SAN JUAN/CORRESPONSAL EDLP — A principios de 2008 comenzará a regir en Puerto Rico la nueva modalidad de leyes privadas para los centros comerciales, con las cuales quedarán fuera los derechos civiles de presunción de inocencia y debido proceso, además de que podrán sancionar inclusive conductas que no hayan sido tipificadas como delitos.

El nuevo estatuto para entregar potestad legislativa a los dueños de centros comerciales, que fue firmado por el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá este mes de diciembre, ha sido la culminación de un año de choques y restricciones en materia de derechos civiles, tanto en lo relativo a la administración interna del país como en el campo ocupado ahora por autoridades de Estados Unidos que echan por tierra las garantías de la Constitución de Puerto Rico.

Entre esos se ha destacado el uso de la fuerza por parte de la Policía nacional, que llegó a escandalizar al país por el video de la ejecución a tiros de un ciudadano que estaba en el piso por un agente uniformado. Eso se sumó a las múltiples querellas, especialmente en vecindarios pobres, sobre cómo policías abusan a mansalva de la población, les roban, los extorsionan y les fabrican casos.

Al cierre del año hay policías acusados por asesinatos, por servir de sicarios para gente del bajo mundo y proteger el contrabando, además del arresto de buena parte de los miembros de una división de drogas por fabricación sistemática de casos. Una comisión especial de ciudadanos designada para revisar el problema, consignó en su primer informe parcial que al septiembre de este año la Policía nacional tenía bajo investigación más de 3,300 querellas contra policías –que cubren desde abuso de autoridad y agresiones hasta conducta inmoral- lo que contrasta con las apenas 300 y tantas querellas que anualmente se presentaban contra policías en Puerto Rico a mediados de la década del sesenta.

Pero no es sólo en la relación de los ciudadanos con la fuerza policial donde se percibe el deterioro de los derechos civiles y el caso de las nuevas leyes privadas es ejemplo de ello.

La medida había sido radicada originalmente a principios de 2005 y, como fuera vetada en por el Gobernador Acevedo Vilá en 2006, fue presentada de nuevo y convertida en ley a finales de este año.

Con ella, se autoriza a los dueños de centros comerciales a aprobar por su cuenta –sin vistas públicas ni participación ciudadana- códigos de comportamiento en los que se podrá prohibir cualquier conducta o actividad que a juicio del empresario afecten el ambiente o el éxito de los comercios. Una vez aprobados, entrarán en vigor si en tres meses no son objetados por el Departamento de Justicia, para lo cual tampoco se provee mecanismo para escuchar al público.

Mediante tales códigos se podrá prohibir acceso al centro comercial hasta por tres meses a cualquier persona por mera sospecha de haber violado alguna regla o, de haber incurrido en alguna conducta que no esté prohibida pero que ha juicio del comerciante amerite la sanción. Los ciudadanos no tendrán un foro donde reclamar y si se niegan a abandonar el lugar o intentan regresar, la Policía nacional tiene el deber de arrestarles y podrán ser encarcelados hasta por seis meses.

Además, continúa en vigor la política pública del gobierno puertorriqueño de entregar arrestados a las autoridades federales para que se les pueda negar el derecho a la fianza y la insistencia del Gobierno de EE.UU. de seguir buscando la certificación de casos para posible pena de muerte, ambas cosas contrarias a la Constitución de Puerto Rico.