La dinámica del comercio exterior resulta ser de particular interés en el caso puertorriqueño cuando se discute el tema de la dependencia. A pesar de que el flujo mayor de transacciones es de mercancías importadas y exportadas, en el renglón de las compras de servicios la cuenta “rendimientos de capital” recoge las ganancias obtenidas por los residentes del resto del mundo en la economía puertorriqueña. En 1999 estas ganancias ascendieron a $23,599 millones. Esta es, a juicio de muchos, la mayor consecuencia de la dependencia de la economía de Puerto Rico respecto a la de Estados Unidos: la cuantiosa salida de fondos en forma de beneficios sustraídos desde la primera hacia la segunda.

En un sentido más amplio, el “coeficiente de comercio exterior” de Puerto Rico revela que ésta ha sido consistentemente una economía abierta, ya que el valor monetario combinado de las exportaciones e importaciones de mercancías y servicios supera por mucho el valor de la producción total generada en el país. Aquí la dependencia se define en términos de que la mayor parte de tales transacciones (88% de las exportaciones y 60% de las importaciones) se realizan con empresas o con el mercado estadounidense.

El patrón de importación de materias primas y productos intermedios es revelador de que la estructura de producción industrial de Puerto Rico ha sido crecientemente dependiente de las materias primas importadas, que luego pasarán a formar parte de los productos manufacturados cuyo destino final serán los mercados de exportación. En otras palabras, la economía de Puerto Rico funciona como un gran enclave de exportación, cuyas materias primas y productos intermedios principales se importan con el propósito de ser procesados en el país. A estos se les añade valor según los requisitos de la línea de producción y la tecnología empleada, para luego exportarse como productos terminados mayormente al mercado de E.U.

En el caso de la relación con el gobierno de E.U., una de las manifestaciones de la dependencia es el “gasto de funcionamiento de las agencias federales en Puerto Rico”. Aunque la cifra para el año 1999 fue de sólo $823 millones, el hecho de que esta cuenta mantenga un ritmo de crecimiento es indicativo de la creciente presencia del gobierno estadounidense y sus diferentes ramificaciones en los asuntos domésticos de Puerto Rico. Las implicaciones coloniales de esta intromisión son evidentes.

En el tema de las transferencias del gobierno federal de E.U., los individuos son el sector que mayor cantidad de fondos perciben, aunque debe destacarse que el grueso de tales transferencias son devengadas; es decir, que nuestra gente las recibe porque rindió un servicio (el caso de los veteranos) o porque durante muchos años pagó una alta porción de su salario con tal de recibir eventualmente una pensión (de seguro social, o de otra naturaleza). Durante la pasada década sólo una tercera parte de estas transferencias podían considerarse como otorgadas (cupones para alimentos, becas para estudiantes universitarios, etc.). En otras palabras, en este caso la forma en que ocurre la dependencia rompe con el mito de que los puertorriqueños recibimos mayormente dádivas o ayudas del gobierno de E.U. Por supuesto, este análisis excluye las transferencias federales que recibe el gobierno de Puerto Rico pero, de igual forma, tampoco considera al flujo creciente de transferencias (tanto públicas como privadas) que van desde aquí hacia las arcas del Tesoro federal.

En términos de la estructura de producción manufacturera, la dependencia se manifiesta de una forma particular. En 1999 casi 84% del ingreso manufacturero ($20,826 millones de un total de $24,905 millones) era generado por los renglones de productos químicos y maquinaria; en ese año la manufactura aportó 44.1% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, las actividades que más ingresos generaban eran intensivas en capital, aportaban relativamente pocos empleos, pero lograban ganancias por concepto de ventas y por otros medios, que transferirían en su mayoría a las casas matrices de las corporaciones en E.U. o a los accionistas de dichas empresas.

Dos conclusiones que se desprenden del breve análisis realizado hasta ahora son:

  1. Que la estrategia de industrialización por invitación y el creciente endeudamiento del sector público que le sirvió de apoyo desembocaron en un escenario en el cual los residentes de Puerto Rico –incluyendo el sector gubernamental—redujeron su reclamo directo sobre una porción creciente de la riqueza acumulada durante la segunda mitad del siglo XX; y
  2. que el patrón de acumulación de riqueza que ha resultado de la dinámica descrita en el punto anterior parece definir una tendencia irreversible, tanto en el mediano como en el largo plazo.

Un resultado parcial del modelo de desarrollo dependiente adoptado por Puerto Rico hace más de cincuenta años es la ocurrencia de dos procesos simultáneos: por un lado, en sectores estratégicos de nuestra economía las empresas del exterior han desplazado a las empresas locales; por otro lado se consolida el modelo de producción para el exterior, dejando al mercado doméstico a la merced del flujo de importaciones, tanto de bienes de consumo, como de bienes de capital y de materias primas.

Un segundo resultado parcial de lo anterior es la multiplicación de las ganancias de las empresas del exterior, tanto por concepto de ventas de sus productos como por medio del ingreso pasivo que por muchos años obtuvieron a través de los depósitos en el sistema bancario puertorriqueño. Esta es la explicación de cómo las empresas manufactureras de capital externo han incrementado dramáticamente su control sobre la riqueza acumulada en el sector industrial que le dio impulso a la economía puertorriqueña a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

La deducción lógica del análisis anterior es que, a pesar de que las grandes corporaciones de capital exterior han recibido la tajada más grande del ingreso a lo largo de las pasadas décadas –y han acumulado la proporción más alta de la riqueza nacional—han sido las familias puertorriqueñas las que han cargado de forma directa e indirecta con el peso de la responsabilidad contributiva mayor. Ese, naturalmente, era el resultado esperado en un modelo de desarrollo industrial que se fundamentó en la exención contributiva, entre otros incentivos.

Finalmente, vale la pena destacar:

  1. que el proceso de formación interna de capital en Puerto Rico ha dependido en extremo del capital exterior;
  2. que el record histórico de ahorro privado no ha sido dirigido hacia la formación interna de capital, lo que ha reforzado la necesidad de montos crecientes de capital exterior que han financiado la industrialización y el proceso de desarrollo en general; y
  3. que la sociedad puertorriqueña se ha caracterizado por el consumo desmedido, hasta el punto en que el ahorro privado no necesariamente financia inversiones productivas, sino la adquisición de bienes que no aumentan el acervo de capital fijo. Muchas investigaciones realizadas por varios colegas demuestran que la acumulación de bienes de consumo, el pago de servicios de diversa naturaleza, el sostenimiento de los hogares y la inversión de los residentes de Puerto Rico en el exterior canalizan gran parte del ingreso devengado por los individuos en nuestro país.

A modo de conclusión, las condiciones creadas por la estrategia de desarrollo dependiente que adoptó Puerto Rico desde 1948-50, condujeron a un patrón de acumulación de capital que, lejos de crear las bases para la formación interna de riqueza reproducible y para el aumento real y sostenido en el ingreso proveniente de actividades productivas, ha acrecentado el problema de endeudamiento exterior y de falta de capacidad endógena para aumentar los niveles de ingreso y de producción para beneficio de las familias puertorriqueñas de ingresos medios y bajos. Por lo tanto, más allá de lo que puedan indicarnos las estadísticas oficiales sobre nuestra economía, la dimensión más cruda de la dependencia es la socioeconómica, la que tiene que ver con el futuro de nuestra gente y con sus posibilidades de reivindicación.

El autor es Catedrático de Economía de la UPR, Recinto de Mayagüez, Secretario de Asuntos Económicos del PIP y Asesor del Senador Fernando Martín.

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