San Juan, Puerto Rico. 13 de mayo de 2013. - La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago Negrón, logró hoy que sin oposición alguna se aprobara una enmienda a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, de tal forma que se eliminó la imposición de la sanción económica que proveía el estatuto en contra de las comunidades o entidades que resultaran perdidosas en un proceso de impugnación de concesión de permisos.
“La disposición que hoy, casi de forma accidental, ha sido eliminada pendía como una Espada de Damocles sobre los litigantes en casos ambientales pues les exponían a tener que pagar a una empresa constructora el costo que la dilación en su proyecto hubiera causado la impugnación del permiso de construcción. De hecho, en el caso de que la parte promovente estuviera representada por algún grupo, entidad o comunidad hacía a su Portavoz personalmente responsable”, señaló la Senadora independentista.

La enmienda se presentó en medio del debate sobre el Proyecto del Senado 367, al cual se opuso la legisladora del PIP y que propone enmendar la Ley de la Judicatura y la Ley de Permisos para alterar la jurisdicción del Tribunal Supremo en ciertos asuntos como la consideración en jurisdicción original de recursos de mandamus y de certificaciones provenientes del Tribunal de Primera Instancia. La medida de la autoría del Presidente del Senado se incluyó a última hora en el calendario de la Sesión, acompañada de un Informe en el que sólo figuraba la opinión de la Oficina de Administración de Tribunales.

“Es insólito que no se haya solicitado ponencias al Colegio de Abogados, a las Escuelas de Derecho, ni a ninguno de los abogados especializados en derecho procesal en Puerto Rico tratándose de una medida que trae importantes cambios a la litigación en el País. Tan pobre ha sido la redacción de la medida –que aún adelantado el debate- se seguían presentando enmiendas de último minuto. Esta no es una forma responsable de legislar para el País”, sentenció Santiago Negrón.

De convertirse en Ley el Proyecto que se aprobó por votación partidista, se eliminaría la posibilidad de que en casos de alto interés público una de las partes pueda acudir directamente al Tribunal Supremo por el mecanismo de certificación, lo que en casos que requieren una solución urgente pudiera hacer inútil por académico el trámite judicial.