Victoria del PIP en caso de las carpetas

Comunicado de prensa
San Juan, Puerto Rico - 22 de octubre de 2009

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda del Partido Independentista Puertorriqueño reclamándole al Estado el resarcimiento de los daños causados por décadas de persecución a través de la práctica conocida como “carpeteo”. El Juez José Loubriel ordenó una compensación de ciento cincuenta mil dólares, indicando que “si bien la naturaleza y magnitud de los daños del perjuicio sufridos por el demandante hace impracticable la cuantificación precisa del perjuicio causado por las actuaciones inconstitucionales del Estado, este Tribunal no tiene duda de que tales daños superarían por mucho, el máximo permitido por la Ley de Pleitos contra el Estado”.

El presidente ejecutivo del PIP, Lcdo. Fernando Martín, señaló que aunque “la cuantía concedida es una compensación estrictamente simbólica a todas luces insuficiente para reparar los daños causados por cuarenta años de criminalización, estigmatización y discrimen, no deja de ser una reivindicación, no sólo para el PIP y la lucha por la independencia, sino para todo el pueblo de Puerto Rico, y sienta el importante precedente de que el Estado no puede, impunemente, violentar los derechos políticos más elementales cuando el perjudicado es una institución política”. En la vista en su fondo celebrada el 10 de septiembre, el demandado gobierno de Puerto Rico había solicitado la desestimación de la demanda alegando que sólo los individuos pueden sufrir daños, y que el carpeteo, por lo tanto, no representaba un daño resarcible al Partido Independentista.

En la Sentencia, emitida el 20 de octubre de 2009, fecha en la que se conmemoró el 63ro aniversario de la fundación del Partido Independentista, se declara que “este tribunal ha examinado los expedientes confeccionados por el Estado a través de cuatro décadas; desde recortes de periódico y discursos del fundador del Partido Independentista, Dr. Gilberto Concepción de Gracia hasta informes, producto de infiltrados pagados por el gobierno, de reuniones de las células juveniles del PIP. Muchas de las personas cuyas acciones se reseñan en las carpetas del PIP, tienen su propio expediente. Tal fue el caso, por ejemplo, del declarante en la vista en su fondo, Lcdo. Fernando Martín, y de otros líderes de esa institución. La mera existencia de expedientes—diligentemente alimentados por cuarenta años de informes y memorandos-- dedicados no a los individuos que la componen, sino al partido político que los agrupa, señala el evidente propósito del estado de hacer blanco en el PIP como entidad política y electoral. …aceptar la solicitud (de desestimación) de la parte demandada… sería promulgar que el derecho de asociación protege a los individuos sólo mientras no se asocien… Someter a una institución política a un régimen de persecución, estructurado y mantenido por el Estado,--régimen del cual, no solo han estado exentos los demás partidos políticos, sino con el que han colaborado una vez advienen al poder--constituye la forma más clara que se pueda concebir de desigualdad creada, es decir, no dependiente de situaciones internas de dicho partido, sino impuesta por las condiciones diseñadas por el Estado”.

Por su parte la vicepresidenta el PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, indicó que con la victoria judicial del Partido, se reitera la condena al discrimen político y se reconoce las condiciones de clara desventaja en las que el partido de la independencia ha tenido que luchar. “Las generaciones más jóvenes no vivieron la persecución abierta de décadas atrás, aunque viven aún el discrimen que bajo otras formas, todavía persiste. El que en este momento, en el que además celebramos el centenario de nuestro fundador, don Gilberto Concepción de Gracia, se finalice el pleito de las carpetas, nos da una oportunidad de hablarle a nuestra juventud de la historia de nuestro partido y de lo que significa batallar con todo en contra y mantener, como don Gilberto, el entusiasmo vivo y la fe inquebrantable”.