PIP emplaza a Justicia y a la Legislatura a investigar el inversionismo político

Conferencia de prensa
San Juan, Puerto Rico - 26 de marzo de 2010

Ante las escandalosas revelaciones de extorsión y soborno hechas por la ex vicepresidenta de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), Betsy Barbosa, y los donativos hechos al entonces Senador, Jorge de Castro Font, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exigió hoy al Secretario de Justicia y a la Asamblea Legislativa asumir su responsabilidad ministerial de efectuar una investigación abarcadora sobre esquemas de inversionismo político utilizados por personas, corporaciones y candidatos para violentar límites de donativos para gastos en campañas políticas y le advirtió al Gobernador Fortuño sobre la necesidad de aprobar una Reforma Electoral que acabe con esta práctica corrupta.

Fernando Martín: "...empresarios ... contribuyeron ilegalmente grandes sumas de dinero al ex senador Jorge de Castro Font para influenciar el proceso legislativo..."

“Las más recientes revelaciones sobre la conducta de empresarios – incluyendo la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico – que contribuyeron ilegalmente grandes sumas de dinero al ex senador Jorge de Castro Font para influenciar el proceso legislativo en protección de intereses económicos privados reconfirman las denuncias históricas del Partido Independentista Puertorriqueño con respecto al poder de los inversionistas políticos en los partidos que se han turnado el poder en Puerto Rico. Dichas revelaciones se suman a la interminable lista de personas y entidades corporativas que surgieron a la luz pública durante el proceso judicial contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y que declararon cómo hicieron donativos ilegales a sus campañas”, señaló el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño, el Lic. Fernando Martín.

Para Martín llama la atención la escandalosa impunidad que ha protegido a estos corruptos inversionistas de cualquier proceso judicial posterior. Añadió que tal impunidad no puede continuar y es responsabilidad primaria e ineludible del Departamento de Justicia y del Gobernador asegurarse que no se salgan con la suya los que han comprado o pretendido comprar el poder público a “billetazos”.

“Son muchas los ángulos y elementos a investigar en todo este esquema. Hay que examinar los beneficios obtenidos por la participación en estas transacciones o esquemas; los elementos de ilegalidad e inequidad introducidos a la contienda electoral por el inversionismo político y la forma en que fue afectado el interés público, las ejecutorias gubernamentales y legislativas, la competencia equitativa entre candidatos, partidos políticos, personas privadas y corporaciones en la gestión pública del gobierno y en la sociedad”, puntualizó Martín.

El líder pipiolo aseguró que la admisión de este tipo de acciones por parte de la ex vice presidenta de ACODESE son repetida ocurrencia en la historia de este país y recordó el caso de Miguel Deynes Soto que expresó públicamente haber efectuado, siendo presidente de la Triple SSS, donativos en exceso a los límites fijados por Ley Electoral. tanto a la ex gobernadora Sila María Calderón como ex presidente del Senado, Kenneth McClintock, al ex senador Jorge de Castro Font y al ex gobernador Pedro Roselló.

“En aquel momento, en el que Deynes Soto hace esta admisión, la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño radicó una resolución investigativa y exigió que se citaran a deponer a las personas beneficiadas por sus donativos, y que se extendiera el ámbito de la investigación, sobre el tema ancho del inversionismo político, desde la campaña de 1996 en adelante. Se aprobó la resolución, pero no se movió ni un dedo”, recordó el también ex senador.

Juan Dalmau: "Si el Gobernador está en serio comprometido con eliminar la lacra de la corrupción en el financiamiento de las campañas aquí tiene la oportunidad de mostrarlo."

Por su parte, el Lic. Juan Dalmau Ramírez, secretario general y comisionado electoral de la Colectividad expresó que más aún, estas revelaciones deben ser motivo más que suficiente para que la nueva ley electoral que La Fortaleza se propone radicar ante la Legislatura sea reconsiderada para asegurar que incluya las salvaguardas necesarias para evitar las prácticas corruptas del pasado.

“Una medida crítica y decisiva es la de imponer un límite estricto y austero al máximo de dinero que puede gastarse en las campañas publicitarias. El Partido Independentista Puertorriqueño ha propuesto que este límite sea de dos millones de dólares por partido político y que este gasto sólo pueda hacerse en los últimos dos meses de campaña”, explicó Dalmau.

El Partido Independentista Puertorriqueño ha propuesto además, que cada partido levante esos fondos privadamente y que no se perpetúe el disparate de ofrecer un pareo de fondos públicos.

“La adopción de estas propuestas, que incluyen también la eliminación del Fondo Voluntario y del Fondo de Transportación no sólo le ahorrará al tesoro público hasta $30 millones en el año electoral sino que cerrará las puertas al inversionismo político. Si el Gobernador está en serio comprometido con eliminar la lacra de la corrupción en el financiamiento de las campañas aquí tiene la oportunidad de mostrarlo. Debe comprometerse a la investigación y procesamiento de los que han sido cómplices y promotores de las prácticas corruptas de inversionismo político y debe asegurarse que la nueva ley lectoral, al reducir dramáticamente los límites de gastos de campaña, le ponga fin a la bochornosa corrupción que hoy está a la vista de todos”, concluyó Dalmau.