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La citación judicial de tres
puertorriqueños para que se presenten ante un gran
jurado es una señal de alarma no solamente para el movimiento independentista puertorriqueño.
Las citaciones fueron emitidas a un trabajador
social, a una diseñadora gráfica y a un cineasta
supuestamente en conexión con una investigación del FBI
sobre los Macheteros. El director del FBI Robert Mueller
supuestamente no sabía de las citaciones, de acuerdo al
congresista José Serrano.
No es nuevo que el FBI elija como blanco a cualquiera
que defienda la independencia de Puerto Rico. Las
anteriores vigilancias de la agencia están detalladas en
1.8 millones de páginas, algunas de las cuales fueron
hechas públicas en el año 2000. El entonces director del
FBI Louis Freeh reconoció que la agencia había realizado
acciones notoriamente ilegales, posibles crímenes,
contra los puertorriqueños. Incluso el primer gobernador
elegido de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, fue etiquetado
como subversivo.
Hay otro siniestro retroceso. Debido a las leyes
presentados por la administración Bush y aprobadas por
nuestro Congreso, las protecciones legales que les
darían a los disidentes políticos un derecho al proceso
debido han sido corroídas. La red es amplia para incluir
como amenaza, a cualquiera con creencias políticas
“sospechosas” sin tener que acusarle, juzgarle o
condenarle de un crimen.
Organizaciones como el Centro para los Derechos
Constitucionales ha estado retando la mentalidad de
estado policial que se ha permitido se convierta en algo
normal y legal aquí. Debido a que los ataques a los
derechos civiles y humanos y la histórica intimidación y
represión de los independentistas están relacionados,
los activistas tienen que hacer esos enlaces.
Todo ello es de lo más urgente considerando el
silencio de la mayoría de los líderes electos y la
censura virtual que los medios han hecho de las
citaciones. En el contexto de cárceles secretas,
tortura, detención sin juicio y grabaciones sin permiso
judicial, la pesca del FBI debería preocupar a
cualquiera interesado en rescatar este país de un
creciente estado policial.
Constructing an enemy
Editorial from El Diario La Prensa, New York
January, 17, 2008
The subpoena of three Puerto Ricans to appear before
a federal grand jury is an alarm not just for Puerto
Rico’s independence movement. Subpoenas were issued to
a social worker, a graphics designer and a filmmaker
supposedly in connection with an FBI investigation of
the Macheteros. Oddly, FBI Director Robert Mueller was
unaware of the subpoenas, according to Congressmember
Jose Serrano. The FBI’s targeting of anyone advocating
for Puerto Rico’s independence is not new. The agency’s
past surveillance of the movement is detailed in 1.8
million pages, a fraction of which were released in
2000. Then FBI Director Louis Freeh acknowledged that
the agency had engaged in egregious illegal action,
possibly crimes, against Puerto Ricans. Even Puerto
Rico’s first elected governor Luis Muñoz Marín was
labeled a subversive. There’s another ominous backdrop.
Because of laws initiated by the Bush Administration and
passed by our Congress, the legal protections that would
give political dissidents a right to due process have
been eroded. The net is wide for casting someone with
“suspicious” political beliefs, without having been
charged, tried or convicted of a crime, as a threat.
Organizations like the Center for Constitutional Rights
have been challenging the police state mentality that’s
being allowed to become a normal—and legal—standard here.
Because the attacks on civil liberties and human rights
and the historical intimidation and repression of Puerto
Rican independence supporters are interrelated,
activists must make those links. That’s all the more
urgent considering the silence of most elected leaders
and the virtual media blackout on the subpoenas. In the
context of secret prisons, torture, detention without
trial, and warrantless wiretapping, the FBI’s fishing
should be a concern for anyone interested in rescuing
this country from a rising police state. |
