La experiencia de los últimos 20 años demuestra que el llamado Proyecto Pierluisi (H.R. 2499), si no se enmienda sustancialmente, está destinado al fracaso. El Congreso de Estados Unidos no aprobará ley alguna con una promesa directa o implícita de estadidad para Puerto Rico. Por supuesto, jamás lo admitiría públicamente. Aduciría -como ya lo han hecho varios de sus miembros- a la falta de consenso entre los partidos políticos puertorriqueños.

Pero el Congreso no debe escudarse en que no existe consenso como pretexto para la inacción. Habiendo firmado y ratificado el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos está legalmente obligado bajo el Artículo 1 del Tratado a "promover la realización del derecho a la libre determinación".

El derecho a la libre determinación e independencia es un derecho inalienable del pueblo puertorriqueño y puede ser ejercido aun ante la oposición o indiferencia congresional. No obstante, Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de promover un proceso o proveer un mecanismo para viabilizar el ejercicio de ese derecho.

A su vez, los puertorriqueños, aunque diferimos sobre las alternativas de status, sí podemos acordar un procedimiento para resolver el problema.

Las enmiendas que he propuesto ante el Congreso al H.R. 2499 constituyen una ruta para romper el tranque del status.

Primero, se les preguntaría a los puertorriqueños si desean o no superar su actual status territorial. Y segundo, se les preguntaría en la misma papeleta si prefieren el mecanismo de una Asamblea Constituyente o Constitucional de status o un plebiscito entre alternativas no coloniales y no territoriales. Estaría entonces el Congreso en posición de responder al reclamo de los puertorriqueños, fuera éste producto de un plebiscito local (a propuesta del PNP) o de una Asamblea Constituyente o Constitucional de Status (a propuesta del PPD y el PIP).

Este enfoque tiene una doble virtud.

Provee un procedimiento para que el pueblo, mediante el voto, pueda romper el tranque entre los mecanismos procesales que propulsan los partidos y acaba con la excusa inmovilista de la ausencia de consenso. Nadie debería oponerse a que el pueblo puertorriqueño decida mediante el voto asuntos de tanta importancia.

El Congreso no enfrentará el problema del status si no lo forzamos. Pero el Congreso ya no puede mediante la inacción evitar enfrentarse al problema. De no aprobarse legislación federal, el liderato del PNP ya ha anunciado un plebiscito local. O el Congreso aprueba un proceso racional y justo para resolver el problema, como el que hemos propuesto, o tendrá que lidiar con el resultado de un plebiscito diseñado para que triunfe la estadidad.

Más aún, el Congreso también está sujeto a la presión internacional. Por eso, debe estar consciente que el interés nacional de Estados Unidos, enunciado por su presidente en la Cumbre de las Américas, exige una nueva relación con América Latina y que el problema de Puerto Rico afecta esta relación.

La semana pasada, por iniciativa de nueve (9) países latinoamericanos y caribeños, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por unanimidad una resolución exigiendo de Estados Unidos el cumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras respecto a Puerto Rico, de acuerdo a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Así también lo habían hecho recientemente 33 de los más importantes partidos políticos latinoamericanos de la más amplia diversidad ideológica. Para América Latina, Puerto Rico es un símbolo de las desacreditadas políticas imperiales de Estados Unidos.

En última instancia, el problema colonial de Puerto Rico es y siempre ha sido hasta dónde se extiende la frontera de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Si Estados Unidos aspira a una nueva relación con América Latina, tendrá que enfrentar el problema de status de Puerto Rico, una nación latinoamericana.

Tiene que deslindarse la frontera. ¡O yanquis o latinoamericanos!