UN DERECHO FUNDAMENTAL
Por Denis Márquez
Secretario de Organización
Partido Independentista Puertorriqueño
Publicado en Periódico Metro
10 abril 2015
El derecho a la salud es, en cualquier sociedad, un indicador imprescindible que refleja también el nivel de calidad de vida y de orden de un país. En Puerto Rico, sin embargo, los gobiernos populares y penepés han convertido este derecho en un negocio muy lucrativo para los grandes intereses de exclusivos sectores perjudicando la salud física y mental del resto de la gran mayoría de nuestra población. Este desorden, encarnado en sus llamadas "reformas de salud", también ha tenido consecuencias negativas y ha afectado directamente a los proveedores, las farmacias de comunidad, los laboratorios clínicos, los médicos y los dentistas, entre otros. En un escenario como este, las consecuencias de la renuncia del Procurador del Paciente son, realmente, inconsecuentes.
El inicio de un nuevo periodo de contratos de la "reforma de salud" no ha sido diferente a los anteriores. La falta de contratos a proveedores por la negativa de las aseguradoras de contratar con ellos -a pesar de que ya han sido evaluados, certificados y aprobados para rendir servicios en diversas regiones de Puerto Rico por el mismo gobierno que hoy tampoco cuestiona a esas aseguradoras- y la incertidumbre sobre las tarifas que se les pagará son solo algunos ejemplos del desastre que caracteriza a este mal llamado modelo de salud. Esto sucede cuando el gobierno visualiza la salud como un "bien de consumo" negociable y contratable por empresas cuyo fin primario es el lucro. Para el Partido Independentista Puertorriqueño la buena salud es un derecho fundamental de los individuos y de todas las comunidades, es un requisito fundamental para maximizar la calidad de vida y los potenciales de los seres humanos. Tenemos como objetivo el que la salud sea como debe ser: un asunto de solidaridad humana en colaboración mutua y no el afán de lucro que privilegie a algunos y abandone a todos. Es, por ello, una responsabilidad indelegable del Estado garantizar que todas las personas tengan el mismo acceso, la misma calidad e igualdad de servicios de salud.
Podrán los gobiernos de turno cambiar los actores que supuestamente vienen llamados a fiscalizar los programas de salud, o a anunciar con bombos y platillos que han otorgado contratos a grandes aseguradoras por las regiones del país; podrán "darse la vuelta" alguna que otra vez por los centros de salud para observar desde afuerita las penurias de miles de personas al momento de recibir los servicios, pero nada de eso cambiará la situación de que, al igual que en otras áreas de la vida puertorriqueña, sus gobiernos han fracasado.
Procurar y concretar un buen sistema de salud con acceso igualitario al mismo requiere que comencemos por entender que los problemas de salud son multidimensionales. Como tales son productos de la pobreza, el colonialismo, la falta de educación, del desempleo, de las viviendas inadecuadas, de problemas ambientales entre otros factores. Esto hace del problema de la salud un asunto político, económico y social. Todavía en la segunda década del siglo XXI muchas familias puertorriqueñas tienen que recurrir a la aleatoria pero siempre solidaria ayuda de sus comunidades para lograr tener acceso a los necesarios servicios de salud. Con frecuencia los medios de comunicación trasmiten las suplicas de familiares de quienes están ante la latente posibilidad de perder la vida. Y resulta terrible, indignante, que el derecho a la vida de cualquiera dependa de su capacidad económica.
