La Revolución Nacionalista de 1950

José R. Bas García
28 de enero de 2009

La Revolución Nacionalista del 30 de octubre de 1950 fue la segunda rebelión armada de gran proporción realizada en Puerto Rico contra la dominación de Estados Unidos.  La primera, contra España, ocurrió en Lares en septiembre de 1868.  Para poder comprenderla, resulta imprescindible describir el contexto histórico en que ocurrió. 

Durante la década de 1930 una sucesión de eventos que involucraron al Partido Nacionalista de Puerto Rico (PNPR), cuyo líder máximo era don Pedro Albizu Campos, exaltan y dan fe de la gran efervescencia del sentimiento independentista en Puerto Rico, que desde la invasión de 1898 permanecía como colonia de Estados Unidos.  Como consecuencia -y por despecho, más que por hacer justicia- en el Congreso de la metrópoli se propusieron -sin que ninguno se llegara a aprobar- varios proyectos de ley para otorgarle la independencia a la Isla, lo cual estimuló la discusión del status  y fortaleció la aspiración independentista en Puerto Rico. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, “las decisiones que se tomaron en cuanto a Puerto Rico a partir de 1946 estuvieron determinadas por razones de seguridad nacional dictadas por la Guerra Fría con la Unión Soviética”[1].   Estados Unidos “no podía presentarse ante el mundo como defensores de la democracia mientras se le siguiera acusando de no querer conceder más amplitud democrática a su colonia”[2].  Según se alegaba en la metrópoli, el trato que EEUU le diera a Puerto Rico sería “evidencia de la sinceridad de su profesión de benevolencia a los pueblos coloniales”[3].  Los comunistas e independentistas de Puerto Rico, según alegaban los oficiales del gobierno norteamericano, serían quienes propagarían las denuncias en su contra si no se mejoraban las relaciones con Puerto Rico. 

En esa época la mayoría del liderato del Partido Popular Democrático (PPD) promovía la independencia, pero a su líder máximo, Luis Muñoz Marín, lo habían “orientado” en Washington para que dejara la prédica independentista[4], lo cual cumplió, como veremos.  En febrero de 1945, bajo el liderato de Muñoz, el PPD declaró que era incompatible ser miembro de ese partido y simultáneamente miembro del Congreso Pro-Independencia de Puerto Rico.  Se expulsaba a los independentistas del PPD y se propiciaban las condiciones que forzaron la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) el 20 de octubre de 1946.  En junio de 1948 se aprobó la Ley 53, que luego se conoció como la Ley de la Mordaza.  Vino a ser el instrumento legal con que se justificó la persecución, arresto y encarcelamiento, tanto de nacionalistas, como de miembros del PIP. 

Entre las medidas que el gobierno de EEUU tomó para aparentar su “benevolencia” para con los puertorriqueños fue aprobar la Ley del Gobernador Electivo bajo la cual se nombró por primera vez a un puertorriqueño gobernador de la colonia.  En las elecciones de ese mismo año Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador de la colonia electo por los colonizados. 

Todo lo anterior, así como muchos eventos más, aumentaron la inquietud de los independentistas quienes entendieron que esos actos y políticas del gobierno estaban encaminados a afirmar el agarre colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico.  El evento que sirvió de detonador de la Revolución Nacionalista fue la aprobación por el Presidente de EEUU de la Ley 600 del 3 de junio de 1950.  Se autorizaba a la legislatura de Puerto Rico a convocar una Asamblea Constituyente que redactaría una constitución para Puerto Rico con una serie de condiciones impuestas de antemano por el Congreso estadounidense.[5]  La ley disponía además, que dicha constitución quedaría aprobada y entraría en vigor luego de que el Presidente de EEUU certificara que se cumplía con la Ley 600 y que ninguna de sus partes confligía con la constitución de EEUU, bajo la cual quedaba subordinada la de Puerto Rico.  Luego la remitiría al Congreso para la aprobación final. 

La ley federal recién aprobada disponía también que la constitución estableciera un gobierno con poderes limitados a solo asuntos internos y se reorganizaba la estructura organizacional del gobierno colonial.  EEUU retuvo para sí todos los mismos poderes que ejercía sobre Puerto Rico en virtud de la Constitución de ese país y de la Ley Jones de 1917, que habiendo sido enmendada, ahora se llamaría Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.  El Congreso daba la apariencia de que hacía grandes concesiones al pueblo de Puerto Rico en cuanto a gobierno propio, pero la realidad fue que nada cambió.  Se echó por la borda cualquier semejanza a un ejercicio de libre determinación y de descolonización.  Sobre esta situación Vicente Géigel Polanco dijo que “Estados Unidos ejerce y seguirá ejerciendo soberanía sobre Puerto Rico, en virtud de la cesión que consagró el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898”[6].  Se trataba de legitimar la condición de colonia pidiendo el consentimiento del pueblo colonizado, para lo cual Muñoz y el Partido Popular se prestaron con diligencia. 

En atención a los requerimientos de la Ley 600, la legislatura puertorriqueña dispuso que se celebrara un referéndum el 4 de junio de 1951 para que los electores capacitados votaran a favor o en contra de los términos de dicha ley.  Como preparativo para el mismo, se convocó a una inscripción de nuevos electores que se llevaría a cabo los días 4 y 5 de noviembre de 1950[7]. 

No estaba infundado el temor de Muñoz y el de las autoridades locales de que hubiese una rebelión.  La Ley de la Mordaza les había dado herramientas para realizar toda clase de investigación secreta a cualquier independentista, por lo que, en gran medida, se conocían sus movimientos.  Por otro lado, Albizu había reorganizado el PN en dos divisiones que estaban a su cargo: la civil y la militar.  Habían establecido varios campamentos de adiestramiento militar y de tiro al blanco en distintos puntos de la isla en donde practicaban regularmente.  La Policía tenía sospechas de que habría acción por parte de los nacionalistas y de la misma forma, a estos les llegaban rumores y avisos de posibles arrestos, especialmente de Albizu Campos[8].  En efecto, había una conspiración para la que el gobierno se preparaba. 

El 26 de octubre, don Pedro Albizu Campos viajó a Fajardo, en el extremo noreste de Puerto Rico, donde pronunció un discurso transmitido a través de la radio.  Elogió al General Valero, fajardeño que participó junto con Simón Bolívar en las guerras de independencia, porque “había puesto su espada al servicio de la libertad… espada… que blande el Nacionalismo Puertorriqueño para expulsar al invasor del suelo patrio”[9].  Hizo fuertes críticas a la Ley 600 y al referéndum que se pretendía celebrar en virtud de ella.  En cuanto al propósito de esa ley, dijo que “…ellos [los norteamericanos] están buscando una base legalizada para decirle al mundo… que en 52 años nosotros ya no somos puertorriqueños, somos ciudadanos yanquis y que nosotros nos allanamos a la imposición de los Estados Unidos”[10].  Denunciaba a Estados Unidos por tratar de perpetuar mediante un engaño la subordinación colonial de Puerto Rico y acusó al Gobernador Electivo, a Muñoz, de no atreverse a hacer nada sin consultar a Washington.  Afirmó que aún luego de aprobada la constitución, el Congreso mantenía la autoridad para anularla.[11] 

A su regreso a San Juan, la caravana de automóviles de los nacionalistas fue perseguida de cerca por la Policía.  Esa misma madrugada en la avenida Ponce de León detuvo un vehículo de nacionalistas y los arrestaron luego de encontrarles dos pistolas y otros armamentos.  A partir de esos primeros arrestos se desató una ola de allanamientos a residencias de nacionalistas en Ponce y otros pueblos de la Isla.[12] 

El 27 de octubre se escenificó un motín en el Presidio Estatal y hubo una fuga en masa que se vinculó con el PN.  El 28 de octubre la Policía realizó un allanamiento en la residencia del Presidente de la Junta Nacionalista de Ponce.  El 29 de octubre, otra orden de allanamiento movilizó a la Policía hasta Peñuelas para intervenir en una casa donde los nacionalistas almacenaban armas.  Hubo un tiroteo en el que murieron dos nacionalistas y resultaron heridos seis policías.[13] 

Era evidente que la Policía había frustrado el elemento sorpresivo de la revolución.  Los nacionalistas, que habían planeado su levantamiento para el mediodía del 30 de octubre, no esperaron a esa hora y comenzaron la acción más temprano en Ponce, Arecibo, Utuado, Mayagüez, Naranjito, Jayuya, San Juan, Santurce y en Washington, D.C.[14] 

Blanca Canales junto a otros nacionalistas, entre los que estuvo nuestro Heriberto Marín, logró tomar el pueblo de Jayuya.  Allí se declaró la República de Puerto Rico.  Al día siguiente se informó que aviones de la Guardia Nacional habían bombardeado el pueblo.  En Utuado hubo una batalla que culminó con el arresto y asesinato a sangre fría de cuatro nacionalistas. 

En San Juan, cuatro nacionalistas penetraron al patio de La Fortaleza, residencia oficial del gobernador.  Del intercambio con la Policía de seguridad, solo sobrevivió uno de los nacionalistas.  Durante el ataque Muñoz llamó a los oficiales de las fuerzas armadas de EEUU estacionadas en la isla para que interviniera.  Según escribe Géigel Polanco, que estuvo al lado de Muñoz en ese momento, los militares contestaron “que no podían actuar sin órdenes del Presidente, en Washington,”[15] quedando demostrado quien era el que tenía verdadera autoridad sobre Puerto Rico.  A raíz del ataque a La Fortaleza se emitieron órdenes de arresto tanto a nacionalistas, como a independentistas miembros del PIP. 

Hubo otro incidente el 30 de octubre en la barbería del nacionalista Vidal Santiago, en el Barrio Obrero de Santurce.  La acción entre Santiago y 15 policías que acudieron al lugar duró tres horas.  En la balacera, Santiago resultó gravemente herido junto a otros dos civiles y un niño.[16] 

El 1ro de noviembre los nacionalistas Oscar Collazo y Griselio Torresola tirotearon la casa Blair, residencia provisional del Presidente Truman, en Washington, D. C. Fue un acto suicida para llamar la atención mundial hacia el caso de Puerto Rico.  El mismo Truman lo describió no “como una pelea entre puertorriqueños… sino como un alzamiento contra la opresión y la explotación colonial que padecían los puertorriqueños”[17]. 

Ese mismo día, en Aguadilla, la Junta de Directores del Partido Independentista Puertorriqueño celebró una reunión para evaluar el estado del país ante los hechos ocurridos.  Produjeron la Declaración de Aguadilla en que el partido reafirmó el carácter pacífico de su lucha por la independencia de Puerto Rico; responsabilizó al gobierno de Puerto Rico por tratar de imponer una constitución fraudulenta y por no haber declarado formalmente una Ley Marcial para restar importancia al evento revolucionario ante la comunidad internacional; responsabilizó además, al gobierno de EEUU por haber mantenido a Puerto Rico bajo una dominación colonial y por tratar de evadir su responsabilidad mediante un fraude; y finalmente, expresó su más profundo respeto hacia los nacionalistas.[18] 

En un discurso transmitido por radio el 10 de octubre de 1950, don Gilberto Concepción de Gracia, presidente del PIP, explicó la posición de su partido ante los acontecimientos acaecidos días antes cuya motivación está enraizada en la condición colonial de Puerto Rico.  Acusó al gobierno Popular de Muñoz Marín de “maliciosamente” involucrar al PIP con los hechos.  Dijo: “Aprovechándose de la situación creada en el país, el gobierno de Puerto Rico ideó un plan diabólico para tratar de destruir al Partido Independentista Puertorriqueño sabiendo perfectamente bien cuál era y es la historia que vive nuestro pueblo”[19].  Sostuvo que el gobierno había preparado “en La Fortaleza listas de nombres de los líderes independentistas para que estos fuesen arrestados en todo el país”.   También se prepararon listas de nombres de los líderes del PIP con el mismo propósito.  La intención, según Concepción de Gracia, era evitar que el PIP pudiese movilizar a los independentistas para que acudieran a la inscripción de electores nuevos que estaba pautada para cuatro días luego de ocurrida la revolución.  “Por ello, ni siquiera se consideró la petición de posposición de la inscripción formulada el 1ro de noviembre”, explicó Concepción de Gracia, añadiendo que en vez de eso, se allanaron hogares de miembros del PIP sin órdenes judiciales y se les negó fianza.  “Fueron conducidos a los cuarteles y a las cárceles fuertemente custodiados…”[20] 

Finalmente, Concepción de Gracia explicó que el PIP, fiel a su principio de lucha pacífica,  “estaba preparado para concurrir a las inscripciones para ganar.  Se había calculado que se inscribirían 400 mil personas, pero debido a la manipulación por parte del gobierno en manos del Partido Popular, solo se inscribieron 150 mil, sin oposición[21].  La oposición, los independentistas, estaban en la cárcel. 

Pedro Albizu Campos fue enjuiciado en el tribunal de San Juan que determinó culpabilidad en doce cargos por infracción a la Ley 53, la de la Mordaza.  El 29 de agosto de 1951 se le sentenció a cumplir no menos de 12 y no más de 54 años de presidio por haber luchado por la libertad de su patria. 

La estrecha colaboración entre el gobierno colonial puertorriqueño y el de la metrópoli obró para sofocar la Revolución Nacionalista en poco tiempo.  Esa colaboración no terminó allí.  Estados Unidos logró su propósito de disfrazar su colonia caribeña tal como se había propuesto al aprobar la Ley 600.  Acentuó aún más la división por razón de preferencias de status de nuestro pueblo.  La Ley de la Mordaza continuó vigente hasta 1957, pero aún después de haberse derogado, la agenda oficial en contra del independentismo permaneció.  Se continuó vigilando, persiguiendo, violando derechos y actuando contra los independentistas con la intención de hacerlos desaparecer como la fuerza motriz tras una opción que hasta finalizado el periodo de la Guerra Fría a fines de la década de 1980, le resultaba inconveniente a la metrópoli.  El concurso y coordinación entre el FBI y la Policía de Puerto Rico estuvo presente en el carpeteo de independentistas por décadas; en los crímenes del Cerro Maravilla en 1978; en los conflictos huelgarios y en el asesinato del líder machetero, Filiberto Ojeda Ríos en 2005. 

La afrenta colonial contra nuestro pueblo aún no ha sido reparada.  Los hijos de Albizu Campos y de Concepción de Gracia seguimos luchando, no bajo fuego y balas sino bajo una avalancha de fondos federales para la compra de conciencias y para fomentar la dependencia; el deterioro social y espiritual; la llaga de la corrupción; bajo una creciente desigualdad de clases; y bajo el sostenimiento de condiciones que impiden el crecimiento económico pleno y propio de la nación puertorriqueña.  La independencia de Puerto Rico pertenece aún a una agenda inconclusa en la que se sigue trabajando.

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