En el 1989, en mi primera reunión con el Senador Bennett Johnston le dije: "Lo que realmente hay que decidir respecto al status de Puerto Rico, es si el barco de la nacionalidad puertorriqueña, ahora a la deriva en alta mar, debe ser timoneado rumbo a la soberanía separada o rumbo a la estadidad".

Ahora que en E.U. se inician vistas públicas para considerar el resultado del referéndum de 1993 y que la sección 936 agoniza, la pregunta está planteada con mayor urgencia. El Congreso debe contestarla respetando la voluntad del pueblo puertorriqueño; particularmente, cuando esa voluntad coincide con los intereses nacionales de los E. U.

La mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño, (53%) rechazó la estadidad y respaldó una forma u otra de status basado en el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico. El 4.5% votó por la independencia y el 48.9% por un ELA basado en un pacto bilateral con los E.U., una relación jurídica que sólo puede establecerse entre dos entidades políticas soberanas. Esa forma de ELA, y no la actual, fue la que figuró en la papeleta.

Ante los resultados del referéndum, el New York Times comentó que en el Congreso se escuchó un "suspiro de alivio". Esta reacción era predecible; de haber triunfado la estadidad el Congreso se hubiera visto forzado a denegarla.

Algunos alegan que el problema de status de Puerto Rico es un asunto de derechos civiles o de limitación del derecho al voto, similar al de Washington, D.C. No es así. Se trata de un problema de naturaleza diferente que pertenece a una especie radicalmente distinta; no es un problema de derechos individuales, sino del derecho colectivo de un pueblo a gobernarse a sí mismo sin ingerencia extranjera, en su propio territorio.

El problema de status de Puerto Rico es un problema colonial. Más aún, el Congreso sabe que, bajo la estadidad, Puerto Rico podría generar un grave conflicto de nacionalidades. Quebec, Irlanda, Lituania, Bosnia y Chechenia dan muestra de la naturaleza impredecible, frecuentemente explosiva y siempre disociadora de dichos conflictos. Puerto Rico sería un donante incompatible con el cuerpo político norteamericano. El llamado natural e instintivo de la sangre, la tierra y el idioma es una fuerza demasiado poderosa ante la cual palidecen el federalismo y la retórica integracionista.

En la clase dirigente norteamericana existe plena conciencia de estos asuntos como lo demuestran las declaraciones del Senador Dole y el Speaker Gingrich respecto a la primacía del inglés.

La decisión fundamental que los Estados Unidos enfrenta respecto al status de Puerto Rico es ¿qué tipo de relación política y jurídica está el Congreso de los E.U. dispuesto a establecer con un pueblo que constituye una nacionalidad distinta, que habita un territorio separado, que habla un idioma diferente y que aspira unánimemente a mantener su propia identidad?

Al rechazar la estadidad y optar por la soberanía propia en el referéndum del 1993 los puertorriqueños hemos contestado por los E.U. esa pregunta. Los últimos acontecimientos relacionados con la sección 936 refuerzan la corrección de esa respuesta.

Sólo con la soberanía separada podría Puerto Rico obtener los poderes y la flexibilidad necesarios para su desarrollo; para, conjuntamente con la utilización de la sección 901, establecer tratados de reciprocidad contributiva, similares a la sección 936, con países como Japón y Alemania; para desarrollar políticas salariales, obreras y contributivas propias; para fortalecer la industria naciente y la agricultura; para eliminar las leyes de cabotaje y diversificar el comercio exterior, entre otros. La estadidad, por el contrario, requiere uniformidad y sería incompatible con esos poderes. La representación congresional sólo serviría para tratar de incrementar la dependencia convirtiéndonos a la larga en un "estado ghetto" cada vez más despoblado por la emigración.

Para evitar esa pesadilla y encaminar a Puerto Rico hacia la soberanía propia, el P.I.P. le ha propuesto al Congreso que apruebe legislación para darle a los puertorriqueños la oportunidad de escoger, antes del 25 de julio de 1998, entre un ELA soberano, no colonial y no territorial acorde con los principios del Derecho Internacional, y la independencia, la cual es un derecho inalienable y como tal siempre tiene que estar presente como opción.

Pero independientemente del curso de acción que el Congreso determine seguir, todos los puertorriqueños debemos exigirle, como mínimo, que hable claro. El Congreso sabe, como advirtió el Senador Moynihan en el pleno del Senado hace unos años que: "el asunto fundamental es... si los puertorriqueños quieren convertirse en americanos... o si quieren retener su identidad separada". El Congreso debería decir públicamente lo que en Washington es un secreto a voces: que mientras los puertorriqueños sean puertorriqueños, con su identidad distinta y su idioma propio, ese cuerpo como institución jamás considerará seriamente la estadidad como opción para Puerto Rico.

Más aún, el Congreso debe decir la verdad respecto al status actual: que el ELA es una colonia, un territorio no incorporado y que los E.U. sólo puede entrar en un pacto bilateral con un ELA soberano, no colonial y no territorial. Respecto a la independencia -que es un derecho y no un privilegio- el Congreso, por interés propio, estaría más que dispuesto a ofrecer términos y condiciones favorables.

Si el Congreso no habla con claridad, sólo estaría prolongando la agonía del colonialismo y arriesgándose a una indeseada solicitud de estadidad. De otro lado, si decide enfrentarse al problema podría optar por varias alternativas procesales, diferentes a la nuestra. En todo caso, aunque el Congreso todavía no descartara formalmente la estadidad, inexorablemente tendrá que hacerlo respondiendo a las realidades e intereses que imposibilitan ese status.

Puerto Rico se dirige en dirección opuesta a la estadidad. Para saber a dónde nos lleva ese camino, hacia dónde vamos, baste recordar que en el 1774, apenas dos años antes de la Declaración de la Independencia, Jorge Washington dijo: "Ningún hombre pensante en Norteamérica desea la independencia". Cuando existe un pueblo, una nacionalidad definida, con la independencia sucede como con la lluvia: que una vez todos los elementos están presentes, sólo es cuestión de que cuajen y se combinen para que llueva. La independencia sólo es cuestión de tiempo y circunstancia.