|
Río Piedras - El candidato a la gobernación por el Partido
Independentista Puertorriqueño, el economista, Dr. Edwin
Irizarry Mora, ofreció ayer una conferencia en la Facultad de
Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico. Ante una audiencia
compuesta de estudiantes, profesores y periodistas que
llenaron a capacidad el salón de conferencias, el líder
independentista habló sobre el desarrollo económico de
Puerto Rico y la ley de incentivos industriales.
 “Hay una gran incertidumbre hoy en Puerto Rico,
incluyendo al sector empresarial, por lo que ocurre en
la economía de la Isla y la internacional”, fue el
pensamiento introductorio.
Irizarry Mora hizo un recuento muy detallado sobre
los eventos claves que marcaron la ruta que siguió el
gobierno de Puerto Rico para atraer inversión
extranjera, casi exclusivamente de Estados Unidos. Aún
cuando se habían dado algunos pasos para levantar una
economía con capital puertorriqueño, en el 1947 se
aprobó la primera ley de incentivos industriales cuya
mira estaba puesta en las industrias norteamericanas y
no le dio igual trato al capital local.
Ya para 1950, según Irizarry, era evidente que el
propósito del nuevo esquema era promover la inversión
extranjera y la economía estaría orientada hacia fuera.
Admite que por un tiempo hubo efectos positivos, pero
hay problemas graves que se experimentan hoy que son
resultado directo de esa política. A
pesar de eso, el gobierno insiste en no cambiar nada.
“Todavía hay personas en la administración pública de
Puerto Rico que se aferran al concepto de incentivos
industriales que se establecieron hace 60 años” –la
exención contributiva. “En otras partes del mundo el
concepto ha ido evolucionando hacia otras formas de
incentivos”, sostuvo el conferenciante y profesor
universitario.
Mencionó los siete factores que se establecieron a
partir de 1947 para incentivar al capital foráneo para
invertir en la Isla. Estas son: mano de obra barata, lo
que significaba entonces un ahorro en nómina, pero hoy
no existe; exención contributiva total en Puerto Rico y
en Estados Unidos mediante secciones del código de
rentas internas de ese país que se establecieron con ese
propósito – 931, 936; financiamiento disponible a través
del Banco Gubernamental de Fomento para inversionistas
que no tenían capital suficiente, pero quería establecer
operaciones en la Isla – lo cual implicaba que el
gobierno tenía que asumir el riesgo; edificios construidos por
le gobierno para los inversionistas, además de la
construcción por cuenta exclusiva del gobierno de toda
la infraestructura necesaria para facilitar las
operaciones, aeropuertos, carreteras, comunicaciones,
muelles, etc, lo que aumentó dramáticamente la deuda
pública; acceso al mercado de Estados Unidos libre
del pago de contribuciones; uso del dólar como moneda; y
finalmente, se ofrecía a Puerto Rico como un lugar con
estabilidad política y social. En relación con este
último “incentivo”, el doctor Irizarry Mora recordó que
los independentistas sufrieron una gran persecución en
esa época y que ésta estuvo relacionada con lograr la
imagen de un lugar pacífico y atractivo para
inversionistas.
 El objetivo principal del gobierno era casi
exclusivamente crear empleos. La estructura de
incentivos estaba diseñada para que el capital viniera
de afuera; la materia prima también. El producto se
exportaría al exterior y no se vendería en el mercado
local. Todo la transacción económica impactaría otras
economías externas, excepto por la parte en que se le
añade valor a un producto con la mano de obra
puertorriqueña, que prácticamente sería el único
beneficio para la economía de la Isla. Sin embargo, a
partir de la década de 1970 se observó un descenso casi
continuo en la cantidad de empleos en el sector de la
manufactura. En 1997 había 157,000 empleos en ese sector
y en el 2006 se registraron tan solo 112,000 empleos.
Eso significa que ha habido una reducción de 44,000
empleos o casi una tercera parte en un periodo de 9
años.
“La hipótesis de que los costos absorbidos por el
gobierno se justificarían con la creación de empleos en
la manufactura no se cumplió”, aseguró el candidato a
gobernador pipiolo.
Mientras tanto, cifras ofrecidas por Irizarry Mora y
que fueron calculadas junto a otros profesionales en la
materia, demuestran que de 1975 a 2006 las industrias
extranjeras establecidas en Puerto Rico han extraído
ganancias de $475,000 millones. Si durante esos 30 años
se hubiese cobrado un impuesto razonable y competitivo,
hoy no hubiera una crisis económica y la deuda del
gobierno no sería tan alta, según indicó.
Irizarry Mora denunció la falta de voluntad del
gobierno de Puerto Rico en hacer los cambios necesarios
para resolver el problema. Recalcó que en enero de 2005
él formó parte de una comisión nombrada por el
gobernador para estudiar la reforma contributiva.
Durante los trabajos, se recibieron testimonios de
varios representantes de industrias extranjeras que
dijeron estar dispuestos a pagar más contribuciones en
Puerto Rico de lo que actualmente pagan. Sin embargo,
los representantes de la administración descartaron la
propuesta hecha por los mismos industriales alegando que
la política de incentivos del gobierno es la de exención contributiva.
 También mencionó que en marzo de 2006, mientras
testificaba ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Representantes, señaló que la ley vigente de incentivos
industriales vencería el 31 de diciembre de 2007 y había
que comenzar a trabajar en una nueva ley. La
senadora María de Lourdes Santiago había presentado
legislación para que se revisaran y actualizaran los
incentivos industriales. Había casi dos años para
trabajar en esa encomienda. Sin embargo, pese a la
promesa del presidente de la Comisión de Hacienda, no se
hizo nada. Más tarde se supo que el Secretario de
Desarrollo Económico de Puerto Rico se opuso al proyecto
que presentó la senadora pipiola porque alegadamente su
agencia estaba trabajando con el asunto. No era cierto,
como quedó demostrado recientemente cuando la
administración de Acevedo Vilá se empeñó en extender dos
años adicionales la ley de incentivos vigente.
Mientras los administradores gubernamentales se
aferran a la vieja fórmula de 1947 de mantener la
exención contributiva como el principal atractivo para
el capital foráneo, otros lugares del mundo han hecho
sus ajustes y nos han dejado atrás atrayendo industrias
y cobrando impuestos razonables que les permite ser
competitivos. Macedonia está anunciándose como lugar
para invertir y dice que cobrará un 10% de impuestos.
Irlanda cobra un 12.5% y Singapur está por una cifra
similar. En Puerto Rico no ha habido voluntad para hacer lo
que se puede hacer, aún dentro de las limitaciones que
la relación con Estados Unidos nos impone. |
