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Para el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP),
los más recientes acontecimientos ante el gran jurado
federal que investiga al gobernador Aníbal Acevedo Vilá
‘‘evidencian un patrón de irregularidades y de comisión
de delitos electorales’’.
Primera plana de El Nuevo Día de hoy |
Empresarios, un hotelero y hasta un plenero
desfilaron el miércoles ante el gran jurado para
declarar sobre los pagos en efectivo que recibieron por
las actividades de campaña de Acevedo Vilá en las que
participaron durante el año electoral 2004.
Juan Dalmau, comisionado electoral del PIP, opinó el
jueves que el Gobernador estaba consciente de ese patrón
irregular porque tenía en su equipo de finanzas a
Fulgencio Correa, a quien se le imputaron manejos
ilegales durante la campaña de Sila Calderón.
‘‘Acevedo Vilá estaba advertido que esta era una
persona cuyo comportamiento era uno de comisión de
delitos y de irregularidades’’, manifestó en entrevista
radial (WKAQ).
Recordó que en el 2000, el hijo de Maribel Rodríguez,
senadora que tuvo que renunciar por señalamientos de
malos manejos financieros, confesó que Correa, que en
ese momento era administrador de La Fortaleza, le había
entregado 10,000 dólares en efectivo para que los
depositara en una cuenta de campaña para su madre y para
beneficio de la campaña de Calderón.
Dalmau indicó que a raíz de las declaraciones del ex
presidente de Triple-S Miguel Vázquez Deynes de que hizo
donativo ilegales a políticos populares y
novoprogresistas, solicitó una investigación al
presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Ramón
Gómez.
Detalló que pidió a Gómez que se comience ‘‘una
investigación no sólo en la CEE por vía de la oficina de
asesoría legal, sino que hiciera un requerimiento formal
al Departamento de Justicia y que pusiera al auditor
electoral en disposición de colaborar en cualquier
investigación’’.
Advirtió, no obstante, que la CEE ‘‘está maniatada’’
en los casos de dinero que surgió de aportaciones en
efectivo porque no hay constancia de esos fondos en la
oficina del auditor electoral.
Un gran jurado investiga donativos presuntamente
ilegales recibidos por la pasada campaña del gobernador
Aníbal Acevedo Vilá a cambio de contratos con el
gobierno.
Investigación era secreto entre gobernador y
federales
Jesús Dávila/El Diario La Prensa, Nueva York 18
octubre, 2007
SAN JUAN/corresponsal EDLP – En momentos en que se
aprieta el cerco del Departamento de Justicia de Estados
Unidos en torno al Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, se
reveló que el propio mandatario era el único líder
electo del oficialista Partido Popular Democrático que
sabía sobre la pesquisa hasta que el asunto trascendió a
la prensa mucho después.
Pero además, resulta que la primera incursión de
agentes federales a la sede del PPD de que hasta ahora
se conoce –ocurrida el 23 de febrero de 2006- tuvo lugar
justo cuando estaba presente en Puerto Rico el segundo
al mando del FBI en EEUU, John Pistole, quien ese mismo
día dejó plantado al Gobernador Acevedo Vilá que le
aguardaba en el Palacio de Santa Catalina, sede de la
gobernación.
El secreto sobre todo el asunto se dispuso en
momentos en que el PPD se abstuvo de apoyar el reclamo
de los independentistas de todas las tendencias contra
la presencia del FBI en Puerto Rico y del opositor
Partido Nuevo Progresista, que denunciaba era víctima de
la fiscalía de distrito federal de EE.UU mediante
filtraciones a la prensa, de persecución política y
procesamiento selectivo. En aquel marco, se alegaba que
los federales perseguían a los anexionistas mientras no
investigaban a la anterior gobernadora autonomista Sila
María Calderón.
Ahora, a la altura de 2007, el PPD levanta argumentos
muy similares para sus propias denuncias.
Los nuevos detalles sobre lo acontecido en febrero de
2006 salieron a la luz pública ayer por las
declaraciones del comisionado electoral del PPD y
anterior secretario general de la formación partidaria,
Gerardo Cruz, quien habló extensamente en una rueda de
prensa al otro día de que agentes del FBI lo
interrogaran en su casa por espacio de tres horas. Cruz
deberá comparecer hoy ante el gran jurado federal y
asegura no tener duda de que "esto es una expedición de
pesca".
También el martes en la noche, los agentes del FBI
visitaron en su casa al sucesor de Cruz como jefe
administrativo del PPD, el ex secretario de la
gobernación Aníbal José Torres, en la continuación de
una nueva ronda intensa de actividad en la pesquisa, que
ha incluido el interrogatorio de múltiples testigos
–casi todos los días- por parte del gran jurado.
De acuerdo al informe provisto por Cruz, los agentes
del FBI que visitaron el PPD aquel 23 de febrero
llevaron un subpoena en el que requirieron
específicamente los documentos de campañas y otros
asuntos de Acevedo Vilá relativos al cargo de
Comisionado Residente en Washington. Aquel requerimiento
era claro además en que se trataba de una extensión de
la pesquisa iniciada en Filadelfia contra una pandilla
de presuntos inversionistas políticos vinculados al
empresario Robert Feldman por el escándalo "paga por
jugar".
Cruz dijo que esa fue la primera noticia que tuvo de
que había una pesquisa que de alguna manera tenía que
ver con el PPD y que se abstuvo de informarle al Consejo
General de la organización, que casualmente sesionó ese
mismo día en la sede partidaria con la asistencia de 300
delegados. En cambio, Cruz relató que notificó al
Gobernador Acevedo Vilá y al abogado del partido Pedro
Ortiz Alvarez.
Las declaraciones de Cruz confirman la información
provista por el senador Juan Eugenio Hernández Mayoral,
miembro de la junta de gobierno del PPD, quien aseguró
que el organismo tampoco recibió notificación alguna de
lo que ocurría hasta que se filtró a la prensa en junio
de ese año 2006. Versiones similares han dado Torres y
el director de la Administración de Asuntos Federales de
Puerto Rico en Washington, Eduardo Bhatia.
PIP sees pattern of PDP
electoral crimes
AP/PRWOW.com
SAN JUAN (AP) – For the Puerto Rico Independence
Party (PIP), the most recent events surfacing before the
federal grand jury investigating Gov. Aníbal Acevedo
Vilá “show a pattern of irregularities and electoral
crimes.”
Entrepreneurs, a hotelier and even a musician
appeared Wednesday before the grand jury to testify over
cash payments they received for participating in Acevedo
Vilá’s campaign activities during the 2004 electoral
year.
PIP Electoral Commissioner Juan Dalmau expressed his
opinion Thursday that the governor was aware of this
pattern of irregularities because he had Fulgencio
Correa on his financial team. Correa was accused of
mismanagement during the Sila Calderón campaign.
“Acevedo Vilá was warned this was a person whose
behavior was one of committing crimes and irregularities,”
Dalmau said during a radio interview.
In 2000, he remembered, the son of Maribel Rodríguez,
a senator who had to resign over suggestions of poor
financial management, admitted that Correa, who at the
time was the administrator of La Fortaleza, handed him
$10,000 in cash to deposit in a campaign account for his
mother and to benefit the Calderón campaign.
Based on statements by former Triple S President
Miguel Vázquez Deynes that he made illegal donations to
Popular Democratic and New Progressive Party politicians,
Dalmau has asked State Elections Commission (SEC)
President Ramón Gómez to conduct an investigation.
He has asked Gómez to begin “an investigation not
only at the SEC through its office of legal assessment,
but also to make a formal request to the Justice
Department and to allow the electoral auditor to be
available to collaborate in any investigation.”
However, he warned the SEC “is shackled” in the cases
of money arising from cash donations because there is no
proof of these funds in the office of the electoral
auditor.
A grand jury is investigating alleged illegal
donations received during Acevedo Vilá’s last campaign
in exchange for government contracts. |
