Los Estados Unidos, el autor intelectual del actual régimen colonial del ELA, admite hoy su delito colonial y se ofrece como testigo del pueblo. La explicación de lo ocurrido no es un misterio. Los intereses geopolíticos y militares que a lo largo del siglo XX le servían de fundamento a los Estados Unidos para justificar el colonialismo han dejado de tener vigencia.

Los costos económicos, políticos y culturales de continuar sosteniendo el colonialismo son mayores que cualquier cálculo de beneficios para el interés nacional de los Estados Unidos.

No es de extrañar, pues, que la semana pasada, y luego de un extendido periodo de negación en que despachaban el informe de Casa Blanca como un asunto sin importancia ni consecuencia, el liderato del PPD organizó por fin una iniciativa de “control de daños”.

En un intento de obstruir la consideración por parte del Congreso de un proyecto que parta de la premisa de que el ELA es colonial y territorial, Acevedo Vilá consiguió que cuatro senadores federales radicaran un proyecto de ley.

El proyecto propone que el Congreso autorice una mal llamada Asamblea Constitucional de Status y que quien prevalezca en ella le solicite al Congreso la estadidad, la independencia o un ELA con modificaciones. El proyecto corrompe la buena idea de una Asamblea Constitucional de Status mutilándole su misión descolonizadora y convirtiéndola en una Asamblea Colonial de Status diseñada para que, prometiendo “lo mejor de los dos mundos”, se pueda consolidar y recomponer el apoyo al desacreditado Estado Libre Asociado. De esa forma pretenden prevalecer en la elección de delegados a la Asamblea y luego negociar una prórroga al colonialismo por cincuenta años más.

Se trata de repetir un ejercicio similar al que dio margen a la creación del ELA, la Ley Pública 600 que específicamente sirve de marco al proyecto radicado. Ante esa ley, la ley de consentimiento al colonialismo mediante fraude y engaño, fue que don Pedro lideró la Revolución del 1950. Por causa de esa ley fue que murieron y sufrieron cárcel muchos patriotas; apoyar una versión maquillada de la misma, también fundamentada en la falsificación y la mentira, sería renegar de su memoria.

El aval público de Rafael Hernández Colón a la propuesta del gobernador es prueba irrefutable de que lo que se pretende hacer es legitimar el actual status como uno no colonial e impedir, por lo tanto, que el asunto se pueda plantear como uno de descolonización. El objetivo de Rafael Hernández Colón sigue siendo -como sabe todo el mundo- el de la unión permanente bajo la soberanía de los Estados Unidos.

El plan de Aníbal Acevedo Vilá era no tener que hablar del tema del status hasta las elecciones del 2008 y entonces servirse con la cuchara grande. Sin embargo, el desarrollo del tema de status los ha obligado a revelar prematuramente esa estrategia.

La confirmación de todo lo anterior está contenida en un insólito y revelador artículo publicado recientemente en el The New York Times bajo la firma de Jeanne Kirkpatrick y Ken Adelman. La señora Kirkpatrick, rémora de la guerra fría y su coautor, cabildero a sueldo del PPD en Washington, convertidos ahora en promotores de la Asamblea de Status, critican el Informe de la Casa Blanca acusándolo de utilizar contra el ELA los argumentos que ha esgrimido el gobierno de Cuba para desenmascarar el régimen colonial vigente. ¡Hasta la señora Kirkpatrick reconoce el gran triunfo que representa el Informe de Casa Blanca para todos los que defienden la independencia de nuestra patria, en Puerto Rico, en Cuba y en el mundo entero! Sólo los colonialistas y sus colaboradores se atreven negar esa verdad.

Kirkpatrick y Adelman irónicamente se han visto forzados a reconocer que el Informe constituye un cambio decisivo de la Casa Blanca con relación a Puerto Rico. Tienen razón. Ante esas realidades la respuesta no puede ser, como pretenden algunos, la de preservar una alternativa colonial bien maquillada por miedo a que los que favorecen la estadidad lleguen a ser mayoría. El que así piense estaría condenado para siempre no sólo a ser rehén de los colonialistas, sino su colaborador activo, como ya lo son algunos acólitos provenientes del independentismo cuyo voto está comprometido incondicionalmente con el Partido Popular y que se dedican consuetudinariamente a atacar al Partido Independentista Puertorriqueño por todos los medios que el PPD pone a su disposición.

Hay que atreverse a ganar.

La realidad es que la primera consecuencia de la eliminación de la alternativa colonial es que las pretensiones de los anexionistas habrán de entrar en conflicto con las mil razones por las cuales la estadidad para Puerto Rico no es un proyecto histórico posible. Y, por supuesto, si la estadidad no es posible porque Puerto Rico es una nación latinoamericana, tampoco lo es el territorio incorporado puesto que conceder el territorio incorporado es precisamente comprometerse con la estadidad.

El Partido Independentista está comprometido a forzar al Congreso de los Estados Unidos a enfrentar sus insalvables contradicciones con respecto a Puerto Rico. Ya los puertorriqueños forzamos a los Estados Unidos a revaluar su presencia en Vieques y éstos llegaron a la conclusión de que había llegado el momento de irse. De la misma manera, si los forzamos a enfrentar el tema del status, no tendrán otra alternativa que coincidir con el independentismo en que ha llegado el momento histórico de ponerle fin a la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.