EEUU Y Holanda buscan reformar sus dominios
caribeños
San Juan, Puerto Rico - 1ro de marzo de 2010 Por Jesús Dávila -
NCM
La revisión pautada para octubre de este año de la
política de Estados Unidos y Holanda para sus posesiones
en el Caribe navega por mar picado infestado de
tiburones por las tensiones Washington-Caracas y el
reclamo del nuevo bloque latinoamericano de que las
soluciones geopolíticas se basen en el respeto al
principio de la “libre determinación de los pueblos”.
Por lo menos en el caso de Puerto Rico, esos intentos
de revisión se topan con el anexionismo perdiendo la
paciencia y el Partido Nuevo Progresista haciendo
expresiones cada vez más estridentes contra la Casa
Blanca, el autonomismo dividido en campos hostiles al
punto que no logra ocultar que un sector trama la
destrucción del viejo Partido Popular Democrático y el
Partido Independentista Puertorriqueño tan recuperado
del pasado desastre electoral que logra avances
diplomáticos significativos a nivel continental.
Así las cosas, el presidente Barack Obama y su comité
de trabajo, que esta semana tiene una audiencia pública
en San Juan, no cuentan con muchos simpatizantes para lo
que sea que intentan hacer con respecto a esta nación
caribeña de cuatro millones de habitantes en su
territorio y colonia de EEUU desde 1898. La noción
generalizada es que la Casa Blanca lo que busca es
aparentar y prácticamente nadie aquí se fija en la
coincidencia de que el informe del comité se debe rendir
en octubre, justo cuando entrarán en vigor los cambios
para las islas holandesas.
Donde, por supuesto, el asunto no pasa desapercibido
es en Washington y el Council of Hemispheric Affairs (COHA)
publicó una extensa evaluación de la disolución de las
Antillas Holandesas, en las que los reclamos de “status
aparte” han llevado a que Curacao y St. Marteen se
conviertan en países autónomos dentro del marco del
Reino de Holanda mientras que Saba, St. Eustaquio y
Bonaire serán integrados y reducidos a municipios de la
nación metropolitana. El COHA tuvo en cuenta también si
será posible o no que a la larga el proceso termine en
la independencia, como ocurrió en 1975 con Suriname.
En 1953, la Organización de Naciones Unidas sacó a
Puerto Rico de la lista de posesiones coloniales luego
de que EEUU implantara el régimen autonómico denominado
Estado Libre Asociado y en 1954, Holanda proclamó
formalmente el final del período colonial caribeño con
el establecimiento de las “Antillas Holandesas”. Ambos
arreglos han durado poco más de medio siglo, entraron en
crisis y han sido objeto de múltiples plebiscitos en los
que el régimen ha ido perdiendo adeptos pero las
mayorías electorales han evadido la independencia.
La obtención de ese consentimiento en Puerto Rico
tuvo aspectos oscuros y desde el año 2000, el Buró
Federal de Investigaciones ha estado haciendo públicos
dos millones de folios sobre la vigilancia y acecho a
los independentistas puertorriqueños durante décadas.
En estos días precisamente circula el relato de 1978
en el que el entonces gobernador Rafael Hernández Colón
explicó durante una comparecencia ante la prensa cómo
participó en reuniones con la Misión de Cuba en la ONU
–con conocimiento y participación del Departamento de
Estado de EEUU- para tratar de descarrilar las denuncias
de la condición colonial de Puerto Rico. En aquellos
años, el gobernador autonomista estuvo dispuesto a
aceptar un proceso supervisado por la ONU para una
transferencia parcial de poderes aunque sobre la base de
que en 1952 Puerto Rico se había convertido en una
“libre asociación” y el problema era que Washington no
atendía más reclamos autonómicos.
Hoy la situación es otra y entre 2005 y 2007 la Casa
Blanca elaboró una nueva política pública en la que ha
admitido que Puerto Rico nunca dejó de ser colonia
–territorio en nomenclatura estadounidense- y que EEUU
no puede negociar con el Estado Libre Asociado.
Mientras tanto, la concesión del status de “república
asociada” a islas en fideicomiso en el Pacífico en los
años ochenta, dejó claro para autonomistas como
Hernández Colón que EEUU no aceptaba un arreglo que
incluyera la “unión permanente” y la ciudadanía
estadounidense. Desde entonces, el PPD se ha limitado a
buscar mejoras al ELA y a finales de los noventa,
Hernández Colón propuso que el futuro de Puerto Rico se
resolviera entre autonomistas y anexionistas.
En consecuencia y luego de la peor derrota electoral
en la historia del PPD, los “soberanistas” han quedado
arrinconados. Han surgido como respuesta desde entidades
de educación política como el “Instituto Soberanista”
hasta esfuerzos más o menos disimulados por lograr que
ese sector logre retar a la jefatura partidaria o
provocar la desaparición del PPD.
En el PIP, por su parte, logró más que duplicar en
peticiones los votos obtenidos en los pasados comicios,
con lo que esa pequeña formación política efectúa una
nueva avanzada diplomática que ha logrado que comiencen
a circular mensajes entre las cancillerías y
presidencias latinoamericanas para impulsar como bloque
el reclamo independentista para Puerto Rico.
La diplomacia del PIP encuentra tierra fértil con la
nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
cuya declaración aprobada en la reunión celebrada en la
Riviera Maya de México en febrero, proclama en el número
77 la exigencia de que se respete el derecho
internacional. En el número 80 dice que la solución de
los asuntos internacionales se fundamente en el
principio de la autodeterminación de los pueblos.
En la otra cara de la moneda, el COHA destacó la
creciente presencia económica de Venezuela en islas como
Curacao, donde EEUU tiene una presencia militar cada vez
más creciente y estratégica. De igual forma, la
presencia venezolana en Puerto Rico cada vez se hace
sentir más, lo que plantea un escenario tenso en
momentos en que Rusia ha regresado por sus fueros a
marcar presencia en la región.
La otra pieza contradictoria es que el anexionismo,
con mayoría absoluta desde los comicios de 2008, rompe
también con la imagen de incondicional a las políticas
estadounidenses. Ejemplo de eso es la posición dual del
Gobierno de Puerto Rico sobre la interconexión eléctrica
del Caribe, con el Secretario de Estado Kenneth
McClintock respaldando públicamente el plan avalado por
Washington que propiciaría que el gran proveedor sea
Colombia mientras el Gobernador, Luis Fortuño, insiste
en la “independencia energética” de Puerto Rico como
país exportador de electricidad.
Los roces Washington-San Juan van desde a quejas por
falta de apoyo económico hasta impaciencia por el
problema de la condición política. Ese asunto cobró
tintes duros en días recientes cuando William Laurido,
un veterano de 30 años en las fuerzas armadas de EEUU,
dijo ante una comisión legislativa que los anexionistas
debían atacar la Casa Blanca “a pedradas” o llevar a
Washington miles de militantes armados “por lo menos con
rifles de palo”.
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