Puerto Rico: Ficha en la política de EEUU sobre
Venezuela
San Juan, Puerto Rico - 7 de enero de 2010
Por Jesús Dávila -
NCM
El operativo en el que un grupo comando mató al
comandante de los Macheteros Filiberto Ojeda en 2005 fue
coordinado desde la oficina de la entonces secretaria de
Estado de Estados Unidos, Condoleeza Rice, según
información extraoficial provista por una fuente
política vinculada a la agencia.
La fuente indicó además que el caso de Ojeda fue
parte de la estrategia de Washington sobre la nación
sudamericana y que al presente están en proceso acciones
políticas y diplomáticas que tienen el propósito de
enfrentar los intentos de expandir la influencia de la
revolución bolivariana en Puerto Rico y el resto de la
región.
Entre las medidas que se discuten en círculos
políticos de Washington está la posibilidad de promover
una pesquisa del Congreso sobre las actividades
diplomáticas venezolanas en Puerto Rico y hasta disponer
el retiro del Consulado General de Venezuela en San
Juan. La fuente aseguró haber conversado sobre el tema
en la sección de Venezuela en el Departamento de Estado
estadounidense dirigida por Moisés Behar.
Se trata de un asunto con una trayectoria que se
remonta a finales del Siglo XVIII, cuando EEUU e
Inglaterra acordaron apoyar la independencia
latinoamericana a cambio de que no se retara la
supremacía imperial con respecto a una serie de islas,
entre ellas Puerto Rico. Pocos años después, Simón
Bolívar intentó sin éxito la liberación de Puerto Rico,
que pasaría a ser colonia de EEUU a finales del siglo
XIX como resultado de la Guerra Hispanoamericana.
En estos últimos años, EEUU ha mantenido bajo
evaluación la búsqueda de una solución al caso colonial
de Puerto Rico y el Presidente Barack Obama asegura que
dará pasos definitivos durante este cuatrienio.
El asunto sobre las acciones del Departamento de
Estado de EEUU –siempre de acuerdo al informe de la
fuente- también vincula a políticos del estado de la
Florida, así como de Puerto Rico, entre los que se
destaca el portavoz del oficialista Partido Nuevo
Progresista en el Senado, Roberto Arango.
El legislador, aliado importante del Gobernador, Luis
Fortuño, ha llevado una campaña intensa contra la
diplomacia venezolana en Puerto Rico y ha solicitado sin
éxito reuniones para presentar su protesta, tanto con la
oficina consular como en la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en Washington.
De hecho, durante el año 2009 Puerto Rico fue
escenario de noticias controversiales relacionadas con
Venezuela, como cuando en enero pasado se informó sobre
una reunión en San Juan entre funcionarios de EEUU y
empresarios opositores venezolanos. Pero el caso de
Ojeda es el primero que involucra una muerte violenta.
La nueva cadena de revelaciones ha sido consecuencia
de una noticia publicada el año pasado por el periódico
Miami Herald en la que se dio cuenta de la supuesta
pesquisa del Buró Federal de Investigaciones contra el
entonces cónsul venezolano en San Juan, Vinicio Romero,
por supuestos vínculos con grupos radicales en Puerto
Rico entre 2004 y 2005. Para esa época, la única
operación conocida sobre el tema de la oficina de campo
de San Juan del FBI era la dirigida a la captura de
Ojeda, comandante del Ejército Popular
Boricua-Macheteros.
La fuente fue confrontada por NCM Noticias con el
hecho de que el Código de EEUU estipula que cuando se va
a realizar ese tipo de pesquisa sobre terrorismo contra
un diplomático extranjero no solamente hay que notificar
al Departamento de Estado en Washington sino que la
oficina del Secretario de Estado tiene la
responsabilidad legal de convertirse en el enlace y
coordinar todo lo que hagan las agencias. La fuente no
mostró sorpresa alguna al respecto y explicó que siempre
estuvo consciente de que así era y asintió cuando se le
indicó que eso implicaba que la agencia a cargo de la
diplomacia estadounidense estuvo presente en el centro
en Washington en que se coordinaron los sangrientos
hechos.
Los hechos se consumaron el 23 de septiembre de 2005,
cuando un grupo comando del FBI asaltó la casa de Ojeda
en un área rural del poblado occidental de Hormigueros,
operación en la que un francotirador hirió al veterano
jefe militar y se le dejó morir desangrado lentamente.
De acuerdo al informe del Inspector General del FBI, la
orden de que no entrase nadie a la casa hasta el día
siguiente fue dada directamente desde el centro de mando
en Washington.
La investigación del Inspector General concluyó que
en el operativo se cometieron errores, pero no encontró
responsabilidad criminal. De igual forma, aunque el
fiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico
determinó que debía continuar la investigación como un
caso de asesinato, en la oficina del Secretario de
Justicia se eliminó esa parte del informe y se dispuso
su archivo por no haberse encontrado evidencia
sostenible de homicidio negligente.
Al presente, la única investigación oficial sobre el
caso es la que lleva a cabo la Comisión de Derechos
Civiles, cuyo borrador se espera que esté listo para
mediados de este mes de enero.
La muerte de Ojeda tuvo el efecto inmediato de
abortar las conversaciones que sostenía con la Iglesia
Católica en la que exploraba la posibilidad de una
manera pacífica para que EEUU le concediera la
independencia a Puerto Rico. De hecho, la última de las
reuniones había sido cancelada cuando la Iglesia
notificó que no se podía garantizar la seguridad.
Poco después de los hechos, funcionarios de seguridad
de EEUU mostraron al Gobierno de Puerto Rico supuesta
evidencia grabada que mostraba un adiestramiento militar
de los Macheteros, según documentos hasta ahora
confidenciales. Por su parte, los Macheteros, dirigidos
ahora por el misterioso “Comandante Guasábara” y su
Estado Mayor, se han mantenido sin efectuar nuevas
acciones ofensivas.
Mientras tanto, Ojeda, que apoyaba la revolución
bolivariana y emitió una declaración de repudio al golpe
de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ha recibido
diversos honores póstumos en Venezuela y su viuda, Doña
Elma Beatriz Rosado Barbosa, fue recibida por el
mandatario venezolano.
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