo hable ha sido por muchos años uno de los objetivos de la estrategia del PIP. Aunque las conclusiones constitucionales ya habían sido anticipadas -como lo evidencian los memoriales del Departamento de Justicia incluidos en los apéndices- la dificultad estribaba en convertirlas pública y formalmente en la posición oficial de Casa Blanca. De ahí la trascendencia del informe.

Lo que el informe significa es que Estados Unidos se ha visto forzado a repudiar la colonia ante la creciente insatisfacción de los puertorriqueños con la subordinación política y ante las nuevas circunstancias históricas. La misma criatura política que fue para ellos tan útil como bastión geopolítico y militar durante la Guerra Fría, hoy -desmantelada la presencia militar y eliminados los privilegios contributivos federales para las compañías norteamericanas en la Isla- ya no le rinde a los Estados Unidos beneficios que compensen sus costos políticos y económicos, actuales o potenciales.

En el 1952, los Estados Unidos no vacilaron en mentir y extorsionar a la ONU alegando que el ELA concedía a los puertorriqueños pleno gobierno propio, y que por lo tanto nuestro país ya no era un territorio dependiente. Hoy, aunque -como era de esperarse- el informe está redactado en la terminología del derecho constitucional norteamericano, la confesión de que la Isla es una posesión territorial de los EE.UU. es inescapablemente una admisión de que ante el derecho internacional seguimos siendo una colonia y que conforme a la Resolución 1514 del 1960 tenemos el derecho inalienable a la libre determinación e independencia.

Pero el informe va más allá y recomienda como primer paso que, en el curso del presente año, el Congreso legisle para la celebración de un plebiscito en que los puertorriqueños decidan si quieren continuar bajo el actual status colonial, o si quieren encaminarse hacia la independencia o la estadidad. De optar el pueblo puertorriqueño por repudiar el status colonial, en una etapa posterior se celebrará un plebiscito entre las alternativas finales; y para remachar, de prevalecer el status actual se celebrarían plebiscitos periódicos hasta que el pueblo repudie la colonia.

Las posiciones de Casa Blanca han suscitado el pánico entre los personeros del colonialismo y algunos colaboradores que echaron su suerte con el PPD y plañen despavoridos e insultantes porque los Estados Unidos le da la espalda a la colonia.

Los líderes colonialistas por un lado dicen que el informe no tiene importancia, y por otro el Gobernador anuncia su intención de acudir ante el Comité de Descolonización para plantear la grotesca tesis del colonialismo como derecho. Alegan, además, que la iniciativa para un cambio de status debe partir de Puerto Rico, como si el país olvidara que cuando a principios del 2005, todos los partidos se pusieron de acuerdo y la Legislatura, a instancias del PIP y de forma unánime, exigió de los Estados Unidos un compromiso con la descolonización, el Gobernador vetó esa iniciativa.

Todas son excusas para seguir apoyando el colonialismo, mientras en su propio partido se revuelca el avispero.

Pero el proceso de descolonización es inexorable. Se acerca la hora de la suprema definición -yanquis o puertorriqueños- que anticipó don Pedro sería preludio de la independencia. Descartada la colonia del ELA por los mismos que la engendraron y ante la imposibilidad de la integración como estado de la unión americana, la independencia es cuestión de tiempo y circunstancia.

Ya sea porque un plebiscito como el que propone el informe se apruebe en éste o un próximo Congreso o ya sea porque acordemos en Puerto Rico un procedimiento -como sería una legítima Asamblea Constitucional de Status- en que quede excluida cualquier fórmula colonial o territorial, la sentencia de muerte de la colonia ya está redactada. Sólo falta la firma.

En cuanto a la alternativa de la estadidad, ya le llegará su turno. Puerto Rico es un donante incompatible con el cuerpo político norteamericano. Los Estados Unidos ni son ni están dispuestos a convertirse en un estado multinacional. Más aun, Puerto Rico siempre ha sido preludio para la política de los EE.UU. hacia la América Latina, y sería inconcebible que ese país proyectara la integración política de una nación latinoamericana como Puerto Rico como base de sus futuras relaciones con el resto del continente. Después de Puerto Rico, ¿quién?

El que a estas alturas, sin ser estadista, insista en la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico (o del igualmente imposible territorio incorporado) sólo busca excusas para apoyar el colonialismo o se ha tragado el cuento de que Estados Unidos responde no a sus intereses sino a la voluntad de sus súbditos coloniales.

De otro lado, los que piensan que Puerto Rico no será independiente porque al presente los independentistas somos minoría se olvidan que las mayorías van y vienen; todo depende de las circunstancias, las condiciones y la viabilidad de las alternativas. Se olvidan de Vieques, donde una minoría se convirtió en par de años en mayoría y triunfó.

El informe de Casa Blanca abre un formidable taller de trabajo para el independentismo. En Puerto Rico desata un proceso político que facilita la labor del independentismo dirigida a superar la mentalidad colonial por todos los medios disponibles. En los Estados Unidos nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos a vencer la inercia del Congreso ya que ese cuerpo sólo actúa bajo presión cuando no le queda otro remedio -lo que llaman manejo de crisis. Ante esas realidades, el PIP se propone este año -que marca el sesenta aniversario de nuestra fundación- además de su trabajo en Puerto Rico y ante el Congreso y la opinión pública norteamericana, organizar una gran ofensiva internacional culminando con un Congreso Latinoamericano por la Descolonización e Independencia de Puerto Rico. Trabajaremos también para transformar las vistas anuales del Comité de Descolonización de la ONU sobre el caso de Puerto Rico en un foro ampliado de apoyo internacional y para impulsar una iniciativa dirigida a que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico.

Queda mucho por hacer, aquí, en los Estados Unidos y a nivel internacional pero Puerto Rico será libre. El triunfo es de los que perseveran y no rehúyen el combate.