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Testimonio de la Vice Presidenta del PIP
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| 21
de junio de 2001
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Señor
Presidente y Señores Delegados:
Mi
nombre es María de Lourdes Santiago y comparezco como vicepresidenta del
Partido Independentista Puertorriqueño.
Me acompaña el Senador Fernando Martín, Presidente Ejecutivo del
PIP. Al
igual que el año pasado, comparecemos ante este Comité mientras en
Puerto Rico se revela nuevamente la expresión más cruda del dominio político
de los Estados Unidos sobre nuestra isla.
La Marina de Guerra de los Estados Unidos ha reiniciado, contra la
voluntad de los puertorriqueños, el bombardeo sobre la isla de Vieques.
Tal y como ha ocurrido durante las últimas maniobras, decenas de
desobedientes civiles han logrado penetrar la zona restringida, arriesgándose
a las cada vez más severas condenas impuestas por el brazo jurídico de
la Marina, el tribunal federal norteamericano en Puerto Rico. Como cuestión de hecho, el presidente de nuestro Partido,
Rubén Berríos Martínez, se encuentra encarcelado en estos momentos, y
celebra hoy su cumpleaños cumpliendo una sentencia de cuatro meses, tras
su más reciente entrada al polígono en Vieques.
En cuanto a él y a los demás hombres y mujeres que se encuentran
ya o que próximamente serán ingresados en la prisión de las autoridades
norteamericanas en Puerto Rico (y en Nueva York, en el caso de los que han
sido trasladados) repetimos en este foro nuestra exigencia de que se
respete su seguridad y su integridad física. La
semana pasada el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció
un posible cese de maniobras en el 2003.
Esta nueva posición del gobierno norteamericano sólo refleja una
anticipación de los resultados que habría obtenido el referéndum que
por imposición de la administración del Presidente Clinton se celebraría
en Vieques en noviembre de este año.
Y al igual que dicho referéndum, el anuncio de Bush falla de forma
imperdonable al no ofrecer lo que efectivamente es la voluntad de la
inmensa mayoría de los puertorriqueños: el cese inmediato y permanente
del bombardeo y la devolución ordenada de los terrenos.
Como en toda la política colonial de los Estados Unidos hacia
Puerto Rico, lo propuesto por Bush aspira a encubrir bajo un manto de
comprensión y magnanimidad lo que no es sino otra expresión de la vocación
de dominio de ese país hacia los puertorriqueños.
Porque más allá de los evidentes problemas de derechos humanos o
civiles, o del tema ambiental, Vieques es fundamentalmente un problema político
causado por la relación de subordinación política de nuestro pueblo con
los Estados Unidos. Para
quien no pudiera entender el problema colonial de Puerto Rico, Vieques le
ha dado el ejemplo a la vez más dramático y sencillo: se trata de que
los Estados Unidos, a plena conciencia, e ignorando por completo nuestra
voluntad, logren insistir en mantener un curso de acción en claro
perjuicio de los puertorriqueños. Esta carencia de un mínimo de
autodeterminación, esta imposibilidad de actuar para proteger la
integridad de nuestro suelo y la salud de nuestra gente, es sólo un síntoma
del más profundo y complejo problema colonial. Así, aún el gobierno de
Puerto Rico-- que por primera vez en 103 años de coloniaje, empujado por
la voluntad del pueblo, no ha seguido ciegamente a la metrópoli-- sólo
puede quedarse con la evidencia en la mano sobre los daños que los
ejercicios bélicos causan a la salud y al ambiente, sin poder hacer nada
para detener el bombardeo. Es
la misma impotencia que se impone ante el reciente dictamen de un tribunal
apelativo norteamericano, según el cual la pena de muerte puede ser
aplicada en nuestro territorio por las autoridades norteamericanas en
casos bajo su jurisdicción, aun cuando la Constitución de Puerto Rico
disponga expresamente que no existirá la pena de muerte; la misma
incapacidad de actuar ante la determinación del tribunal de los EU en
Puerto Rico, cuando decide que el gobierno de Puerto Rico no tiene
autoridad para pasar juicio sobre el proceder la Marina desde su base en
el municipio de Ceiba, cuando sustrae sin pagar por ello millones de
galones de agua potable (muchos de los cuales son arrojados al mar),
condenando a una sequía permanente a miles de familias puertorriqueñas
que dependen del mismo abasto de agua.
Esta
nueva calidad de tangibilidad e inmediatez del dominio norteamericano en
Puerto Rico ha servido para crear conciencia más allá de nuestro país.
Los ojos del mundo están puestos sobre la colonia más antigua del
planeta. Y ahora más que
nunca, el resultado final en el caso de Vieques, dependerá en una medida
importante del apoyo que la comunidad internacional brinde a nuestra
causa. Hace
apenas unos días, el 11 de junio, en Buenos Aires,
el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional
Socialista aprobó de forma unánime una resolución reiterando su apoyo a
la lucha del pueblo puertorriqueño por lograr el cese inmediato de las
maniobras de la Marina de los EU en Vieques, y en particular manifestando
su solidaridad con Rubén Berríos (Presidente Honorario de la IS) y con
los cientos de puertorriqueños de todos los partidos políticos que han
sido encarcelados por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos
por sus actos de desobediencia civil pacífica en Vieques.
Igual posición adoptó recientemente la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina, como también el Foro de Sao
Paulo. En esa resolución la
Internacional Socialista para América Latina también expresó su
confianza en que este Comité de Descolonización habría de aprobar la
resolución que hoy tiene ante su consideración. Aún
dentro de los Estados Unidos, la causa de Vieques ha generado un ola en la
opinión pública sin precedente en nuestra historia: por un lado,
conocidos norteamericanos como el abogado ambientalista Robert Kennedy, el
Rev. Al Sharpton, la Sra. Jackeline Jackson (esposa y colaboradora del líder
afroamericano Jesse Jackson) y el actor Edward James Olmos, padecen ya o
enfrentan cárcel por haberse integrado a los actos de desobediencia
civil. Por otra parte, el New
York Times ha publicado el día 16 del corriente un editorial
deplorando la insuficiencia de la iniciativa de Bush sobre el cese de prácticas
en el 2003 y subrayando la urgencia de finalizar el bombardeo de una vez y
por todas. Es
nuestra esperanza que ante esta situación los Estados Unidos no puedan
eludir más el enfrentamiento de su responsabilidad, según se ha exigido
a través de muchos foros, de forma especial a través de este Comité, y
se inicie un verdadero proceso de descolonización a través de una
Asamblea Constituyente, en el que los puertorriqueños puedan ejercer su
derecho a la libre determinación, con
pleno conocimiento de las opciones de status y sus implicaciones, y
tomadas previamente medidas dirigidas a compensar el daño que la
criminalización y persecución
al ideal de la independencia han causado a esa opción. Para
que esto suceda, repetimos, será un factor determinante la participación
que a nivel internacional se genere.
Por ese motivo, confiamos en que en este momento especialmente
significativo se repita el logro del año pasado, cuando este Comité, por
primera vez en su historia, aprobó por consenso una resolución sobre
Puerto Rico reafirmando el derecho inalienable del Pueblo de Puerto Rico a
su libre determinación e independencia. El
Partido Independentista Puertorriqueño apoya plenamente el proyecto de
resolución que ha circulado entre los miembros de este Comité. Esperamos que la consideración del mismo represente un paso
más hacia la concretización del apasionado deseo de libertad que abrigan
todos los pueblos dependientes al que hace refererencia la Resolución
1514 (XV).
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