Testimonio ante el
Comité de Descolonización de la ONU

Nota de independencia.net sobre la votación en la ONU y la no inclusión de la Asamblea Constitucional de Status

La resolución sobre Puerto Rico sometida por Cuba y Venezuela en la ONU será aprobada frente al intento de posposición y sabotaje por parte del liderato del Partido Popular y sus aliados.

Los sectores de populares no afiliados insistían en la inclusión de la Asamblea Constitucional de Status del PPD (cuyo propósito es ratificar el coloniaje) en dicha resolución. Una vez el gobierno de Cuba se negó a adoptar dicha posición, como recomendaron el PIP, el Partido Nacionalista y el Frente Socialista, intentaron entonces los satélites del PPD posponer la consideración de la medida.

Todo esto sucedía mientras en Puerto Rico estos sectores querían dar la impresión de que estaban conformes con la resolución radicada por Cuba. Constituye una vergüenza que a esta altura de la historia estos sectores se hayan convertido en aliados incondicionales de las posturas colonialistas del Partido Popular.

Esto se veía venir hace tiempo. Son los mismos que votaron y solicitaron el voto para el Partido Popular de forma directa o indirecta en las elecciones pasadas.

Ya lo dijo don Pedro: “El que empieza a resbalar no para hasta que se escocota”.

Antes, estos sectores campeaban por su respeto, pero ahora van a ser desenmascarados en toda ocasión que sea necesario para que así no haya confusión alguna entre los independentistas.

Señor Presidente y Señores Delegados:

Mi nombre es Fernando Martín, soy el Presidente Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño al cual represento en esta audiencia.

Comparezco para apoyar con gran satisfacción y sin reserva de clase alguna el proyecto de Resolución radicado por la delegación de Cuba sobre el caso colonial de Puerto Rico.

Esta Resolución reitera todos los elementos que el Partido Independentista entiende son fundamentales en una expresión formal por parte de este Comité Especial. Reitera su jurisdicción sobre el caso colonial de Puerto Rico; reafirma el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia y la plena aplicabilidad de la Resolución 1514 (XV) al caso de Puerto Rico; y emplaza al gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que le permita a los puertorriqueños ejercer ese derecho inalienable a la vez que reconoce la ingerencia que le corresponde a nuestro pueblo en la determinación de dicho proceso. Por último, la Resolución insiste en mantener el caso de Puerto Rico bajo examen continuo y expresa su esperanza de que la Asamblea General examine plenamente el caso.

En las últimas dos resoluciones del Comité se había tomado nota con cierto optimismo de que un mecanismo procesal genéricamente denominado Asamblea Constitucional de Status pudiera congregar voluntades para poner en marcha un proceso de descolonización con amplia participación. Desafortunadamente el partido de gobierno en Puerto Rico dio al traste con aquella ilusión al hacer claro que en cuanto al Gobierno de Puerto Rico concierne el actual status político no es colonial y que por lo tanto la llamada “Asamblea Constitucional de Status” no era un mecanismo de descolonización sino un proceso de selección entre alternativas entre las cuales la actual condición de subordinación política era legítima.

Esta perversión del concepto descolonizador original de la Asamblea Constitucional de Status convierte a este mecanismo en uno dirigido – no a descolonizar - sino a ratificar el coloniaje. El mismo Partido Popular Democrático que en 1953 se prestó a ser agente y cómplice de la potencia administradora para inducir a la Asamblea General –mediante fraude y engaño– a liberar al gobierno de los Estados Unidos de su obligación de transmitir información a Naciones Unidas sobre Puerto Rico, pretende ahora burlar la prohibición absoluta al colonialismo que rige en el mundo desde la aprobación de la Resolución 1514 del año 1960.

A nadie puede escapársele la ironía de que estando en el período que Naciones Unidas ha declarado como el Segundo Decenio para la Erradicación del Coloniaje se atreva alguien a comparecer ante precisamente el Comité de Descolonización a pretender persuadirlo de que un mecanismo denominado Asamblea Constitucional de Status en que la continuación del coloniaje es la opción promovida por el gobernador colonial y su partido pueda ser otra cosa que sentar la bases para la repetición del fraude y engaño de 1953. Se les hizo tarde. La prohibición del colonialismo es hoy una norma perentoria del derecho internacional que –como en el caso de la esclavitud– no puede conocer excepciones.

Nos complace sobremanera que la Resolución haya omitido las referencias anteriores a la llamada Asamblea Constitucional de Status que fueron adoptadas en circunstancias diferentes cuando se presumía se trataba de un mecanismo descolonizador. Se le cierra así el paso a los que pretendían –diz que con el visto bueno del Comité de Descolonización– traicionar una vez más el derecho de nuestro pueblo a su plena soberanía. En este sentido los que hemos insistido este año en esa eliminación podemos sentirnos satisfechos de haber derrotado las pretensiones de los promotores y defensores del colonialismo en Puerto Rico. Hubiera sido el colmo que la honrosa espada del Comité Especial fuera a usarse no para combatir el colonialismo sino para perpetuarlo.

Hace apenas unos meses los tres partidos políticos en Puerto Rico, luego de arduas y complejas negociaciones, llegaron a un acuerdo histórico que quedó plasmado en un proyecto de ley con el voto unánime de todos los legisladores y que proponía la celebración de un referéndum este próximo mes en que los puertorriqueños habrían de votar a favor o en contra de la siguiente proposición que había sido redactada por el Partido Independentista Puertorriqueño:

“Nosotros, el Pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, exigimos del Presidente y el Congreso de los Estados Unidos que antes del 31 de diciembre

del 2006 se comprometan a responder al reclamo del pueblo puertorriqueño de resolver el problema del status político entre alternativas plenamente democráticas no coloniales ni territoriales.”

Quedaba pospuesto para un momento posterior la decisión a ser tomada por los puertorriqueños sobre el mecanismo procesal que habría de usarse para hacer un reclamo concreto a los Estados Unidos habida cuenta de que tal consenso no había sido logrado aún. Era de esperarse que los acontecimientos que se desencadenarían a partir de un apoyo virtualmente unánime en las urnas a la exigencia antes transcrita crearían condiciones favorables para lograr dicho acuerdo. Se trataba de una iniciativa colectiva sin precedentes que ponía en marcha un proceso irreversible.

Aunque parezca mentira, es mi deber informarle al Comité la nefasta noticia de que –valiéndose de un patético y socorrido pretexto que en todo caso constituía un contrasentido– el gobernador colonial de Puerto Rico retiró su palabra públicamente empeñada de firmar el proyecto de ley y procedió a impartirle su veto al advertir los peligros que habría de correr el status colonial actual si dicha votación se llevaba a cabo. Ha sido un vergonzoso triunfo para el inmovilismo colonial.

Esta manifestación inédita de pusilanimidad política del gobernador colonial y sus colaboradores debe servirnos de recordatorio sobre las poderosas fuerzas e intereses que todavía sustentan el colonialismo en Puerto Rico. Esta realidad hace aún más importante que en momentos como éste el Comité reitere –sin equívocos ni ambigüedades– su dedicación inquebrantable a la descolonización de Puerto Rico y a la denuncia de su subordinación política.

Gracias.